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La sostenida cobertura informativa que los medios dieron a la corrupción durante el 2001 contribuyó a aumentar la presión sobre poderosos congresistas y funcionarios gubernamentales, varios de los cuales se vieron obligados a renunciar tras ser acusados de llevar una conducta poco ética y estar implicados en actos de malversación. En febrero, el semanario ISTOÉ informó que grabaciones de conversaciones entre fiscales federales y el senador Antônio Carlos Magalhães, quien a la sazón era presidente del Congreso, revelaban que Magalhães sabía cómo habían votado los senadores en un voto secreto de junio del 2000 concerniente a un juicio político contra el senador Luiz Estevão. Más tarde se supo que Magalhães y el senador José Roberto Arruda, líder de la coalición oficialista del presidente Fernando Henrique Cardoso en el Senado, habían adquirido la relación del voto secreto por medio de un empleado del registro de votación del Senado. En mayo, los dos senadores renunciaron antes de que la Comisión de Ética del Senado los expulsara por violar el sistema de voto secreto del Congreso. También en mayo, el ministro de Integración Nacional, Fernando Bezerra, renunció luego de que el semanario Veja revelara que una empresa minera en la que él había invertido recibió millones en fondos públicos a pesar de incumplir sus obligaciones contractuales con un organismo gubernamental controlado por Bezerra. La prensa también dio una cobertura sostenida al ex presidente del Senado, Jader Barbalho, quien renunció después de que el Supremo Tribunal Federal, el tribunal de última instancia de la nación, lo despojara de inmunidad parlamentaria y permitiera que los funcionarios que investigaban las acusaciones de corrupción tuvieran acceso a documentación financiera de Barbalho. En una tendencia preocupante, el poder judicial utilizó con mayor frecuencia la censura previa con el pretexto de proteger la privacidad y el honor. En uno de los casos más difundidos, en julio un juez prohibió al diario de Río de Janeiro O Globo publicar la transcripción de grabaciones de conversaciones telefónicas que presuntamente mostraban al gobernador del estado de Río de Janeiro, Anthony Garotinho, autorizando un soborno. Posteriormente otros periódicos publicaron el contenido de las grabaciones. En otro caso, un juez ordenó la incautación de la edición correspondiente al 21 de julio del semanario Tribuna Popular, del estado de Rio Grande do Sul, luego de que la publicación informara acerca de acusaciones de corrupción contra un alcalde local. Los medios también han sido víctima de indemnizaciones monetarias desproporcionadas en juicios por lo civil. DEBATE, semanario del estado de São Paulo, enfrenta la posibilidad de la quiebra luego de que se le ordenara a su propietario pagar 150 000 dólares estadounidenses por concepto de daños y perjuicios en una demanda por difamación de 1995. Aunque el monto fue reducido ligeramente en sucesivas apelaciones, instancias judiciales superiores han confirmado el fallo. El caso sigue pendiente ante un tribunal de apelación. Los periodistas brasileños continúan enfrentando el hostigamiento y la violencia por desempeñar su labor. En febrero, la policía citó a Nilson Mariano y Altair Nobre, periodista y editor, respectivamente, del diario de Porto Alegre Zero Hora, y los conminó a revelar las fuentes de un artículo acerca del jefe de la policía local. Aunque la Constitución brasileña garantiza la protección de las fuentes, la policía les advirtió a los periodistas que de rehusarse podrían ser procesados por falso testimonio, pero ellos guardaron silencio. A mediados de agosto, el periodista Mário Coelho de Almeida Filho fue asesinado a balazos un día antes de declarar en una demanda penal por difamación. El oficial de la policía a cargo de la investigación del homicidio cree que Coelho fue asesinado por un sicario, pero aún no se ha esclarecido si el periodista fue asesinado por sus reportajes. El CPJ continúa siguiendo el caso. Desde 1996, por lo menos cuatro periodistas brasileños han sido asesinados por realizar su trabajo, según las investigaciones del CPJ. En la mayoría de estos asesinatos, los crímenes no han sido resueltos y los autores siguen impunes. En agosto la Associação Nacional de Jornais (ANJ), una asociación de directores de periódicos, reveló los resultados de una encuesta acerca de la credibilidad de los medios brasileños. La encuesta arrojó que los periódicos eran la segunda institución más digna de confianza en Brasil, después de la iglesia católica. Los canales de televisión y las radioemisoras quedaron en cuarto y quinto lugar, respectivamente, detrás de las iglesias protestantes. El gobierno federal, el Congreso y los partidos políticos quedaron relegados a los últimos lugares. Aunque la prensa celebró los resultados de la encuesta, los críticos señalaron que el porcentaje de encuestados que dijo confiar más que todo en los periódicos (15 por ciento), era muy bajo. Un fallo emitido en octubre suspendió el Decreto 972, que había sido dictado en 1969 durante la dictadura militar y que requería que un ciudadano se graduara de Periodismo antes de inscribirse como periodista en el ministerio del Trabajo. En 1985, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, radicada en Costa Rica, dictaminó que la colegiación obligatoria de los periodistas violaba la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Según la ANJ, un proyecto de ley que busca reformar la Ley de Prensa de 1967, permanece estancado en la Cámara de Diputados. Alarmantes disposiciones del proyecto de ley impondrían cuantiosas multas por difamación y harían que los propietarios de los medios quedaran sujetos a pagar indemnizaciones ilimitadas por concepto de daños y perjuicios. Si el proyecto se convierte en ley, los medios pequeños podrían ir a la quiebra por tan sólo una demanda por difamación. El Senado actualmente estudia otro proyecto de ley que prohibiría a los funcionarios públicos filtrar a la prensa información que pudiese dañar la reputación, el honor o la privacidad de cualquier persona que sea objeto de una investigación.
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