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Policía nicaragüense allana la radioemisora independiente Radio Darío

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Personal de Radio Darío en su sede temporal. Los incendiarios incendiaron la sede de la radioemisora en abril. (Shannon O'Reilly)

Puerto España, Trinidad y Tobago, 6 de diciembre de 2018--Las autoridades nicaragüenses deben cesar el acoso a los medios de prensa independientes y deben permitirles informar sin impedimentos, declaró hoy el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés).

El 3 de diciembre, agentes de la policía antimotines ocuparon Radio Darío, radioemisora independiente de la occidental ciudad de León que ha sido crítica del cada vez más autoritario Gobierno del presidente Daniel Ortega, detuvieron a cuatro de sus periodistas, y por corto tiempo sacaron del aire a la radioemisora, según informaciones de prensa.

"Cada día que pasa Nicaragua se vuelve más peligrosa para el ejercicio del periodismo independiente, con allanamientos de las redacciones, detenciones, interrogatorios invasivos y la confiscación de equipos", declaró Natalie Southwick, coordinadora del Programa de Centroamérica y Sudamérica del CPJ, desde Nueva York. "Las autoridades nicaragüenses deben permitir que Radio Darío realice sus transmisiones con garantías de seguridad y sin impedimentos".

Aníbal Toruño, propietario de Radio Darío, declaró al CPJ que el jefe policial de León, Fidel Domínguez, había dirigido el operativo de allanamiento. Aunque Domínguez carecía de orden judicial, declaró Toruño, sus agentes amenazaron con derribar la puerta si la radioemisora no los dejaba entrar.

Agentes policiales esposaron a cuatro periodistas, los interrogaron durante horas y confiscaron 10 móviles y dos computadoras. Toruño, quien ha vivido gran parte de los últimos seis meses fuera del país por los peligros que enfrenta en Nicaragua, agregó que Domínguez lo había acusado de ser terrorista y de planear un golpe de Estado contra el Gobierno de Ortega, y había amenazado con encarcelar a los periodistas y a sus familiares si continuaban trabajando para Radio Darío.

"Cada día empeoran las condiciones para los medios independientes en Nicaragua", declaró Toruño al CPJ en entrevista telefónica desde Estados Unidos.

De acuerdo con Toruño, los agentes policiales ocuparon la radioemisora por unas tres horas esa noche y la obligaron a salir del aire. Toruño expresó que las transmisiones se reanudaron al día siguiente, pero que Radio Darío todavía no había reiniciado su programación completa de noticieros.

El departamento de Relaciones Públicas de la Policía Nacional de Nicaragua no respondió a un correo electrónico del CPJ por el cual se le solicitaba una declaración. El personal que atendió las múltiples llamadas telefónicas realizadas a la estación de policía de León declaró al CPJ que Domínguez era la única persona autorizada para declarar sobre el incidente y que él no estaba disponible al momento de las llamadas.

El allanamiento de esta semana es el segundo incidente notable este año que involucra a Radio Darío, que es uno de los pocos medios de prensa que ha ofrecido informaciones independientes y a menudo críticas sobre el Gobierno de Ortega durante los ochos meses de su violenta represión contra manifestantes a favor de la democracia.

El 20 de abril, turbas de partidarios gubernamentales incendiaron a Radio Darío, y le ocasionaron serios daños a la radioemisora. El personal del estudio logró escapar, pero un vigilante fue hospitalizado con quemaduras y dos de los autores del incendio murieron en las llamas, según informaciones de prensa. El ataque obligó a Radio Darío a trasladarse a otro local de León.

Numerosos medios de prensa y periodistas independientes han sido blanco de la represión. Un periodista murió a causa de disparos en abril mientras realizaba una transmisión por Facebook Live. Durante una visita del CPJ a Nicaragua en junio, varios periodistas declararon que habían sido blanco de los disparos de francotiradores, que habían sido golpeados o que la policía y los paramilitares partidarios de Ortega les habían robado el equipo de trabajo. Además, las autoridades han deportado a varios corresponsales extranjeros, según informaciones de prensa.

Desde abril, más de 300 manifestantes han muerto. Las organizaciones de derechos humanos atribuyen la mayoría de las muertes a la policía y los paramilitares partidarios de Ortega.

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