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Magistrado de la Corte Suprema de Justicia de Colombia ordena a revista revelar fuentes periodísticas

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Un vendedor de periódicos exhibió sus papeles en el centro de Bogotá, el 23 de junio de 2016. Un tribunal en Colombia obligó a una revista con sede en la ciudad a revelar sus fuentes. (AFP / Guillermo Legaria)

Bogotá, Colombia, 18 de enero de 2018--El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) manifiesta su alarma por la sentencia de un magistrado de la Corte Suprema de Justicia de Colombia que obliga a una revista de temas financieros a revelar sus fuentes, e insta al tribunal a revocar la sentencia en la apelación.

En una sentencia fechada el 7 de diciembre que se dio a conocer públicamente el 12 de enero, un magistrado de la Corte Suprema de Justicia ratificó la decisión de un tribunal de instancia inferior, por la cual los correos electrónicos entre las fuentes y los periodistas de la revista Dinero debían exhibirse como pruebas en una demanda por difamación contra la publicación, según informaciones de prensa.

Publicaciones Semana, el grupo editorial con sede en Bogotá que publica Dinero, declaró que impugnaría la sentencia, según despachos noticiosos.

Un vocero de la Corte Suprema de Justicia que solicitó el anonimato por motivos de privacidad declaró al CPJ que el proceso de apelación debe demorar entre dos y tres semanas.

"Los periodistas en ocasiones necesitan proteger a sus fuentes para obtener acceso a información que de otra manera nunca podría conocerse", declaró Robert Mahoney, subdirector ejecutivo del CPJ, desde Nueva York. "La sentencia del magistrado de la Corte Suprema de Justicia es alarmante. Esperamos que la sentencia sea revocada en la apelación".

El vocero de la Corte Suprema de Justicia declaró al CPJ que ellos prefieren que la sentencia del tribunal hable por sí misma y declinó ofrecer algún otro comentario al respecto.

Defensores de la libertad de prensa de Colombia censuraron la decisión. En un comunicado, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), con sede en Bogotá, la declaró violatoria del derecho de los periodistas a proteger sus fuentes, un principio reconocido internacionalmente y que está garantizado por la Constitución colombiana.

La Asociación Colombiana de Medios de Información, una organización del sector, declaró que la decisión de la Corte Suprema de Justicia crearía un "antecedente nefasto e imperdonable".

El proceso judicial se deriva de un artículo publicado en noviembre de 2013, en el cual Dinero citó a fuentes anónimas que declararon que una exviceministra de Aguas del Ministerio del Ambiente, Leyla Rojas, había estado implicada en un "comportamiento cuestionable" al contratar servicios y obtener favores para su nuevo empleador, la empresa carbonera CCX Colombia.

Dinero también publicó una extensa réplica de Rojas.

Tras la publicación de tanto el artículo como la réplica, Rojas fue despedida de su cargo en CCX Colombia, empresa propiedad del magnate brasileño Eike Batista, quien fue encarcelado en enero en un proceso distinto por el delito de soborno, según el New York Times.

Luego de su despido, Rojas presentó una demanda por difamación contra Publicaciones Semana, con el argumento de que la revista había perjudicado su reputación y había motivado a CCX a despedirla, según informaciones de prensa. En la demanda, Rojas solicitó que Dinero revelara las fuentes anónimas citadas en el artículo de la revista y que la acusaban de corrupción, según documentos del proceso.

CCX no se ha pronunciado sobre el caso.

En octubre de 2016, un juez desestimó la demanda de Rojas, pero el Tribunal Superior de Bogotá revocó la decisión seis meses después, según documentos judiciales.

Publicaciones Semana entonces interpuso un recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia, con el argumento de que, si el fallo del tribunal de instancia inferior seguía firme, las fuentes confidenciales estarían demasiado temerosas como para acercarse y ofrecerles a los periodistas información de carácter sensible que pudiera ser de interés público.

En una ponencia de 14 páginas, Luis Armando Tolosa, magistrado de la Corte Suprema de Justicia, declaró que las garantías constitucionales para los periodistas "no son absolutas". El magistrado Tolosa escribió que los documentos y la correspondencia en los cuales Dinero fundamentó su artículo eran "imperativos" para determinar la exactitud del artículo.

En lo que denominó una intervención "en defensa de la libertad de prensa", el procurador general de Colombia, que fiscaliza los actos de las instituciones gubernamentales, anunció esta semana que respaldaría a Publicaciones Semana en su impugnación del fallo.

Pedro Vaca, director ejecutivo de la FLIP, declaró al CPJ que la propia Corte Suprema de Justicia se ha beneficiado en el pasado de la relación entre los periodistas y las fuentes anónimas. En 2010, Semana, la revista noticiosa de mayor circulación de Colombia y también perteneciente a Publicaciones Semana, publicó una investigación que reveló cómo el extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) --el equivalente colombiano del FBI-- había estado espiando a magistrados de la Corte Suprema.

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