Por Alexandra Ellerbeck/Investigadora asociada del programa de las Américas del CPJ
El candidato presidencial republicano Donald Trump ha calificado a los medios de “corruptos”, “parcializados” y “escandalosos” y se ha referido al diario The New York Times como a un periódico “¡LAMENTABLE!” y fallido “lleno de aburridas mentiras”. Algunos reporteros y reporteras en específico son “mentirosos” y “tontas”, según los tuiteos de Trump.
Recientemente, la periodista Julia Ioffe se enfrentó a la campaña de Trump luego de haber escrito un perfil de la esposa del candidato, Melania Trump. En menos de 24 horas, Ioffe escuchó la grabación de un discurso de Hitler al responder el teléfono, parte de una ola de mensajes antisemitas dirigidos a la periodista, cuya familia huyó de Rusia a Estados Unidos hace 26 años para escapar del antisemitismo. Otras periodistas que se han enfrentado a la campaña de Trump también han sido agraviados: los insultos de Trump contra Megyn Kelly y Michelle Fields impulsaron a troles de Internet a enviar miles de mensajes de odio y misóginos, según informes periodísticos y un análisis del medio digital Vocativ.
Trump se negó a dar una respuesta en una entrevista concedida la otra semana a Wolf Blitzer, de la cadena CNN, quien le preguntó por las hordas de atacantes virtuales que le han enviado amenazas antisemitas a Ioffe. “Oh, no sé nada de eso. ¿Te refieres a mis seguidores?”, expresó Trump. “No tengo ningún mensaje para los seguidores”.
Alrededor del mundo, las figuras públicas y los líderes políticos que lanzan insultos contra los medios y denigran a los periodistas pueden avanzar su agenda política, pero también crean un ambiente polarizado fértil para los ataques contra la libertad de prensa, según las investigaciones del CPJ.
Está claro que los abusos esporádicos del entorno de Trump se pueden calificar de menores comparados con, por poner un ejemplo, los intentos del presidente turco Recip Tayyip Erdoğan por encarcelar e intimidar a las voces críticas utilizando las leyes contra el vilipendio y el terrorismo. Trump es un candidato, ni siquiera un funcionario público, e inclusive si llegara a convertirse en presidente, las garantías estadounidenses en materia de libertad de prensa evitarían cualquier campaña de censura al estilo Erdogan, sostienen los expertos.
Pero en países donde los líderes utilizan sus plataformas para lanzar despiadados ataques ad hominem contra periodistas, éstos dirigentes han fomentado la autocensura y expuesto a los periodistas a un riesgo innecesario. Además, pregonar el antagonismo contra los medios puede ser un preludio para introducir leyes restrictivas contra la prensa, todas razones por la cual la conducta de Trump requiere del exhaustivo escrutinio de la sociedad.
“Hemos visto cómo [Trump] estimula a sus seguidores a atacar a los medios, su propuesta para cambiar las leyes sobre la calumnia para facilitar las demandas contra los periodistas”, declaró Ioffe al diario The Guardian. “¿Qué sucede si eligen a Trump?”.
Los políticos tienen el derecho de criticar a los medios y no se les puede responsabilizar por la existencia de los troles virtuales. Pero cuando incitan a sus partidarios a insultar o a amenazar a los periodistas, ya sea intencionalmente o sin quererlo, el impacto sobre la libertad de prensa es real.
En Ecuador, el presidente Rafael Correa tiene por hábito insultar a periodistas críticos de su gestión en sus intervenciones televisadas semanales, y con frecuencia los llama “ignorantes” o “mentirosos”. Una víctima de los insultos de Correa, la periodista Janet Hinostroza, galardonada con el Premio Internacional de la Libertad de Prensa 2013 del CPJ, quien solía presentar un noticiero en el canal privado Teleamazonas, se vio obligada a abandonar el programa tras recibir amenazas de muerte anónimas.
En enero de 2015, el programa cómico de HBO “Last Week Tonight with John Oliver” se burló de Correa por divulgar datos personales (una práctica conocida como “doxing”) sobre usuarios de Twitter y Facebook que lo habían criticado de manera anónima en la Internet. Correa alentó a sus partidarios a revelar datos personales de otros críticos. Algunos usuarios que fueron blanco selectivo recibieron amenazas y cerraron sus cuentas en las redes sociales, según un informe de la organización estadounidense Freedom House.
En casos extremos, cuando los políticos utilizan una plataforma pública para señalar a periodistas individuales, la consecuencia ha resultado en violencia física. El 6 de mayo en Turquía, un hombre gritando “traidor” intentó asesinar a balazos periodista Can Dündar mientras estaba parado frente a un juzgado esperando una sentencia por supuestamente revelar a secretos del estado. El Presidente Erdoğan había calificado previamente a Dündar como un espía y había indicado que el periodista “debe pagar un precio pesado”. En Rusia, a principios de este año, el CPJ expresó alarma cuando funcionarios públicos en Chechenia hicieron comentarios denigrantes sobre los periodistas; dos meses después, un grupo de por lo menos 15 hombres enmascarados golpeó a seis periodistas y dos activistas de los derechos humanos en una carretera hacia Chechenia, y luego prendió fuego a su vehículo.
Ecuador, durante el mandato del presidente Correa, no es violento, pero posee uno de los peores registros en materia de libertad de prensa de la región, pues los periodistas y los periódicos están sometidos a estrictas regulaciones sobre lo que pueden informar y cómo; y son objeto frecuente de querellas civiles y penales por difamación, según datos del CPJ. En 2012, tres directores y un articulista de opinión del diario El Universo fueron condenados a una pena de tres años de cárcel por el delito de difamar a Correa. (El mandatario posteriormente “perdonó” a los periodistas luego de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos instara al gobierno ecuatoriano a suspender la pena).
Trump se ha pronunciado en favor de modificar la ley. “Es una de las cosas que voy a hacer si gano, y espero que lo hagamos y ciertamente estamos con ventaja. Voy a hacer más flexibles nuestras leyes sobre la calumnia, para cuando ellos a propósito escriban artículos negativos y horribles y falsos, los podamos demandar y ganar un montón de dinero”, declaró Trump en un acto electoral de febrero en Fort Worth, Texas, y señaló en específico al New York Times y al Washington Post.
Trump no entró en detalles específicos y no ha mencionado criminalizar la difamación. La oficina de prensa de su campaña no respondió a las preguntas del CPJ.
En Estados Unidos, los funcionarios públicos que interpongan una demanda por daños y perjuicios deben probar que el demandado actuó con “real malicia”, según el fallo dictado por la Corte Suprema en 1964 en el caso New York Times v. Sullivan. En otros países, como India y Brasil, las demandas por calumnia han hecho recaer enormes multas y costas judiciales sobre los periodistas, según datos del CPJ. Incluso si las demandas son desestimadas, los recursos involucrados pueden ser una sangría para periodistas y medios y tener un efecto inhibidor sobre el flujo informativo, según ha constatado el CPJ.
Para buscar leyes sobre calumnia más “flexibles”, se podría mirar en la dirección del Reino Unido antes de 2013, cuando la Ley sobre la Difamación del país fue adoptada. Anteriormente, el Reino Unido era un paraíso para las demandas contra las empresas de medios, según datos del CPJ. No sólo los demandantes no tenían que probar que habían sufrido daño, ni que el demandante había actuado con real malicia, sino que era fácil que demandantes extranjeros querellaran a demandados extranjeros en el Reino Unido, una práctica conocida como “turismo de la calumnia”.
Aunque los medios han tenido menos dificultades desde 2013, la ley sobre la calumnia en el Reino Unido todavía coloca la carga de la prueba sobre el demandado. Hace poco NPR informó que algunas casas editoriales han estado reacias a ingresar al mercado del Reino Unido por temor a las costosos demandas legales.
Los periodistas pueden sentirse cómodos: los expertos afirman que, de ser elegido Trump presidente, le sería muy difícil modificar las leyes sobre calumnia, pues probablemente necesitaría anunciar postulaciones judiciales y lograr que fueran aprobadas por el Congreso, informó The Washington Post.
También es probable que los ambiguos llamados de Trump en favor de cerrar partes de la Internet enfrenten desafíos técnicos y jurídicos, según expertos citados por publicaciones como The Daily Beast.
En diciembre, Trump sostuvo que estaría abierto a “cerrar” partes de la Internet para combatir a los islamistas radicales del Estado Islámico. “Alguien dirá ‘Oh, la libertad de expresión, la libertad de expresión’. Estas personas son tontas. Tenemos muchas personas tontas”, afirmó en el discurso de Carolina del Sur, según versiones periodísticas. (Hillary Clinton, candidata presidencial demócrata que marcha con ventaja, también ofreció declaraciones ambiguas sobre el cierre de las comunicaciones por Internet, según versiones periodísticas).
La libertad de prensa en Estados Unidos ya ha sufrido durante la gestión del presidente Barack Obama, en tanto el gobierno ha enjuiciado a informantes y las solicitudes de acceso a la información no reciben respuesta, según datos del CPJ. Es poco probable que un presidente Trump que denigre a los medios y no exprese ninguna preocupación por el bienestar de los periodistas atacados por sus seguidores, mejore este registro, y, si los ejemplos internacionales sirven de advertencia, semejante presidente bien podría empeorarlo.