Ataques a la Prensa en 2001: JAMAICA

JAMAICA

Jamaica goza de considerable libertad de prensa. A pesar de la guerra de pandillas que sacude a toda la nación isleña, los medios no han tenido problemas al cubrir noticias polémicas. «Los medios informan con libertad sobre la delincuencia y la violencia en Jamaica, y esos reportajes cada vez reciben mayor atención en los medios impresos y los de radio y televisión», señaló Donna Ortega, presidente de la Asociación de Prensa de Jamaica (Press Association of Jamaica).

Sin embargo, los periodistas aún tienen acceso limitado a la información gubernamental. «Nosotros en los medios sentimos que impera la cultura del secreto», declaró Ken Allen, editor de la página de opinión del diario The Gleaner. «El gobierno no quiere soltar prenda», añadió.

Actualmente, el acceso a la información se regula por la Ley de Secretos Oficiales de 1911. Un nuevo proyecto de ley presentado ante la Cámara de Representantes el 4 de diciembre podría restringir el acceso a documentos del gobierno si la divulgación de estos pudiera tener efectos nocivos sobre la capacidad del gobierno de manejar la economía o si afecta la seguridad nacional. El Parlamento estudia el proyecto de ley, según Ortega.

Mientras tanto, la empresa Gleaner Company Limited siguió apelando un fallo por difamación basado en una noticia de 1987 de The Associated Press que fue publicada en el diario de la empresa, The Gleaner, y en su periódico vespertino sensacionalista, The Star. La noticia afirmaba que el ex ministro de Turismo Eric Anthony había aceptado sobornos. Luego de que la Corte de Apelaciones redujera la condena de 80,7 millones de dólares de Jamaica (1,7 millones de dólares estadounidenses) a 35 millones de dólares de Jamaica (750 000 dólares estadounidenses) en el 2000, la compañía apeló al Privy Council del Reino Unido, donde el caso seguía en trámites al momento de redactar este resumen. (Jamaica es un país independiente que integra la Mancomunidad Británica de Naciones, y el monarca británico es su jefe de Estado nominal).