Nueva York, 2 de junio de 2014–El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) exhorta al Departamento de Justicia de Estados Unidos a revocar una orden judicial que pretende obligar al periodista James Risen a ofrecer testimonio que pondría al descubierto a una fuente confidencial. La Corte Suprema declaró hoy que no acogería el recurso de revisión de Risen contra el fallo de un tribunal de apelación que lo obligó a testificar, con lo cual el periodista ya ha agotado todos los recursos jurídicos para impugnar la orden judicial, según informes de prensa.
El origen del caso se remonta a la publicación del libro de Risen State of War (“Estado de guerra”), publicado en el 2006, en el cual el periodista describe un ultrasecreto y a la postre malogrado operativo de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) que tenía como objetivo sabotear el presunto programa nuclear iraní. El gobierno federal ha intentado obligar a Risen a revelar la fuente de su libro en múltiples ocasiones, y paralelamente ha procesado penalmente al exoficial de la CIA Jeffrey Sterling, a quien el gobierno acusa de divulgar la información confidencial y a quien ha procesado en virtud de la Ley contra el Espionaje. Risen, invocando los derechos que le otorga la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, desde el 2008 ha luchado contra órdenes judiciales que buscan obligarlo a testificar. En el 2011, la jueza Leonie Brinkema dictaminó en un Tribunal de Distrito Federal que, si bien Risen debía testificar acerca de la exactitud de las informaciones publicadas, el gobierno no podía obligarlo a revelar su fuente periodística. El gobierno apeló la decisión y, en el 2013, el Tribunal de Apelaciones Federal del Cuarto Circuito, con sede en Richmond, Virginia, revocó el fallo y dictaminó que la Primera Enmienda no constituía una protección que le impedía a Risen ser obligado a testificar y revelar su fuente.
Risen ha declarado que no acatará la orden judicial, según el diario The New York Times. La organización de libertad de prensa Comité de Reporteros para la Libertad de Prensa (Reporters Committee for the Freedom of the Press, RCFP) declaró que, a causa del fallo de primera instancia a su favor, los jueces nunca han declarado a Risen en desacato de los tribunales. Si se celebra una audiencia y los jueces declaran en desacato a Risen, el periodista podría ser sometido a una pena de cárcel y/o a una cuantiosa multa, de acuerdo con el RCFP.
El abogado de Risen, Joel Kurtzberg, expresó al CPJ que “el próximo paso corresponde al gobierno. Podrían optar por continuar el proceso sin el testimonio de Risen. Esperaríamos que el gobierno no intente que se declare en desacato a Jim [Risen] por limitarse a ejercer el periodismo y por cumplir una promesa que le hizo a su fuente periodística”.
La semana pasada, en una reunión con periodistas que tenía como propósito analizar las directivas modificadas del Departamento de Justicia relativas a la emisión de órdenes judiciales dirigidas a la prensa, el Fiscal General Eric Holder declaró: “Mientras yo sea Fiscal General, ningún periodista que esté ejerciendo su labor va a ir a la cárcel. Mientras yo sea Fiscal General, nadie que esté ejerciendo su labor va a ser procesado”, según informess de prensa. Las directivas fueron modificadas después de que trascendiera que el Departamento de Justicia había solicitado en secreto una orden judicial para confiscar los registros telefónicos y de correo electrónico de periodistas de Associated Press y Fox News en dos investigaciones por separado de filtraciones informativas.
“El Fiscal General Holder ha declarado públicamente que el Departamento de Justicia protegerá la facultad de un periodista de investigar las noticias y que ningún periodista irá a la cárcel durante su gestión”, declaró Carlos Lauría, coordinador sénior del programa de las Américas del CPJ. “Holder debe ratificar ahora ese compromiso para con la libertad de prensa impartiendo órdenes al Departamento de Justicia para que desista de la orden judicial contra Risen.”
El gobierno de Obama, apelando a la Ley contra el Espionaje, ha procesado a ocho personas acusadas de filtrar información, lo cual representa más de la mitad del total de procesos abiertos desde que esa ley fuera promulgada. Un informe especial del CPJ publicado en octubre llegó a la conclusión de que los reiterados intentos de procesar judicialmente a personas acusadas de filtrar información confidencial, los programas de vigilancia indiscriminada y las medidas para frenar la divulgación rutinaria de información a la prensa por parte del gobierno de Obama, significaban que el presidente había incumplido notablemente su promesa electoral de liderar el gobierno más transparente de la historia de Estados Unidos. Varios periodistas entrevistados para el informe expresaron al CPJ que las investigaciones en torno a las filtraciones informativas y las revelaciones sobre los programas de vigilancia habían logrado que los funcionarios gubernamentales sintieran temor respecto a la posibilidad de compartir información sensible.