Nueva York, 25 de julio de 2001— Tras una lluvia de críticas de parte de la prensa paraguaya, el Parlamento anunció planes de derogar una nueva y controvertida ley de acceso a la información que restringe con severidad la capacidad de los periodistas de obtener documentos oficiales.
El presidente Luis González Macchi firmó la Ley 1728 de Transparencia Administrativa y Libre Acceso a la Información el 16 de julio. La ley supuestamente codifica el Artículo 28 de la Constitución paraguaya, según el cual las fuentes públicas de información son «libres para todos».
En realidad, la Ley 1728 hace que sea sumamente difícil para los periodistas obtener cualquier documento oficial y deja un enorme poder de discreción en manos del presidente y otras autoridades. Por ejemplo, la ley confiere al presidente el poder absoluto de limitar la divulgación de cualquier información que pudiera perjudicar «a la defensa nacional o la seguridad del Estado o a las relaciones internacionales».
Además, cualquier investigación en curso sobre la conducta de un funcionario público está totalmente exenta del escrutinio público, al igual que el acceso a información sobre compras gubernamentales que pudiera dar lugar a la «especulación».
Los periodistas paraguayos sostienen que los funcionarios públicos pudieran aprovecharse de la Ley 1728 para entorpecer o retrasar investigaciones periodísticas sobre la corrupción, y que los complicados trámites burocráticos exigidos para obtener información oficial socavan la capacidad de la prensa de informar sobre el acontecer nacional.
En respuesta a tales críticas, el diputado parlamentario que propuso la legislación original prometió modificarla, según versiones de la prensa local. Y el presidente González Macchi, según versiones de prensa, ha dicho que no examinó bien la ley antes de firmarla porque delegó esa tarea a uno de sus asistentes.
El 19 de julio, el senador Juan Carlos Galaverna presentó un proyecto de ley para derogar la Ley 1728. El 23 de julio, la Comisión de Asuntos Constitucionales aprobó el proyecto de ley por 7 votos a favor y 2 en contra. La próxima semana el proyecto será remitido al Senado y luego a la Cámara de Diputados para una votación final.
«El CPJ está satisfecho de que los funcionarios del gobierno paraguayo hayan escuchado los muchos argumentos legítimos contra la Ley 1728», señaló la directora ejecutiva del CPJ, Ann Cooper. «Esperamos que ninguna ley futura interfiera con el derecho de los periodistas paraguayos de cubrir asuntos de evidente interés nacional.»
FIN