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NICARAGUA Durante su último año en el gobierno, el presidente Arnoldo Alemán continuó mostrando su intolerancia y hostilidad hacia la prensa. Su gobierno apoyó una ley que requiere la colegiación obligatoria de los periodistas, y otorgó publicidad gubernamental con el fin de premiar o castigar a los medios, según la cobertura informativa de ellos. La mayoría de los periodistas es del parecer que, en comparación con el anterior gobierno de Violeta Chamorro, el que derogó medidas restrictivas y permitió el desarrollo de los medios, la libertad de prensa ha experimentado un retroceso con el gobierno de Alemán. El gobierno de Alemán ha estado plagado por escándalos de corrupción, muchos de ellos revelados por la prensa. El presidente mismo ha sido acusado de haber aumentado cuantiosamente su fortuna mientras estaba en el cargo, y se ha negado a hacer públicas sus declaraciones de impuestos. Alemán ha negado los cargos de corrupción, argumentando que son parte de una campaña de los medios concebida para opacar sus logros. Los periodistas y propietarios de los medios nicaragüenses cuestionaron la Ley 372, que dispone que todos los periodistas se inscriban en el Colegio de Periodistas de Nicaragua. Después de que la Asamblea Nacional aprobara el proyecto de ley en diciembre de 2000, el presidente Alemán lo devolvió a la Asamblea Nacional para que lo sometieran a modificaciones que incluían disposiciones restrictivas tales como la aplicación de sanciones penales a los periodistas no inscritos en el Colegio. La Asamblea Nacional adoptó el proyecto de ley con sus modificaciones en marzo del 2001. A principios de junio, los periodistas y propietarios de los medios nicaragüenses cuestionaron la ley en la Corte Suprema de Justicia, que al momento de redactar este resumen aún estaba por pronunciarse. Según un fallo de 1985 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, radicada en Costa Rica, las leyes que exijan la colegiación obligatoria de los periodistas violan la Convención Americana sobre Derechos Humanos. A pesar de haber prometido en el 2000 que factores políticos no influenciarían más la política publicitaria del gobierno, el gobierno de Alemán continuó enfrentando acusaciones de que manipuló la distribución de la publicidad estatal para premiar o castigar a los medios. A finales de junio El Nuevo Diario, un diario de posiciones cercanas al Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), anunció que el gobierno le había recortado drásticamente la cuota de publicidad estatal, además de haber cancelado las subscripciones de los ministerios y las entidades del gobierno. El mayor beneficiado parece ser el diario oficialista La Noticia, el cual a pesar de su baja circulación recibe una cuota desproporcionada de la publicidad estatal. El diario de Managua La Prensa, mientras tanto, aguarda una decisión de la Corte Suprema acerca de los intentos del gobierno de cobrarle impuestos sobre la base de una auditoría de 1999 que fue realizada después de que el periódico publicara un reportaje sobre la corrupción gubernamental. En las elecciones presidenciales llevadas a cabo el 4 de noviembre el candidato del Partido Liberal Constitucionalista, Enrique Bolaños, derrotó al candidato de la Convergencia Nacional lidereada por el FSLN, el ex presidente Daniel Ortega. Pero durante la campaña, de acuerdo con el destacado periodista Adolfo Pastrán Arancibia, la prensa lanzó acusaciones de corrupción no corroboradas contra ambos candidatos, al parecer en función de agendas políticas y no de una labor informativa. Un proyecto de ley que permitiría mayor acceso a la información pública, permanecía estancado en la Asamblea Nacional a fines de año, pero el presidente electo Bolaños ha prometido ejercer presión para que sea aprobado. Los periodistas locales dicen que la ley es sumamente necesaria debido a la actitud instintivamente reservada del gobierno para con el manejo de la información. |