Después de tres décadas de democratización, el estado actual de la libertad de expresión en la América Latina es indudablemente más abierto que en el período dominado por regímenes de facto. Sin embargo, las reformas judiciales y legislativas necesarias para institucionalizar la libertad de expresión aún son insuficientes. En este nuevo informe, preparado por Debevoise & Plimpton LLP para el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) en colaboración con la Fundación Thomson Reuters, encontramos que 33 de 34 países en las Américas penalizan la difamación a través de leyes penales que a menudo se invocan simplemente para castigar a los periodistas críticos y crear un efecto intimidatorio en la prensa.
El CPJ ha seguido de cerca el estado de las leyes penales de difamación en la región por más de una década. En 2000, comenzamos una intensa campaña para eliminar estas leyes en los países de las Américas. Estos esfuerzos fueron ampliamente exitosos y ayudaron a dar forma a un consenso internacional emergente, incluso dentro del sistema interamericano, de que la normativa sobre el delito de difamación viola los estándares internacionales de libertad de expresión, y condujeron a la despenalización de muchos aspectos de la difamación en varios países.
Sin embargo, en los últimos años hemos documentado un resurgimiento alarmante del uso de estas disposiciones obsoletas para acosar a los periodistas críticos. Ha quedado claro que, incluso aunque se apliquen con poca frecuencia, la continua existencia de estas leyes representa un peligro latente para la libertad de expresión. A pesar de que sabíamos que el problema era extenso, faltaba un análisis integral de la situación. Teniendo eso en cuenta, nos asociamos con la Fundación Thomson Reuters para utilizar la experiencia legal de su red pro bono para documentar el alcance y la naturaleza del delito de difamación en la región.
Pese al consenso emergente de que las leyes penales sobre el difamación violan los estándares internacionales de la libertad de expresión, el uso continuo de tales disposiciones ha desalentado el reportaje agresivo tan necesario para un debate sólido en una sociedad libre y abierta. La investigación del CPJ ha encontrado que los políticos y los funcionarios públicos son los actores que con más frecuencia acosan y buscan silenciar a sus críticos con estas leyes. Los juristas internacionales han encontrado que los funcionarios públicos, debido a sus funciones, deberían estar sujetos a un escrutinio público mayor por parte de la sociedad.
Los instrumentos internacionales sobre derechos humanos y un cuerpo creciente de dictámenes jurídicos internacionales afirman claramente que las leyes de difamación pueden tener un efecto inhibitorio sobre la expresión, obstaculizando el derecho a la libertad de expresión y el derecho a estar informado. Las leyes que penalizan la expresión que no incita a la violencia son incompatibles con el derecho a la libertad de expresión, según lo establece el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Como lo expresó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en una decisión histórica en 1994, “si se consideran las consecuencias de las sanciones penales y el efecto inevitablemente inhibidor que tienen para la libertad de expresión, la penalización de cualquier tipo de expresión sólo puede aplicarse en circunstancias excepcionales en las que exista una amenaza evidente y directa de violencia anárquica”.
Sin embargo, veintiún años más tarde, Jamaica es el único país en el hemisferio que ha derogado por completo las disposiciones penales de difamación, según los resultados de esta investigación.
Este informe, cuyo objetivo es servir de recurso para informar a los periodistas sobre los riesgos legales de su trabajo, demuestra que el uso de las disposiciones penales de difamación es aún extenso en todo el hemisferio. Aunque la pena de prisión es excepcional, el hecho de que estas leyes sean usadas frecuentemente para intimidar a periodistas y limitar el debate sobre temas de interés nacional es motivo de preocupación. El CPJ seguirá luchando activamente para que se eliminen las leyes penales de difamación que buscan equiparar a los críticos con los delincuentes.
Carlos Lauría, Director de Programa y Coordinador Sénior del Programa de las Américas, y Sara Rafsky, Ex Investigadora Asociada del Programa de las Américas
COMITÉ PARA LA PROTECCIÓN DE LOS PERIODISTAS