ueva York, 24 de mayo de 2002 — Un juez brasileño censuró a Carta Capital, un semanario con sede en la ciudad de São Paulo. La revista indicó que enfrentará la decisión en los tribunales.
De acuerdo con artículos de la prensa brasileña y documentos judiciales cuyas copias obtuvo el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), el juez Marcelo Oliveira da Silva, de la 21ra Cámara Civil de Río de Janeiro, ordenó a la revista no divulgar el contenido de conversaciones sostenidas entre el candidato presidencial Anthony Garotinho y Guilherme Freire, este último donante de anteriores campañas de Garotinho, y que Freire había grabado.
El juez indicó que aplicaría a la revista una multa de 500 000 reales (200 000 dólares estadounidenses) si se divulgaba el contenido de las cintas.
Las cintas presuntamente contienen pruebas sin especificar acerca de negocios de Garotinho que en opinión del semanario el público tiene derecho a conocer antes de las elecciones presidenciales fijadas para octubre.
Antes de ser dictada la orden del juez, la revista trató varias veces, infructuosamente, de obtener declaraciones de parte de Garotinho.
El 21 de mayo, Garotinho publicó un artículo de opinión en el diario Jornal do Brasil en el que explicaba su decisión de solicitar un mandamiento judicial. «Como ciudadano que cree en la Constitución de mi país, busqué el camino de la Justicia», sostuvo Garotinho.
Bob Fernandes, jefe de redacción de Carta Capital, declaró al diario O Globo que su revista decidió no publicar el artículo sobre Freire por temor a que se determinara que la publicación había desacatado la decisión del juez. Sin embargo, en su edición del 22 de mayo, Carta Capital publicó un artículo titulado «La historia prohibida», en el cual describía a los lectores los acontecimientos que llevaron al retiro del artículo y anunciaba que el semanario ha decidido enfrentar la orden del juez Oliveira da Silva en los tribunales.
«El CPJ condena este evidente acto de censura, el cual amenaza el derecho de los periodistas brasileños a informar a la sociedad en un momento crucial del proceso democrático», señaló Ann Cooper, directora ejecutiva del CPJ.
En julio del 2001, un juez le prohibió a O Globo publicar transcripciones de conversaciones telefónicas grabadas en las que Garotinho presuntamente autorizaba un soborno. El Jornal do Brasil desde entonces ha publicado, sin repercusiones, el contenido de esas conversaciones grabadas.
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