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REPÚBLICA DOMINICANA El presidente dominicano Hipólito Mejía ha recibido críticas muy diversas por su política hacia la prensa desde que asumió el cargo en agosto del 2000. Aunque los periodistas dominicanos por lo general tienen libertad para expresar sus puntos de vista y el gobierno no restringe la prensa oficialmente, algunos periodistas se han quejado de que el gobierno ha intentado influenciar la cobertura informativa. El presidente Mejía, con su estilo brusco y a veces antagónico, ha empleado lenguaje ofensivo al referirse a los periodistas y directores que critican su gestión. A finales de junio, el diario El Caribe de Santo Domingo informó que el gobierno de Mejía había desviado fondos de obras públicas con el objeto de comprar autobuses para un plan de transporte público. Con respecto a la noticia Mejía señaló: «Eso es una mentira. Eso solamente está en la mente de Bernardo Vega [director de El Caribe], un idiota de esos que escribe cosas que no son», según el periódico Listín Diario. En una entrevista que sostuvo el 17 de agosto con el diario de Santo Domingo Última Hora, José Tejada Gómez, en ese entonces presidente del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), apuntó que los insultos de Mejía eran habituales, y que su primer año en el cargo estuvo marcado por «constantes conflictos» con los periodistas. Por otro lado, el general de la Policía Nacional Luis Rodríguez Florimón advirtió a principios de agosto que monitorearía los programas de radio y televisión, y amenazó con encarcelar a todo el que criticara u ofendiera al presidente. El general no llevó a cabo sus amenazas, pero sus palabras fueron ejemplo de la reacción de línea dura por parte del gobierno frente a las críticas. Los periodistas dominicanos también se han quejado de los bajos salarios y la inestabilidad laboral, lo cual los hace vulnerables al soborno y otras presiones económicas. Las investigaciones acerca de la desaparición en mayo de 1994 del columnista y académico Narciso González continuaban estancadas a finales del año. González, un fuerte crítico del gobierno y las fuerzas armadas, desapareció _presuntamente a manos de los militares_ luego de criticar públicamente las cuestionables elecciones que llevaron al ex presidente Joaquín Balaguer al poder. Aunque se ha interrogado a ex miembros de las fuerzas armadas y la policía, nadie ha sido procesado en el caso, el cual se encuentra en estudio por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde 1998. El proyecto de ley que busca modificar la Ley sobre Expresión y Difusión del Pensamiento, también conocida como la Ley 6132, fue aprobado en el Senado el 18 de julio, habiendo sido presentado por el presidente Mejía en septiembre del 2000. La propuesta, redactada por organizaciones locales de prensa, ejecutivos de los medios y especialistas en Derecho Mediático, amplía el acceso a la información y dispone sanciones civiles para las demandas por difamación. La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados estaba estudiando la propuesta al momento de redactar este resumen. |