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HONDURAS La prensa independiente enfrentó presiones por parte del gobierno del presidente Carlos Roberto Flores Facussé. Poderosos políticos dominaron la atención de los medios durante las elecciones presidenciales de noviembre del 2001, mientras que los pequeños partidos políticos recibieron escasa cobertura y tuvieron acceso muy limitado a la prensa. Tanto el Partido Nacional (PN) como el oficialista Partido Liberal (PL) inundaron la radio y la televisión con anuncios, pero el candidato del PN, Ricardo Maduro, salió victorioso y derrotó al candidato a la presidencia del PL, Rafael Pineda Ponce. En algunos casos, los medios y los políticos no se pueden diferenciar. El presidente Flores, miembro del PL, es dueño del diario de Tegucigalpa La Tribuna. Jaime Rosenthal, un empresario que perdió en las primarias presidenciales del 2000 del PL, es dueño del Canal 11 de televisión y del diario de San Pedro Sula Tiempo. Otros políticos vinculados al PL y al opositor PN, son propietarios de estaciones de radio y televisión nacionales y regionales. El diario de Tegucigalpa El Heraldo, conocido por su línea editorial crítica del gobierno, despidió en mayo a Manuel Torres y Roger Argueta, editor de las páginas de opinión y reportero investigativo, respectivamente, según se dijo debido a presiones del gobierno. En abril, la editora de El Heraldo, Thelma Mejía, renunció, también bajo presiones del gobierno. Los tres habían criticado al gobierno mientras trabajaban en el periódico y, después de su partida, la cobertura de la gestión de Flores se tornó mucho menos crítica. Fuentes locales han especulado que el dueño de El Heraldo, Jorge Canahuati, quien ha ganado lucrativos contratos con el gobierno a través de sus otras empresas, accedió a los despidos por intereses económicos. Los periodistas con frecuencia acusan a los propietarios de los medios de interferir con el trabajo en la sala de redacción. A finales de abril, un grupo de intelectuales, entre ellos varios periodistas, enviaron una carta abierta a los dueños de los medios en la cual los instaban a que permitieran que sus empresas difundieran las noticias de manera objetiva y sin interferencia. En una carta a principios de mayo, la Asociación de Medios de Comunicación, una organización de propietarios de los medios, calificó a la carta abierta de abril de «documento calumnioso» y acusó a los firmantes de «desacreditar a la nación» y de utilizar «el chantaje y la presión psicológica». Los periodistas también son vulnerables al soborno y otras presiones económicas debido a sus bajos salarios. Según versiones creíbles, los políticos y los empresarios han pagado a periodistas para que estos les dieran una cobertura informativa favorable. Los periodistas también han sido «premiados» con préstamos, publicidad estatal o empleos con entidades gubernamentales. La difamación de funcionarios públicos es un delito castigado con hasta cuatro años de prisión según el artículo 345 del Código Penal. El código también dispone hasta seis años de prisión por difamar al presidente. |