Bogotá, 15 de mayo de 2015 – El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) condena la decisión de una jueza venezolana de prohibir la salida del país a 22 ejecutivos de medios independientes debido a una demanda por difamación interpuesta por uno de los políticos más poderosos de Venezuela. Según informes de prensa, la demanda y prohibición de viajar se produjeron después de que tres medios republicaron en enero un informe del diario español ABC que vincula a Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, con el tráfico de drogas.
“Estos tres medios y 22 ejecutivos se enfrentan a represalias desproporcionadas simplemente por publicar contenido de un tercero”, afirmó desde Nueva York Carlos Lauría, coordinador senior del programa de las Américas del CPJ. “Esta acción judicial contradice las normas internacionales sobre libertad de expresión y representa un nuevo intento de uno de los políticos más poderosos del país de golpear a los pocos medios independientes que permanecen en Venezuela”.
Entre los afectados por la prohibición de viajar, emitida por una jueza en Caracas, María Eugenia Núñez, figuran tres de los editores más importantes del país que son ferozmente críticos con el gobierno socialista de Venezuela: Miguel Henrique Otero, editor del diario de Caracas El Nacional; Teodoro Petkoff, editor del semanario Tal Cual; y Alberto Ravell, quien dirige el sitio web de noticias La Patilla.
El artículo de ABC, también publicado en enero, citó testimonio supuestamente proporcionado a funcionarios del Departamento de Justicia estadounidense por el ex jefe de seguridad de Cabello, Leamsy Salazar, en el que nombró al presidente de la Asamblea Nacional como cabeza de una banda de narcotraficantes dentro del ejército venezolano llamado Cartel de los Soles.
Según informes de prensa, Cabello ha confirmado que Salazar huyó a Estados Unidos en diciembre y que podría estar cooperando con funcionarios estadounidenses en un caso legal que lo mencionaría a él como jefe de la banda. Pero Cabello negó vínculos con el narcotráfico y anunció en abril que iniciaría una demanda contra El Nacional, Tal Cual y La Patilla, así como también contra ABC, por difamación penal.
Cabello afirmó en su programa de televisión el miércoles por la noche que había pedido a la justicia que imponga una prohibición de viajar. “Me acusaron de ser narcotraficante sin ninguna prueba” afirmó Cabello. “He pedido…que les prohíban salir del país”. Agregó que también está buscando que se les prohíba a estos ejecutivos de medios de vender sus activos.
Manuel Antonio Puyana Santander, director de Tal Cual, y uno de los ejecutivos nombrados en la demanda, indicó que luego de luchar por acceder al expediente sobre el caso se enteró el lunes que habían impuesto la prohibición el 5 de mayo, según informes de prensa.
Otero indicó a Reuters que él y los otros ejecutivos de medios también han sido ordenados a presentarse una vez a la semana en los tribunales. Otero habló con la agencia de noticias desde Miami, señalando que había viajado fuera de Venezuela antes de que la prohibición entrar en efecto. Agregó que planeaba volver a Caracas en unos días.
“Esto es parte es una estrategia del gobierno para silenciar al periodismo independiente”, afirmó Otero a Reuters.
“Nosotros no hemos cometido ningún delito, lo único que hicimos fue replicar una noticia del diario ABC” Ravell afirmó al canal colombiano de noticias, NTN24.
Xabier Coscojuela, editor de noticias de Tal Cual, indicó al CPJ que la prohibición para viajar incluye a tres de los integrantes de la junta directiva del diario. Petkoff ya había sido prohibido de salir del país debido a una anterior demanda interpuesta por Cabello contra Tal Cual.
Coscojuela indicó que había decidido republicar el controvertido artículo de ABC porque su autor, el corresponsal en Washington Emili J. Blasco, tiene un historial de revelar noticias importantes sobre Venezuela. Agregó que Blasco había informado correctamente que el difunto presidente Hugo Chávez sufría de cáncer antes de que el gobierno venezolano hubiera confirmado la noticia.
El ministro de comunicación de Venezuela, quien se encarga de atender la requisitoria de la prensa extranjera, no respondió a la solicitud de comentario efectuada por el CPJ.
Venezuela’s Communications Ministry, which deals with foreign press inquiries, did not respond to CPJ’s request for comment.
El gobierno del Presidente Nicolás maduro ha empleado una serie de tácticas para debilitar a los pocos medios críticos que permanecen en Venezuela, según la investigación del CPJ.
En los últimos años, medios independientes –tales como el canal Globovisión y el diario El Universal— han sido vendidos a grupos empresariales que según versiones tienen estrechos vínculos con el gobierno y han suavizado el tratamiento informativo, expresaron al CPJ el año pasado varios periodistas venezolanos. La mayoría de los medios audiovisuales son oficialistas o raras veces cuestionan las políticas gubernamentales. En la última década, Tal Cual ha enfrentado siete demandas del gobierno así como investigaciones impositivas, Coscojuela afirmó al CPJ este año. Mientras tanto, una escasez de papel periódico debido al los controles de cambio han impedido la capacidad de circulación de varios diarios y obligado a otros a cerrar, según la investigación del CPJ.