Asaltantes no identificados asesinaron a Nicolás Humberto García, director de una emisora local de radio comunitaria en el estado de Ahuachapán, El Salvador, el 10 de marzo, según informes de prensa.
García, quien dirigía la estación de radio Expressa en la municipalidad de Tacuba, fue asesinado alrededor de las 7:30 p.m. en la pequeña comunidad de El Carrizal, según informes de prensa. La policía de Tacuba informó al Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), que su cuerpo fue encontrado la misma noche con signos de abuso. El reportero, que había sido desfigurado, sufrió heridas de machete y de bala, la policía señaló.
García, de 23 años, había trabajado en radio comunitario durante casi diez años desde que se inscribió en un programa local para la prevención de violencia juvenil, siendo adolescente. Había trabajado en un rol de liderazgo en la estación de radio desde al menos 2013, según indicó un colega de García, quien pidió permanecer en el anonimato por miedo a represalia, al CPJ.
Angélica Cárcamo, coordinadora de formación de la Asociación de Radios y Programas Participativos de El Salvador (ARPAS), quien había conocido a García desde hace cinco años, señaló al CPJ que la programación de Expressa incluía diversos temas, incluyendo la música, los derechos humanos, la religión y la prevención de la violencia. Expressa es una de siete emisoras de radio comunitario en la zona.
Después del asesinato, ARPAS y otras dos organizaciones prominentes de periodistas salvadoreños, divulgaron una declaración conjunta denunciando el asesinato. Los grupos manifestaron que creían que el asesinato estaba vinculado al trabajo de García en el radio.
Violencia entre grupos criminales ha convertido a El Salvador en la capital de homicidios del hemisferio occidental y uno de los países más peligrosos del mundo fuera de una zona de guerra, según informes de prensa. La situación se agravó después que se rompió una tregua entre las pandillas dominantes en el país: Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18.
Periodistas locales y funcionarios policiales que hablaron con el CPJ describieron a Tacuba como una municipalidad sumamente afectada por la violencia de las pandillas. La policía informó al CPJ que El Carrizal, donde vivía García, es mayormente controlado por MS-13, pero comunidades vecinas son dominadas por Barrio 18.
Cárcamo señaló que ella creía que existían tres motivos por los cuales García fue asesinado y todos están vinculados con su trabajo informativo en el radio. Cárcamo enumeró que García se había negado a ser reclutado por las pandillas, había prohibido a los criminales usar la radio y había concedido espacio a la policía como parte de un programa contra la violencia. Agregó que García, por su edad, era un objetivo para el reclutamiento por parte de las pandillas, pero también como resultado de su posición prominente en el radio y en la comunidad.
Cárcamo señaló que había visto a García apenas cinco días antes del asesinato, pero que al momento no sabía sobre las amenazas. Después de su muerte, colegas locales le indicaron que, de hecho, García había recibido amenazas de muerte en las semanas previas al asesinato.
El colega que habló bajo condición del anonimato afirmó al CPJ que García fue amenazado dos semanas antes del asesinato. “Las amenazas estaban relacionadas con su programa sobre la prevención de la violencia,” agregó el colega. García había prohibido a varias personas de participar en los programas por sus vínculos con criminales.
La policía local manifestó que podría existir otra razón por el asesinato. Pedro Antonio Alas, el jefe de la policía de Tacuba, dijo al CPJ que creía que García pudo haber sido asesinado por una amistad con un líder local de la pandilla Barrio 18, quien estaba involucrado en una radio comunitaria en una comunidad vecina. Alas señaló que García no era miembro de una pandilla, pero especuló que miembros del MS-13 -la pandilla rival- podría haber asesinado a García en represalia por no permitir que los pandilleros utilizaran la radio.
Serafín Valencia, director de la Asociación de Periodistas de El Salvador, señaló al CPJ que periodistas y activistas que trabajan para las radios comunitarias muchas veces son vulnerables a las amenazas de pandillas y políticos locales, quienes en ocasiones han sido vinculados con el crimen organizado.