Bogotá, Colombia, 19 de abril de 2016–Un periodista peruano recibió el lunes una pena de cárcel en suspenso y se le ordenó pagar una indemnización al ex presidente Alan García Pérez luego de ser condenado por el delito de difamación, según informes de prensa.
Un juez de Lima sentenció a Fernando Valencia, ex director del periódico limeño Diario 16, a una pena de cárcel en suspenso de 20 meses y le ordenó pagar una indemnización de 100,000 soles (USD 30,580) por daños y perjuicios a García, quien fue presidente de Perú de 1985 a 1990 y de 2006 a 2011.
En un caso aparte, Rafael León Rodríguez, periodista, autor y columnista del semanario Caretas, con sede en Lima, podría ser enviado a prisión el próximo mes y obligado a pagar una indemnización por una columna satírica que escribió acerca de una editora del principal diario del país, según informes de prensa y entrevistas realizadas por el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés).
“Instamos a las autoridades peruanas a derogar las disposiciones penales sobre la difamación. Casos como los de Fernando Valencia y Rafael León Rodríguez constituyen una clara violación del derecho de los periodistas a expresar opiniones sobre asuntos de interés público”, declaró Carlos Lauría, coordinador sénior del programa de las Américas del CPJ. “El uso de sanciones penales para castigar a los periodistas contradice el consenso regional e internacional en el sentido de que la difamación no debe ser una cuestión del ámbito penal”.
En 2013 García querelló a Valencia por presunto daño a su reputación en relación con un artículo de primera plana publicado ese año, según informes de prensa. En el artículo, el actual presidente Ollanta Humala criticaba a gobiernos anteriores por no finalizar proyectos de obras públicas, supuestamente debido a la corrupción. Aunque García no fue nombrado en el artículo, el montaje de primera plana de Diario 16 incluía la foto del expresidente. Un juez inicialmente absolvió a Valencia, pero García apeló y un juzgado de apelaciones falló a favor del expresidente.
El abogado defensor de Valencia, Carlos Rivera Paz, declaró al medio el año pasado que la querella había sido concebida para intimidar a Diario16 y a otros medios de prensa críticos de García. Desde que García dejó el cargo en 2011, ha enfrentado numerosas investigaciones por corrupción, pero el expresidente no ha sido procesado y ha negado todo acto ilícito. Diario 16, que tenía la reputación de ser crítico de García durante su gestión, cerró el año pasado debido a problemas financieros.
“Es un día nefasto para la libertad de expresión y el periodismo”, Rivera declaró a los periodistas tras la sentencia. El abogado agregó que tiene previsto apelar la sentencia.
En el caso de León, el periodista de Caretas enfrenta una querella penal por difamación interpuesta en 2014 por Martha Meier Miró Quesada. En la época, Meier era editora general y columnista del diario El Comercio, propiedad de la familia Miró Quesada.
A León se le ha ordenado comparecer ante la jueza Susan Coronado Zegarra en Lima el 3 de mayo. En el sistema judicial peruano, tales órdenes casi siempre significan que el juez ha alcanzado un fallo de culpabilidad y dará lectura a la sentencia, según Roberto Pereira, abogado de León. Pereira declaró al diario limeño La República que si su cliente es condenado, podría recibir una pena de hasta tres años de cárcel y se le podría ordenar el pago de una indemnización de hasta USD 1, 53 millones. Su revista no enfrenta ningún proceso judicial. El abogado de León expresó al CPJ que apelará el fallo si el periodista es condenado.
La disputa judicial se origina en un artículo que León publicó en junio de 2014, en respuesta a una columna que Meier escribió para su periódico, El Comercio. Meier entabló una querella por difamación contra León, con el argumento de que había sido insultada y humillada por su columna. El juicio culminó hace más de 10 meses, y los abogados de León se han quejado de la dilación entre el final del juicio y el anuncio del fallo judicial.
Meier, quien es parte de la familia propietaria de El Comercio, fue separada del cargo en el periódico el pasado año debido a otra polémica columna que escribió. Durante el juicio, ella afirmó que la columna de León había contribuido a su despido, de acuerdo con el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), con sede en Lima. Meier no respondió a la solicitud del CPJ para conocer su versión.
“Que una periodista denuncie a otro por difamación es absurdo”, León declaró a la prensa la semana pasada. “Si por opinar un periodista puede ir preso, nos fregamos”.
En una carta a la jueza que tiene a cargo el expediente de León, el IPYS señaló que el derecho de los periodistas a expresar opiniones críticas acerca de cuestiones de interés público está protegido por la Constitución peruana, por un amplio volumen de jurisprudencia internacional y por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, órgano de la Organización de los Estados Americanos. En la carta, el IPYS manifestó que se habían cometido numerosas irregularidades y dilaciones inexplicables en el caso, y que debía ser desestimado.
El CPJ ha documentado cómo el uso alarmante de anticuadas disposiciones penales sobre la difamación para tomar represalias contra periodistas críticos, ha amenazado la libertad de expresión en Perú. En febrero, el CPJ viajó a Perú para divulgar un estudio comparativo de las disposiciones legales sobre la difamación en las Américas, titulado “Los críticos no son delincuentes”. Tras el lanzamiento del informe, que fue elaborado para el CPJ por el estudio de abogados Debevoise & Plimpton LLP en colaboración con la Fundación Thomson Reuters, el presidente del Congreso peruano propuso eliminar la figura del delito de difamación del código penal.