Bogotá, 14 de enero de 2014– El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) insta a las autoridades colombianas a garantizar la seguridad de tres periodistas de radio en el departamento sureño de Guaviare que han recibido amenazas de muerte por su cobertura sobre un referendo revocatorio que podría remover de su cargo al gobernador local.
Erika Londoño, Gustavo Chicangana, y Jorge Ramírez trabajan para Caracol Radio Guaviare, una de cinco radios en San José del Guaviare, la capital del departamento. Los periodistas han informado sobre el voto el 2 de febrero que determinará si el gobernador José Octaviano Rivera permanecerá en el cargo, afirmó al CPJ Londoño, director de la radio.
Londoño recibió una serie de mensajes de texto amenazantes en su teléfono móvil el 20 de diciembre y 8 de enero, según informes de prensa. Londoño indicó al CPJ que los mensajes advirtieron a los tres periodistas que dejaran de informar y emitir los comentarios de los radioyentes relacionados con el referendo. Uno de los mensajes de texto dijo: “Que sigan hablando de la revocatoria y te vamos a volar con emisora y todo al igual que sus mandaderos Chica y Ramírez”.
Londoño afirmó no saber quién envió los mensajes, pero señaló que la radio ha chocado con Rivera desde que fue elegido en 2011. El descontento público con Rivera resultó en una petición para el referendo revocatorio.
Rivera está siendo investigado por la Fiscalía General de Colombia por supuesta mala gestión de contratos públicos, pero ha negado las acusaciones. Tras los informes de Radio Caracol Guaviare sobre las acusaciones contra Rivera, indicó Londoño, el gobernador tildó a los periodistas de la radio como ”asesinos con micrófonos”. La radio presentó una demanda por difamación contra Rivera, quien posteriormente demandó a Radio Caracol Guaviare por difamación. Ambas demandas están pendientes.
Mensajes dejados por el CPJ en la oficina del gobernador no fueron contestados. En un comunicado emitido el 13 de enero por su oficina, Rivera rechazó las amenazas y “la manera como se ha abordado el tema en los medios de comunicación, y el que pretenda hacerse ver que desde nuestra administración pudieran existir intereses ligados al uso de este tipo de prácticas antidemocráticas”.
La Fiscalía General de Colombia abrió una investigación sobre las amenazas de muerte. La Fundación para la Libertad de Prensa ( FLIP) de Bogotá pidió a la Unidad Nacional de Protección de la Fiscalía General que aumente la seguridad de los tres periodistas, quienes prometieron continuar informando sobre el gobernador y el referendo. La unidad le asignó dos guardaespaldas a Londoño cuando recibió amenazas el año pasado.
“Erika Londoño, Gustavo Chicangana y Jorge Ramírez no deben ser hostigados por informar sobre asuntos de interés público”, afirmó desde Nueva York Carlos Lauría, coordinador senior del programa de las Américas del CPJ. “Las autoridades colombianas deben investigar estas amenazas de forma exhaustiva y garantizar que los periodistas puedan hacer su trabajo sin temer por sus vidas. “
Colombia atravesó un resurgimiento de la violencia y la intimidación contra periodistas en 2013. Un periodista y un trabajador de medios fueron asesinados en relación directa con su labor informativa.