Nueva York, 19 de septiembre de 2008—Tras la creciente ola de ataques violentos y amenazas contra periodistas que cubren el conflicto civil en distintas regiones de Bolivia, el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) exhortó hoy a las autoridades nacionales y departamentales a asegurar que todos los medios pueden cumplir con su labor informativa en libertad.
Al menos 18 personas resultaron muertas y decenas heridas en la última semana. Fuertes protestas antigubernamentales estallaron cuando grupos de la oposición reclamaron la restitución del impuesto sobre hidrocarburos y mayor autonomía. Los grupos también se oponen a una reforma constitucional, según informes de la prensa local e internacional. El Presidente Evo Morales y prefectos de la oposición comenzaron el jueves una ronda de negociaciones en un intento por distender la seria crisis política.
“Es alarmante que periodistas sean atacados e impedidos de cubrir el conflicto que está afectando a Bolivia”, señaló Carlos Lauría, Coordinador Senior del Programa de las Américas del CPJ. “Instamos a las autoridades nacionales y departamentales a asegurar que todos los medios, no solo los estatales, tengan acceso libre de obstáculos a todas las regiones de conflicto y que puedan cumplir con su trabajo sin temor a represalias”.
El martes en la madrugada, atacantes no identificados hicieron detonar un explosivo de fabricación casera contra las oficias de la estación de televisión privada Canal 9, de la red Uno, en la ciudad central de Cochabamba, indicó la prensa boliviana. Nadie resultó herido en el ataque que ocasionó serios daños materiales, según el diario Los Tiempos de Cochabamba. La televisora había recibido amenazas antes del ataque, sostuvo la Asociación Nacional de la Prensa en un comunicado. Las autoridades han comenzado una investigación sobre el incidente.
También el martes, alrededor de la 1 p.m., un equipo de la televisora privada PAT fue insultado y atacado con piedras por un grupo de militantes progubernamentales mientras cubría una protesta en El Alto, cerca de la ciudad capital de La Paz. El técnico Miguel Chuquimia recibió tratamiento en un hospital por un corte en una de sus cejas, según el diario La Razón de La Paz. Al mismo tiempo, un grupo de estudiantes universitarios de La Paz intentaron irrumpir por la fuerza en las oficinas de las cadenas privadas PAT y Unitel pero las fuerzas policiales dispersaron al grupo con gases antes que pudieran ingresar a los edificios, de acuerdo a La Razón.
El periodista Christian Peña y el fotógrafo Angel Farell, del diario El Deber de Santa Cruz, fueron atacados el domingo por un grupo de campesinos simpatizantes del gobierno, según el grupo regional de prensa Instituto Prensa y Sociedad (IPYS). Los dos reporteros cubrían un enfrentamiento entre campesinos y grupos de oposición que intentaban despejar una ruta bloqueada en el pueblo de Tiquipaya, señaló IPYS. Los periodistas de El Deber fueron empujados al suelo y golpeados con palos. Peña pudo escapar pero sufrió algunas contusiones, mientras que Farell sufrió una seria herida cortante en la cabeza que necesitó 15 puntos de sutura, informó El Deber.
La Asociación Nacional de la Prensa y otros grupos de prensa indicaron que el ejército boliviano impidió a varios periodistas de medios privados cubrir el período que siguió a los violentos enfrentamientos en la ciudad de Cobija, en el departamento de Pando, donde más de 12 personas resultaron muertas el fin de semana. Un periodista del diario La Razón y reporteros de las televisoras privadas PAT y ATB fueron obligados a regresar a La Paz ya que el ejército sostuvo que Cobija no era seguro para la prensa, según La Razón. La Asociación Nacional de la Prensa y varios medios bolivianos señalaron que integrantes de la televisora estatal Canal 7 recibieron un tratamiento preferencial al permitírseles permanecer en Cobija.
En otro incidente, la periodista Claudia Méndez de la red privada de televisión PAT recibió el sábado un impacto de bala en uno de sus tobillos mientras cubría una operación militar en el aeropuerto de Cobija, informó la prensa local.
El 9 de septiembre, activistas de la oposición en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra irrumpieron con violencia en las oficinas de dos medios estatales, destruyendo los equipos y obligando a detener las transmisiones en el marco de dos semanas de protestas antigubernamentales.
“El momento histórico de Bolivia”, un informe especial del CPJ publicado en 2007, concluyó que las tensiones crecientes de clase y étnicas en la sociedad boliviana han alimentado el resentimiento entre el gobierno del Presidente Evo Morales y los medios privados. Durante el último año, crecieron las tensiones entre la mayoría indígena del país y la ciudad oriental de Santa Cruz, zona rica de tierras bajas, dominada por una elite descendiente de europeos.