Estimado Sr. De León:
Por la presente el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), una organización sin fines de lucro radicada en Nueva York que se dedica a defender la libertad de prensa en todo el mundo, manifiesta su inquietud por la supuesta participación de agentes estatales en un ataque contra José Rubén Zamora, presidente del consejo editorial del diario elPeriódico, en junio del 2003. Lo instamos a asegurarse de que tales acusaciones sean investigadas a fondo y a enjuiciar a los responsables.
El 20 de enero, elPeriódico publicó un informe especial con los resultados de una investigación privada conducida por Zamora alegando que dos ex integrantes del Estado Mayor Presidencial (EMP), una oficial de inteligencia, y un empleado de la Fiscalía General figuraban entre el grupo de hombres armados que atacó a Zamora y su familia en junio del 2003.
El 24 de junio del 2003, 11 hombres y una mujer fuertemente armados retuvieron a Zamora y su familia por dos horas. Los asaltantes, que se identificaron como agentes del Ministerio Público, irrumpieron en su casa, en Ciudad de Guatemala, y lo retuvieron junto con su familia y empleadas domésticas por dos horas. Los atacantes le apuntaron a Zamora en la cabeza con una pistola, lo llevaron a otra habitación y le dijeron que iban a ejecutarlo. Luego, tras hacerle varias preguntas, llevaron a Zamora con las manos amarradas y los ojos vendados al cuarto donde se encontraba su familia. El hijo menor de Zamora, de 12 años de edad, recibió un golpe en las costillas; y el hijo mayor, de 24 años, fue golpeado en la cabeza al querer defender a su hermano.
Antes de irse, los hombres se llevaron las tarjetas de crédito de Zamora y tres armas de colección. Los atacantes le dijeron a Zamora que conocían la rutina de su familia y que los iban a matar si él denunciaba el hecho. Uno de los atacantes le dijo a Zamora que «molestaba mucho», que le debía 200 mil quetzales (25 mil dólares estadounidenses) por haber evitado que los demás hombres del grupo le hicieran daño a su familia, y que no sabía cuál era el problema que Zamora tenía con «la gente de arriba».
Poco después del ataque, Zamora manifestó al CPJ que un grupo clandestino con nexos con el Estado podía haber sido el responsable de la agresión. La falta de resultados en la investigación del gobierno obligó a Zamora a lanzar una pesquisa privada, cuyos resultados fueron publicados en elPeriódico. El informe sobre la investigación afirma que Edujives Funes Velásquez y Belter Armando Álvarez Castillo, ex integrantes del EMP; Iris Edith Soto López, oficial de contrainteligencia; y Erick Johnston Barrera, empleado de su oficina descrito por Zamora como cercano a usted, presuntamente integraron el grupo armado que atacó al periodista y su familia.
El informe del diario fue el resultado de investigaciones de periodistas del plantel de elPeriódico, de un investigador privado extranjero contratado para la ocasión, y de un oficial militar nombrado por el entonces presidente Alfonso Portillo para investigar el caso. Con la excepción de Johnston Barrera, que negó su participación en el ataque en una carta enviada al diario Prensa Libre, los otros agentes estatales nunca negaron públicamente la acusación, y los intentos del diario por comunicarse con ellos antes de publicar el informe resultaron infructuosos.
Luego de una visita de cinco días a Guatemala en octubre del 2003, el CPJ instó al gobierno guatemalteco a investigar la actuación de grupos clandestinos armados, desmantelar las actividades de estos grupos y a poner fin a la impunidad que rodea a las amenazas y actos intimidatorios contra periodistas.
Estamos conscientes de que su oficina ha creado una comisión especial para investigar las acusaciones del diario, que son particularmente perturbadoras teniendo en cuenta que agentes del estado pudieran estar vinculados en el ataque contra Zamora. Por consiguiente, lo instamos a realizar una exhaustiva y pronta investigación y a enjuiciar a los responsables.
Sinceramente,
Ann Cooper
Directora Ejecutiva