Un hombre agita la bandera de Guatemala en la Ciudad de Guatemala, Guatemala, el 14 de septiembre de 2017.  (Reuters/Luis Echeverria)
Un hombre agita la bandera de Guatemala en la Ciudad de Guatemala, Guatemala, el 14 de septiembre de 2017. (Reuters/Luis Echeverria)

Autoridades guatemaltecas arrestan a legislador acusado de planear el asesinato de dos periodistas

Nueva York, 16 de enero de 2018–El arresto de un legislador acusado de planificar el asesinato de dos periodistas en 2015 es un importante paso en el combate a la impunidad en Guatemala, declaró hoy el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés). Las autoridades guatemaltecas arrestaron al diputado Julio Juárez Ramírez, presunto autor intelectual del ataque en el que murieron Danilo López y Federico Salazar, cerca de su hogar en la mañana del 13 de enero, y lo procesaron por el delito de asesinato, según informaciones de prensa.

“Con demasiada frecuencia los casos de periodistas asesinados en el triángulo norte de Centroamérica terminan con la condena de algún sicario de bajo rango, o en la absoluta impunidad”, declaró Robert Mahoney, subdirector ejecutivo del CPJ. “El arresto del presunto autor intelectual es un paso significativo hacia la impartición de justicia para Danilo López y Federico Salazar. Esperamos que las autoridades guatemaltecas persigan a todos los responsables, para así romper el ciclo de impunidad con este caso”.

López, periodista del diario Prensa Libre, con sede en Ciudad de Guatemala, y Salazar, periodista de la emisora Radio Nuevo Mundo, también de Ciudad de Guatemala, fueron asesinados a tiros por dos pistoleros no identificados mientras los periodistas caminaban por un parque de Mazatenango, capital del suroccidental departamento de Suchitepéquez, en marzo de 2015, conforme el CPJ lo documentó en su momento.

De acuerdo con investigadores de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Juárez ordenó el ataque contra López porque el periodista trabajaba en un artículo sobre la corrupción en el Gobierno de la municipalidad de Santo Tomás La Unión, donde Juárez se desempeñaba como alcalde en esa época. En diciembre de 2017, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a Juárez en virtud de la Ley Global Magnitsky de Rendición de Cuentas por Violaciones de los Derechos Humanos, por su presunta participación en los asesinatos.