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Corte Interamericana de Derechos Humanos le ordena al Estado colombiano investigar asesinato de periodista

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Un hombre lee un periódico en Bogotá en mayo. Una corte internacional le ordenó al Estado colombiano buscar justicia adecuada por un radialista asesinado en 1998. (Reuters/Jaime Saldarriaga)

Bogotá, Colombia, 8 de junio de 2018--El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) hoy saludó la histórica sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual le ordenó al Estado colombiano cumplir con su responsabilidad de investigar el asesinato del periodista radial Nelson Carvajal Carvajal, hecho ocurrido en 1998.

En un comunicado divulgado el 6 de junio, el tribunal condenó al Estado colombiano por no investigar adecuadamente y procurar la justicia en el caso de Carvajal, periodista de Radio Sur. El tribunal declaró al Estado responsable de tratar negligentemente a la familia Carvajal, y sostuvo que el Estado no había investigado las amenazas de muerte realizadas contra nueve familiares del periodista, quienes se vieron obligados a abandonar el país. La sentencia también declaró al Estado responsable por la "dilación extraordinaria" en la procuración de justicia.

El tribunal, un órgano principal de la Organización de los Estados Americanos, les ordenó a las autoridades colombianas continuar las investigaciones de la muerte de Carvajal y organizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional. Asimismo, le ordenó al Estado garantizar las condiciones de seguridad adecuadas para el regreso de los familiares de Carvajal que viven en el extranjero, y pagarles las cantidades fijadas en la sentencia por concepto de daño material e inmaterial, así como brindarles tratamiento psicológico o psiquiátrico.

La sentencia, dictada el 13 de marzo, constituye la primera vez que el tribunal ha condenado a un Estado por un asesinato relacionado con la labor periodística de la víctima, según la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), con sede en Bogotá.

"La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es un importante avance hacia la impartición de justicia, ya muy retrasada, para Nelson Carvajal Carvajal. Colombia debe cumplir con las exigencias del tribunal", declaró Carlos Martínez de la Serna, director de programa del CPJ, desde Nueva York. "Al responsabilizar directamente a Colombia por no haber desarrollado las investigaciones del asesinato y por no haber protegido a los familiares del periodista, el tribunal está señalando que no se tolerará más la impunidad".

Las llamadas efectuadas por el CPJ a la Fiscalía General de la República de Colombia, donde una unidad especializada en derechos humanos se encarga de la investigación del caso de Carvajal, no fueron devueltas.

Carvajal, de 37 años, era maestro a tiempo parcial y presentador de varios noticieros de Radio Sur, en Pitalito, un municipio del departamento del Huila, en el suroeste de Colombia. El periodista recibió varios disparos y murió el 16 de abril de 1998.

Carvajal informaba con frecuencia sobre escándalos de corrupción del Gobierno local y sobre denuncias de lavado de dinero por parte de narcotraficantes. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, otro órgano principal que actúa en conjunto con la Corte Interamericana, determinó en 2015 que Carvajal fue asesinado en represalia por su labor periodística, un hallazgo que la Corte Interamericana ratificó en su sentencia.

Organizaciones defensoras de la libertad de prensa han declarado que la investigación de las autoridades colombianas estuvo viciada por irregularidades. Las numerosas dilaciones se debieron en parte a que el proceso pasó por cuatro fiscales titulares, uno de los cuales recibió amenazas de muerte, según la Sociedad Interamericana de Prensa, que ha llevado una investigación del caso desde 2002. Además, un testigo clave del proceso fue asesinado en 2007, según la FLIP. En juicio celebrado en 2001, tres sujetos acusados del asesinato --un empresario, un exconcejal de Pitalito y otro individuo--, fueron absueltos.

En 2015, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó el caso ante la Corte Interamericana, que tiene sede en San José, Costa Rica, después de determinar que el Estado colombiano era responsable por la falta de una investigación "seria, diligente y oportuna".

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