Nueva York, 12 de noviembre del 2003—El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) está sumamente preocupado por la falta de información sobre la situación de los periodistas cubanos presos Mario Enrique Mayo Hernández, Adolfo Fernández Saínz e Iván Hernández Carrillo, quienes comenzaron una huelga de hambre el 18 de octubre.
Una semana después de que un grupo de familiares intentara infructuosamente visitar a los periodistas y disidentes que se habían declarado en huelga de hambre en la Prisión Provincial de Holguín, en la región oriental de la isla, los huelguistas han sido dispersados y trasladados a otras prisiones.
Según fuentes del CPJ, el grupo de familiares se dirigió a la provincia de Holguín el 6 de noviembre para obtener información sobre los periodistas y disidentes y para tratar de verlos. Ante la negativa de las autoridades penitenciarias de aceptar el pedido del grupo, los familiares pernoctaron en un descampado en las afueras de la prisión. Al día siguiente, el director de la prisión, un capitán que se identificó por el nombre de Israel, atendió al grupo. Israel les dijo que mientras los periodistas y disidentes cometieran «indisciplinas», no se les permitiría ningún contacto con sus familias. Cuando la esposa de Mayo Hernández, Maydelín Guerra Álvarez, preguntó por su esposo, Israel manifestó que había recibido órdenes de trasladar a Mayo Hernández a la prisión de Mar Verde, en la vecina provincia de Santiago de Cuba. El grupo de familiares decidió dejar la prisión el 7 de noviembre bajo la promesa de Israel de que se les permitiría a los prisioneros que llamaran a sus casas, pero hasta el día de hoy las familias no habían recibido ninguna llamada telefónica de parte de ellos.
Tras la partida de la prisión del grupo de esposas y madres, algunos disidentes que se habían sumado a la huelga de hambre han sido llevados a otras prisiones, según fuentes de la oposición en la isla. Fernández Saínz ha sido trasladado a otro destacamento en la misma prisión, de acuerdo con su esposa, Julia Núñez Pacheco. El 11 de noviembre, Guerra Álvarez fue hasta la prisión de Mar Verde pero no la dejaron ver a su esposo. Debido a que las autoridades penitenciarias se han negado a permitir el contacto con los huelguistas, sus familias no han podido confirmar si suspendieron la huelga de hambre o en qué estado de salud se encuentran.
Mayo Hernández y Fernández Saínz se habían sumado a cuatro disidentes presos en una huelga de hambre que comenzó el 18 de octubre y que tenía como propósito protestar por el trato dado a Hernández Carrillo, quien fue enviado a una celda de castigo tras quejarse de un malestar.
El CPJ también ha recibido noticia de que el periodista Manuel Vázquez Portal, quien está encerrado en la prisión de Aguadores, en Santiago de Cuba, comenzó una huelga de hambre el día de ayer. Según Yolanda Huerga, la esposa de Vázquez Portal, ella había recibido información de que Vázquez Portal había iniciado otra huelga de hambre más en apoyo a los periodistas y disidentes encerrados en Holguín. Vázquez Portal fue galardonado este año con uno de los Premios Internacionales a la Libertad de Prensa que entrega el CPJ.
En los últimos cuatro meses, varios periodistas cubanos presos se han declarado en huelga de hambre. En agosto, Mayo Hernández, Fernández Saínz y Hernández Carrillo sostuvieron una huelga de hambre durante 13 días en reclamo de una mejor alimentación y una atención médica adecuada. El mismo mes, Vázquez Portal y el periodista Normando Hernández González, en aquel entonces en la prisión de Boniato, en Santiago de Cuba, se mantuvieron en huelga de hambre por una semana. Como represalia, Vázquez Portal fue luego trasladado a la prisión de Aguadores, mientras que Hernández González fue enviado a una prisión situada en la occidental provincia de Pinar del Río.
Los periodistas, quienes han sido ubicados en pabellones de máxima seguridad y son esposados cada vez que deben salir de sus celdas, han denunciado las malas condiciones sanitarias, la inadecuada atención médica, el aislamiento a que son sometidos y la falta de acceso a la prensa escrita y la televisión. También se han quejado de que los alimentos que reciben huelen mal o están en mal estado.
Un total de 28 periodistas independientes fueron detenidos como parte de una intensa campaña gubernamental en marzo. Los juicios sumarios de los periodistas, que duraron un día, se realizaron a principios de abril a puerta cerrada. Algunos periodistas fueron procesados de conformidad con el Artículo 91 del Código Penal, que prevé largas sanciones de privación de libertad o muerte para todo el que actúe contra «la independencia o la integridad territorial del Estado». Otros periodistas fueron enjuiciados por violar la Ley 88 de Protección de la Independencia Nacional y la Economía de Cuba, que dispone sanciones de privación de libertad de hasta 20 años para toda persona que cometa acciones «que persiguen subvertir el orden interno de la Nación y destruir su sistema político, económico y social».
El 7 de abril, tribunales de toda la isla dictaron penas de cárcel para los periodistas, que oscilan entre 14 y 27 años. Los periodistas permanecieron encarcelados en celdas del Departamento de Seguridad del Estado (DSE) hasta el 24 de abril, cuando la mayoría de ellos fueron trasladados a cárceles ubicadas a cientos de kilómetros de sus hogares. En junio, el Tribunal Supremo Popular, el órgano judicial de máxima instancia, desestimó los recursos de casación que los periodistas interpusieron en abril y ratificó las condenas.
