Por John Otis, corresponsal del CPJ para la región andina
En la sede temporal de Radio Darío en la ciudad nicaragüense de León, los periodistas han preparado dos salidas de emergencia: una trampilla que se abre y da al comedor de la casa vecina y una escalera que lleva a la azotea.
Los trabajadores de Radio Darío, comprensiblemente, están atemorizados. Una decena de ellos quedó atrapada dentro de la sede original de la radioemisora el 20 de abril, cuando una turba progubernamental la incendió. Los trabajadores escaparon, pero las instalaciones quedaron destruidas, un guardia de seguridad recibió quemaduras y fue hospitalizado, y dos de los autores del incendio murieron en las llamas, según informaciones de prensa.
“Trataron de quemarnos vivos”, expresó Henry Blanco, reportero de Radio Darío, en declaraciones ofrecidas durante una visita que el CPJ efectuó el mes pasado a la ordinaria vivienda de León que ahora es sede de la radioemisora. “Pero nos estamos adaptando”.
El ataque se insertó en una ola de violencia contra los medios independientes nicaragüenses, que siguen cubriendo un alzamiento contra el presidente Daniel Ortega que ya lleva tres meses de duración. Un periodista murió a causa de disparos mientras informaba en vivo por Facebook. Muchos otros periodistas declararon al CPJ que habían sido blanco de golpizas y de disparos procedentes de francotiradores, o que agentes de la Policía y grupos parapoliciales partidarios de Ortega les habían robado el equipo de trabajo.
La violenta represión gubernamental de las protestas, que según organizaciones de los derechos humanos han dejado un saldo de más de 300 víctimas mortales, cogieron desprevenidos a la mayoría de los nicaragüenses, inclusive a los periodistas. Ahora, los reporteros y editores están improvisando para protegerse.
“Todo sucedió tan rápido que no teníamos ningún protocolo sobre cómo cubrir el alzamiento”, afirmó Octavio Enríquez, editor del diario independiente La Prensa, con sede en Managua.
Planchas de metal corrugadas ahora tapan las puertas y ventanas del edificio que aloja a La Prensa, para protegerlo de las turbas progubernamentales y de los saqueos. Los empleados administrativos salen del trabajo a las 4 p.m., antes de un toque de queda de facto derivado del auge de la delincuencia en la capital. En vez de arriesgarse a regresar a casa en la oscuridad, los reporteros del turno nocturno a veces duermen en colchones en la redacción.
Cuando los reporteros salen a la calle, con frecuencia son objeto de la ira de agentes policiales y sujetos enmascarados que, según los reporteros, han atacado a los comunicadores críticos del Gobierno de Ortega.
“Tenemos que ser muy cuidadosos porque nos están atacando”, declaró Ivette Munguía, una reportera de La Prensa que afirma que agentes policiales la inmovilizaron en el suelo, la patearon y le robaron el teléfono durante una manifestación de abril pasado.
En el canal noticioso privado que transmite las 24 horas 100 % Noticias, la directora de noticias Lucía Pineda sostuvo que agentes policiales robaron dos cámaras pertenecientes al canal. Para reducir los riesgos, sus reporteros ahora cubren las protestas en equipos o viajan a las zonas de peligro junto a organizaciones humanitarias. En otros casos, el canal utiliza videos de las protestas y los ataques policiales que los propios ciudadanos han tomado con sus teléfonos celulares.
“A veces no mandamos a nuestros reporteros a la calle, sino que dependemos de la colaboración de la gente”, precisó Pineda.
Wilfredo Miranda, reportero del sitio noticioso independiente Confidencial, declaró al CPJ que, luego de haber recibido amenazas en una protesta, se dio cuenta de que sujetos enmascarados estaban frecuentando su vecindario. Temiendo que lo atacaran, Miranda se mudó y alquiló un apartamento más cercano a la redacción.
Los corresponsales extranjeros también han sido objeto de acoso. Tim Rogers, editor sénior para Latinoamérica del sitio noticioso Fusion, declaró que en abril sitios de medios sociales progubernamentales publicaron fotos suyas que sostenían que era agente de la CIA. La embajada de Estados Unidos se comunicó con Rogers para advertirle que podría estar en peligro. Según Rogers, él concluyó su visita periodística tres días antes de lo planificado y regresó a Estados Unidos.
“Probablemente no regrese a Nicaragua hasta que no haya cambio de Gobierno”, declaró.
El mes pasado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció los ataques gubernamentales contra los periodistas y declaró en un comunicado: “El Estado debe investigar estos hechos y proteger a aquellos medios y periodistas que se encuentren en un riesgo actual e inminente de sufrir nuevas agresiones”.
Las llamadas que el CPJ realizó a la Policía y a la oficina de la vicepresidenta, Rosario Murillo, quien es la esposa de Ortega y está encargada de las consultas de la prensa, no recibieron respuesta. En entrevista publicada el 4 de julio en The Guardian, Paul Oquist, quien ejerce de ministro de Políticas Nacionales de Ortega, culpó a las “noticias falsas” por parte de la crisis.
“Está claro que hay manifestantes pacíficos, pero hay un movimiento golpista que intenta desestabilizar el país utilizando grupos de saqueo organizados, noticias falsas y asesinatos muy depravados”, declaró.
Los periodistas sostienen que la Policía no ha atacado a los medios noticiosos progubernamentales, los que dominan el panorama mediático de Nicaragua. En ocasiones, estos medios han sido blanco de acoso por parte de los manifestantes. El 28 de mayo, en Managua, una turba armada incendió la entrada de Tu Nueva Radio Ya, una radioemisora progubernamental, y causó daños menores.
El incendio en Radio Darío fue más amplio. Los atacantes echaron gasolina al edificio y lo incendiaron, y provocaron daños equivalentes a casi medio millón de dólares, declaró Aníbal Toruño, propietario de la radioemisora.
En respuesta, la CIDH urgió al Gobierno de Ortega a otorgar medidas cautelares para proteger la integridad física de 64 nicaragüenses, entre ellos el personal de Radio Darío.
“Es mayormente simbólico, pero podría ayudar”, expresó Toruño.
Radio Darío, fundada en León en 1949, toma su nombre de Rubén Darío, el poeta nicaragüense más conocido y quien se desempeñó como periodista a finales del siglo XIX. La radioemisora independiente ha irritado a numerosos Gobiernos y sus instalaciones han sido atacadas o vandalizadas en siete ocasiones, explicó Leo Cárcamo, quien dirige uno de los principales noticieros de la radioemisora.
Desde el incendio, agregó Cárcamo, nerviosos propietarios han estado reacios a alquilarle espacio a Radio Darío, por lo cual se ha tenido que trasladar de sede dos veces y ahora tiene sus operaciones en un cuarto hacinado de la casa de un simpatizante. Los muebles de oficina consisten en un escritorio, un par de sillas y un colchón en el piso donde los periodistas toman café y redactan noticias.
En caso de sufrir otro ataque, los periodistas de Radio Darío ya han practicado subir a la azotea y apretujarse para pasar por la trampilla que da a la casa vecina.