Nueva York, 23 de marzo de 2001 — El CPJ presentó hoy un escrito de amicus curiae ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso de la periodista chilena Alejandra Matus.
Matus enfrenta cargos penales por difamación en Chile a raíz de la publicación en abril de 1999 de su obra El libro negro de la justicia chilena, una exhaustiva investigación del sistema judicial chileno. El 2 de octubre del 2000, Matus presentó una querella ante la CIDH, dependencia de la Organización de Estados Americanos (OEA) con sede en Washington, en la que denunció que las autoridades chilenas habían violado sus derechos humanos más básicos.
La Comisión tiene autoridad de recibir querellas y emitir recomendaciones en tales casos.
El escrito fue preparado para el CPJ por el estudio de abogados neoyorquino Debevoise & Plimpton, entre cuyos socios se encuentra James C. Goodale, miembro de la junta directiva del CPJ y destacado abogado experto en asuntos de libertad de expresión.
El caso Matus comenzó el 14 de abril de 1999, cuando el juez del Tribunal de Apelaciones de Santiago Rafael Huerta prohibió El libro negro de la justicia chilena al día siguiente de su publicación. La prohibición se impuso en respuesta a una demanda entablada por el juez de la Corte Suprema Servando Jordán en virtud del Artículo 6b de la Ley de Seguridad del Estado, que data de 1958 y que tipifica como delito contra el orden público el insultar a altos funcionarios del gobierno.
Luego de que el juez Huerta ordenó la confiscación de todos los ejemplares del libro, Matus huyó a Argentina para evitar ser arrestada. En junio de 1999, el presidente y el editor de la casa editorial de Matus, Planeta, fueron detenidos brevemente en relación con el caso.
El 1 de noviembre de 1999, Estados Unidos concedió asilo político a Matus.
El escrito del CPJ argumenta que el «orden público» es amenazado y no fortalecido con la penalización de la difamación, y que los funcionarios del gobierno no deberían gozar de protección especial alguna contra las críticas a su gestión. Asimismo, el escrito alega que debería requerirse prueba de real malicia en todo caso de difamación, ya sea por lo civil o lo penal, y que la confiscación del libro de Matus infringió las normas internacionales contra la censura.
El CPJ tiene la convicción de que un periodista nunca debe encarar responsabilidad penal por lo que escriba, transmita o publique. Sobre la base de estos argumentos, el escrito exhorta a la Comisión a recomendar:
- Que se rechacen todos los intentos encaminados a penalizar la difamación, y en particular que se derogue el Artículo 6(b) de la Ley de Seguridad del Estado de Chile y demás artículos similares;
- Que se desestimen todos los cargos contra Matus;
- Que se adopte una norma de «real malicia» para todos los casos de difamación relacionados con funcionarios públicos o personalidades públicas;
- Que se rechace toda censura previa, y en particular que se deroguen los Artículos 16 y 30 de la Ley de Seguridad del Estado de Chile;
- Que se distribuya El libro negro en Chile sin sanción legal, y se devuelvan todos los ejemplares confiscados por el gobierno.
El escrito se redactó con el asesoramiento de los siguientes integrantes de Debevoise & Plimpton: James C. Goodale, Donald Francis Donovan, Jeremy Feigelson, Erik Christopher Bierbauer y Andrea Guendelman. El escrito podrá verse en este sitio de Internet a partir del lunes. Esperamos presentar en breve una versión en español ante la CIDH, la que daremos a conocer en nuestro sitio cuanto antes.
FIN