Nueva York, 27 de noviembre del 2007—Al menos cinco periodistas fueron golpeados por la policía el domingo en Bolivia mientras cubrían protestas antigubernamentales en las cuales murieron cuatro personas y cientos fueron heridas. La violencia tuvo epicentro en la ciudad de Sucre durante manifestaciones contra los esfuerzos del gobierno para aprobar una nueva constitución, según informes de la prensa internacional. En la ciudad de La Paz también se registraron hechos de violencia el lunes, cuando simpatizantes del Presidente Evo Morales acosaron a periodistas y atacaron a medios de comunicación.
La asamblea constituyente de Bolivia aprobó en las primeras horas del domingo un borrador de la nueva constitución, según informes de prensa. Permitiría la reelección indefinida de Morales y, según el presidente, otorgaría poder a la mayoría indígena marginada. La constitución aún debe ser aprobada artículo por artículo y luego sometida a un referéndum.
En Sucre -donde los manifestantes vienen reclamando la reubicación de la ciudad como capital-, Aizar Raldes, fotógrafo de AFP, Ricardo Montero y Pablom Ortiz, fotógrafo y periodista del diario El Deber de Santa Cruz, y Adriana Gutiérrez y Pablo Tudela, reportera y camarógrafo de al estación nacional de televisión PAT, estaban cubriendo las protestas cuando fueron golpeados con puñetazos y patadas por la policía, según informó el matutino La Razón. Los periodistas, que se refugiaron en una casa vecina, no fueron heridos de consideración.
El Presidente Morales lideró el lunes una marcha en La Paz en apoyo a los cambios propuestos. Periodistas que trabajan para los medios privados fueron hostigados por simpatizantes del gobierno en la Plaza Murillo, informó La Razón. Grupos indígenas y militantes del Movimiento al Socialismo gritaron “muera la prensa” y “muera Unitel”, en referencia a la televisora radicada en Santa Cruz, conocida por sus puntos de vista de oposición, según informó el matutino.
Luego de la marcha el lunes, un grupo de manifestantes arrojó piedras contra las oficinas de Unitel en La Paz y se reunieron frente a las instalaciones de las estaciones privadas de televisión PAT y ATB, que pertenecen al grupo mediático español Prisa, y lanzaron amenazas e insultos, según la prensa local.
“Estamos alarmados por los recientes ataques contra la prensa en un momento en que los bolivianos necesitan permanecer informados sobre los cambios políticos cruciales que afectarán sus vidas”, señaló el Director Ejecutivo del CPJ, Joel Simon. “Instamos a las autoridades bolivianas a asegurar que los periodistas puedan trabajar libremente”.
Activistas en defensa de la libertad de prensa expresaron su preocupación sobre algunos artículos con definiciones vagas que pueden dificultar el trabajo de los medios. De acuerdo al nuevo texto constitucional, la información y las opiniones emitidas a través de los medios deben respetar los principios de “veracidad y responsabilidad”, según indicó el matutino La Prensa de La Paz.
“Exhortamos al gobierno boliviano a asegurar que las reformas constitucionales no restrinjan la libertad de prensa”, agregó Simon.
Un funcionario del gobierno condenó los ataques. Sacha Llorente, Viceministro de coordinación con los Movimientos Sociales, sostuvo que los ataques no responden a los movimientos sociales que apoyan al gobierno. La Asociación Nacional de la Prensa emitió un comunicado en el que instó al gobierno a proporcionar garantías de seguridad para que la prensa pueda cumplir con su labor sin temor a la retribución física.
A fines de septiembre, el CPJ publicó un informe especial en el que describe las relaciones antagónicas entre los medios privados y la administración Morales. En el informe, titulado “El momento histórico de Bolivia”, el CPJ documenta la retórica agresiva del presidente y su efecto sobre la libertad de expresión en el país andino. Más de una docena de ataques contra periodistas, en algunos casos perpetrados por manifestantes que simpatizan con el gobierno, se han reportado en meses recientes.