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Cambios propuestos al derecho de réplica en México perjudicaría a los medios

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Ciudad de México, 4 de noviembre de 2016­--El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) expresó preocupación hoy respecto a una propuesta de modificación a las regulaciones sobre medios de México, que podría obligar a los medios a publicar o transmitir más réplicas sobre informes de prensa. Las modificaciones serán sometidas a voto en la Corte Suprema de Justicia mexicana el 7 de noviembre.

El proyecto de sentencia, revisado por el CPJ, ampliaría el derecho de un individuo a presentar una réplica de manera pública respecto a noticias difundidas por los medios. En la actualidad, los tribunales pueden exigir que la prensa publique o transmita una corrección o declaración contraria de parte de personas que afirmen que han sufrido perjuicios por informaciones falsas. Si un mínimo de ocho de los 11 magistrados aprueban la sentencia, se eliminaría la frase del Artículo 3 de la Ley de Derecho de Réplica que otorga el derecho únicamente si se trata de "información falsa o inexacta".

La propuesta de sentencia fue redactada por el magistrado Alberto Pérez Dayán, quien argumenta en la propuesta que la redacción actual es inconstitucional porque no aborda el posible sesgo o prejuicio por parte de un autor o una publicación, particularmente en un contexto político. Según la propuesta, durante las elecciones el poder de exigir que la prensa responda a un derecho de réplica se ampliará desde los tribunales hasta incluir a organismos electorales tales como el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial.

"Estamos alarmados ante la posibilidad de que se obligue a los medios a publicar o transmitir réplicas sobre informaciones de conformidad con un conjunto de parámetros más amplio", declaró Carlos Lauría, coordinador sénior del programa de las Américas del CPJ, en Nueva York. "Ello podría allanar el camino para que los políticos y otras personas exijan espacio en los periódicos cuando puedan sentirse agraviados u ofendidos".

El proyecto de sentencia se basa en una querella presentada en diciembre de 2015 por Andrés Manuel López Obrador, líder del partido izquierdista Movimiento Regeneración Nacional (Morena), y Agustín Basave Benítez, entonces líder del Partido de la Revolución Democrática. En el proyecto de sentencia, el partido Morena argumenta que las personas deben tener tanta libertad para impugnar información publicada o transmitida como los medios tienen para difundirla.

Periodistas consultados por el CPJ y organizaciones locales e internacionales de libertad de prensa sostienen que la propuesta se puede utilizar para acallar a medios críticos y que dejará a la prensa en una posición vulnerable ante las demandas y las presiones para que se les otorgue mayor espacio en las publicaciones o las transmisiones a las personas que reclaman el derecho de réplica.

En un comunicado publicado el 2 de noviembre, la Sociedad Interamericana de Prensa, organización que representa a los directores y propietarios de periódicos de la región, declaró que la sentencia podría conducir a la "censura previa mediante una ola de demandas que presentarían funcionarios y dirigentes políticos".

Catalina Botero, ex relatora especial para la libertad de expresión de la Organización de los Estados Americanos, expresó al CPJ que el proyecto de sentencia contraviene la declaración de principios de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La declaración plantea que "la imposición arbitraria de información y la creación de obstáculos al libre flujo informativo, violan el derecho a la libertad de expresión". Botero, actual decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes en Bogotá, Colombia, declaró al CPJ: "No hay un criterio objetivo para definir un agravio" y que "los funcionarios están obligados a tolerar [agravios] porque están sometidos a mayor escrutinio público".

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