Nueva York, 22 de enero del 2004—El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) condena el allanamiento efectuado el día de ayer por la Real Policía Montada de Canadá (Royal Canadian Mounted Police, RCMP) en la residencia y la oficina de Juliet O’Neill, reportera del diario Ottawa Citizen, en Ottawa, la capital de Canadá.
Las autoridades policiales, quienes actuaron en virtud de una orden de registro, intentaban descubrir la fuente que filtró información gubernamental relacionada con el caso de Maher Arar, ciudadano canadiense de origen sirio que fue deportado por las autoridades estadounidenses a Siria en el 2002.
En la mañana del miércoles 21 de enero, agentes de la RCMP allanaron la residencia de O’Neill y la oficina del Ottawa Citizen en el ayuntamiento de la ciudad. Según versiones de prensa, la policía le confiscó agendas de direcciones y el Rolodex, y copió los archivos de la computadora de la reportera.
Los allanamientos tuvieron lugar como respuesta a un artículo que O’Neill publicó el 8 de noviembre del 2003 sobre el caso de Arar, quien fue detenido por las autoridades estadounidenses en el 2002 cuando hizo escala en Nueva York proveniente de Túnez y con destino a Canadá. Las autoridades lo deportaron a Siria, donde Arar sostiene que fue torturado. Tras ser liberado por Siria en octubre del 2003, Arar regresó a Canadá.
El artículo de O’Neill afirmaba que la RCMP había identificado la existencia de vínculos entre Arar y al-Qaeda, afirmación que ha sido desmentida por Arar.
La RCMP efectuó los allanamientos conforme a lo previsto por la Ley de Seguridad de la Información, aprobada en Canadá después de los atentados terroristas del 11 de septiembre del 2001 en Estados Unidos. La ley prevé sanciones por la distribución o posesión de documentos gubernamentales secretos. En consecuencia, O’Neill y el diario podrían estar sujetos a una demanda penal.
«Las acciones de la policía canadiense constituyen una considerable amenaza a la libertad de prensa en Canadá y, además, envían una terrible señal a los periodistas de otras partes del mundo, cuyos derechos a menudo son restringidos por gobiernos represivos en nombre de la seguridad nacional», declaró Ann Cooper, directora ejecutiva del CPJ.