Nueva York, 15 de mayo de 2001 — El periodista radial, columnista y profesor universitario panameño Miguel Antonio Bernal comparecerá mañana a juicio para defenderse de una acusación penal por difamación que inició en 1998 el entonces director de la Policía Nacional, José Luis Sosa.
Durante una transmisión en febrero de 1998 del noticiero “TVN-Noticias”, Bernal responsabilizó a la Policía Nacional de la decapitación de cuatro reclusos de la prisión de Isla Coiba a manos de otros presos.
En aquel momento, se citaron declaraciones de Sosa en el diario de Ciudad de Panamá La Prensa en las que decía: “Además de ser falsas las afirmaciones de Bernal, son calumniosas al buen nombre de la institución y contribuyen a debilitar la confianza y el respaldo que la comunidad le ha brindado a la Policía Nacional”.
El juicio se llevará a cabo en el Juzgado Décimo Penal de la Ciudad de Panamá. Bernal enfrenta una sentencia de 18 meses de privación de libertad si se le halla culpable.
Bernal es presentador del programa radial de temas de actualidad “Alternativa”, que sale al aire a diario. También escribe una columna para el diario de Ciudad de Panamá El Panamá América y contribuye a los diarios La Prensa y El Siglo.
En la actualidad, setenta periodistas panameños enfrentan cargos penales por difamación en este país de menos de tres millones de habitantes, de acuerdo con despachos de prensa locales.
«Es sorprendente que los funcionarios de un país democrático abusen de las leyes de difamación criminal para suprimir las voces críticas en los medios», afirmó la directora ejecutiva del CPJ Ann Cooper.
Existe un consenso cada vez más amplio en la comunidad internacional en el sentido de que los funcionarios públicos no deben esgrimir las leyes de difamación criminal para resguardarse del escrutinio público. En su Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión, por ejemplo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos destacó que la protección de la reputación de una persona «debe estar garantizada sólo a través de sanciones civiles, en los casos en que la persona ofendida sea un funcionario público o persona pública o particular que se haya involucrado voluntariamente en asuntos de interés público».
Para más información acerca de la situación de la prensa en Panamá visite www.cpj.org.
El CPJ es una organización independiente y sin ánimo de lucro con sede en Nueva York, y trabaja para garantizar la libertad de prensa alrededor del mundo.
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