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Decisión del Departamento del Tesoro de Estados Unidos pone en riesgo el futuro de dos periódicos panameños

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Un cronograma en la pared de la oficina de La Estrella de Panamá destaca algunas fechas importantes en la historia del diario. (CPJ/Natalie Southwick)

Por Natalie Southwick, investigadora del programa de las Américas del CPJ

La Estrella de Panamá ha mantenido informados a los ciudadanos de Panamá desde 1849. Ahora, cuando el país se prepara para las elecciones del próximo año, puede que la existencia del importante periódico y de su publicación hermana, El Siglo, dependa del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

La licencia operativa que el Departamento del Tesoro les había otorgado a ambos diarios mientras investigaba a su accionista mayoritario ya expiró. La licencia exoneraba a los periódicos de una orden que les prohíbe a las empresas estadounidenses hacer negocios con el propietario de los periódicos. Sin la licencia, los periódicos tienen dificultades para todo, desde comprar tinta hasta mantener el personal de Redacción.

"Es una violación de la libertad de prensa, de la libertad de información, de todo", declaró al CPJ Doris Hubbard-Castillo, editora de Opinión de La Estrella de Panamá. "Me tiene furiosa que nuestros periodistas tengan que quedar en el aire. Los periodistas no tienen nada que ver con la investigación, y estamos forzados por la presión".

La cuestión de la licencia se remonta al 5 de mayo de 2016, cuando la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Office of Foreign Assets Control, OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos agregó a su lista de Ciudadanos con Designación Especial (Specially Designated Nationals) al empresario panameño Abdul Waked --propietario de las publicaciones--, a su sobrino Nidal Waked y a otras seis personas presuntamente vinculadas con una operación de lavado de dinero.

La lista, creada en 1999 en virtud de la Ley de Designación de Narcotraficantes Extranjeros (Foreign Narcotics Kingpin Designation Act), monitorea a los individuos, las empresas y las entidades que el Departamento del Tesoro considera están involucrados en actividades ilícitas relacionadas con el narcotráfico. Una vez que una persona o un activo se agrega a la lista, los ciudadanos y las empresas estadounidenses quedan prohibidos de hacer negocios con ellos.

El Departamento del Tesoro acusó a los Waked de dirigir una importante operación que blanqueó dinero procedente del narcotráfico a través de 68 empresas. La OFAC congeló todos los activos que estaban dentro de la jurisdicción estadounidense o que eran controlados por "personas estadounidenses" --entre ellos GESE (Grupo Editorial El Siglo y La Estrella de Panamá), un grupo de medios que aglutina a ambos periódicos y que pertenece a Abdul Waked--.

En aquel momento, el Departamento del Tesoro le otorgó al grupo de medios una licencia para continuar sus actividades, de acuerdo con una declaración publicada por la embajada estadounidense en Panamá.

El presidente de GESE, Eduardo Quirós, declaró en una entrevista con el CPJ, realizada en la sede de los periódicos en Ciudad de Panamá, que él y el personal consideraban la licencia como un reconocimiento de la importancia de los periódicos para la libertad de prensa en Panamá, y un reconocimiento de que los empleados del periódico no habían tenido nada que ver con las operaciones empresariales del accionista mayoritario del grupo.

"Hemos cubierto el caso Waked como lo haríamos con cualquier otra noticia importante", declaró Quirós. Él y otros dos periodistas de La Estrella de Panamá que también conversaron con el CPJ, apuntaron a numerosos artículos que cubrían la investigación como prueba de su independencia editorial.

En enero de 2017, la OFAC prorrogó la licencia hasta el 13 de julio. En entrevista con TVN Noticias esa semana, John Feeley, embajador estadounidense en Panamá, admitió que los empleados de GESE no eran responsables de la situación y declaró que Estados Unidos no quería "destruir" los periódicos. Posteriormente, el 11 de julio, La Estrella de Panamá informó que la OFAC le había comunicado a sus abogados que no renovaría la licencia a su expiración a finales de ese mes, sin dar explicación.

Quirós declaró que unos días después el grupo de medios presentó ante la OFAC una propuesta para renovar la licencia, pero funcionarios le comunicaron al grupo que no se podía hacer hasta que Abdul Waked vendiera por lo menos 51 % de su participación en GESE. "Ellos ya encontraron una solución con la licencia, y no ha cambiado absolutamente nada desde diciembre", expresó Quirós.

La OFAC no respondió a las solicitudes enviadas por el CPJ para que declarara al respecto.

Quirós afirmó que la decisión del Departamento del Tesoro ha creado complicaciones financieras y en materia de personal para los periódicos. Los periódicos no pueden adquirir insumos como papel periódico y tinta, ni comprar repuestos para sus rotativas, ni pagarles el seguro médico a algunos empleados, porque esas transacciones se procesan por bancos e instituciones financieras con sede en Estados Unidos.

Empresas que anteriormente compraban anuncios, una importante fuente de ingresos para los periódicos, se han mostrado renuentes, al parecer preocupadas por cualquier vínculo potencial con el caso, según informaciones de prensa. El personal sostiene que las presiones financieras, en combinación con los retos que las publicaciones impresas ya enfrentan en el panorama mediático digital de la actualidad, han ocasionado recortes administrativos, recortes salariales y cesantías. Una semana luego de la decisión de la OFAC, La Estrella de Panamá anunció que suspendería las ediciones del fin de semana para ahorrar recursos.

Carlos Cordero, quien ha trabajado en La Estrella de Panamá durante más de seis años, estimó que la fuerza laboral se había reducido de más de 300 empleados en mayo de 2016 hasta menos de 230 empleados a comienzos de agosto de 2017.

Los periodistas de ambos periódicos están preocupados por el potencial efecto sobre el acceso de la sociedad a la información si dos de los principales periódicos del país son obligados a cerrar antes de las elecciones internas nacionales previstas para la primavera de 2018.

"Si se cierran medios de tanta importancia, ¿quién queda?", declaró Hubbard-Castillo. "Cuando toca a La Estrella, toca el corazón del país".

Dirigentes empresariales y sindicales, la Cámara de Comercio, la Iglesia católica y políticos --entre ellos seis expresidentes panameños-- han suscrito declaraciones que le piden al Gobierno estadounidense que reconsidere su decisión, según informaciones de prensa.

"Al final del día, ¿cómo se promueve la democracia haciéndo un daño tan grande a la libertad de expresión?", preguntó Quirós.

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