Caracas, Venezuela, 12 de enero del 2007—Una delegación conjunta del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) y el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) manifestó hoy su alarma acerca de la falta de transparencia en la decisión tomada por el presidente venezolano Hugo Chávez Frías de no renovar la concesión de la televisora privada RCTV.
Esta semana, durante la cual el presidente Chávez tomó posesión de su tercer mandato, la delegación examinó las muy polarizadas condiciones para el ejercicio del periodismo en Venezuela. Los funcionarios del gobierno afirmaron que se enorgullecían de fomentar la libertad de expresión en el contexto de lo que ellos denominan “Socialismo del Siglo XXI”. Sin embargo, algunos periodistas le comunicaron a la delegación que el gobierno castiga a los medios críticos impidiéndoles el acceso a los actos y a las fuentes de gobierno, limitándoles la publicidad oficial e imponiendo restricciones a los contenidos.
La disputa relativa a la concesión televisiva de RCTV ha pasado a primer plano. En declaraciones públicas efectuadas antes y después de la toma de posesión del pasado miércoles, el presidente Chávez aseveró que su gobierno no renovaría la concesión de RCTV, que según el gobierno vence el 28 de mayo. Los funcionarios gubernamentales, quienes plantean que el Estado tiene el derecho de otorgar las frecuencias radioeléctricas del modo que considere necesario, han indicado de modo general que la televisora ha violado la legislación vigente. RCTV niega las acusaciones y argumenta que el gobierno sencillamente está suprimiendo a un medio crítico. RCTV, fundada en 1953, se conoce por su línea editorial de férrea oposición al gobierno.
La delegación conjunta CPJ-IPYS se reunió con miembros de los medios privados y estatales, funcionarios gubernamentales, ejecutivos de los medios, defensores de la libertad de prensa, abogados y académicos durante la semana. El CPJ es una organización no gubernamental con sede en Nueva York que se dedica a promover la libertad de prensa en todo el mundo, mientras que el IPYS es una organización de libertad de prensa regional con sede en Lima, Perú. La delegación está compuesta por Victor Navasky, miembro del directorio del CPJ, destacado periodista estadounidense y director emérito de la revista The Nation; Carlos Lauría, coordinador del Programa de las Américas del CPJ; Sauro González Rodríguez, consultor del CPJ; Ricardo Uceda, director ejecutivo del IPYS; y Ewald Scharfenberg, director de IPYS-Venezuela.
“Pese a nuestras reuniones con altos funcionarios de gobierno, las normas y procedimientos para la renovación de las concesiones se caracterizan por la ambigüedad”, manifestó Lauria. “Exhortamos al gobierno a explicar con claridad los criterios seguidos, realizar revisiones imparciales sobre la base de tales criterios y otorgarles a las televisoras y emisoras de radio la oportunidad de defenderse en un espacio neutral”.
Uceda añadió: “Comprendemos que el gobierno tiene el derecho de otorgar las frecuencias radioeléctricas, pero esta función debe ejercerse sobre la base de reglas claras y transparentes”.
En un encuentro con la delegación, el ministro de Comunicación e Información Willian Lara declaró que la decisión de no renovar la concesión de RCTV no fue un acto de represalia política. Lara expresó que el gobierno no tenía que proporcionar una fundamentación jurídica detallada porque no estaba revocando la concesión, sino que estaba aplicando un decreto de 1987 que disponía un plazo de 20 años para la explotación de las concesiones.
Lara refirió que RCTV había infringido la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión al transmitir, entre otras cosas, programación de contenido sexual durante el horario diurno. La Ley de Responsabilidad Social, aprobada en el 2004, ha recibido numerosas críticas de parte de defensores de la libertad de prensa por contener restricciones vagas y generales a la libre expresión. El Artículo 29, por ejemplo, les prohíbe a las televisoras y emisoras de radio la difusión de mensajes que “promuevan, hagan apología o inciten a alteraciones del orden público” o “sean contrarios a la seguridad de la Nación”.
Otros funcionarios de gobierno han ofrecido una serie de acusaciones generales: que RCTV intentó desestabilizar al gobierno venezolano, que violó la ética periodística y que participó en el golpe de estado de abril del 2002. José Vicente Rangel, quien se desempeñó como vicepresidente hasta esta semana, declaró que la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), el organismo encargado de otorgar las concesiones para la explotación de servicios de radio y televisión, había reunido un expediente detallado de las violaciones de RCTV y había seguido un proceso previo a la toma de la decisión.
La delegación trató de examinar el expediente de CONATEL, pero los funcionarios del organismo no respondieron de inmediato a la solicitud. “Hemos intentado hallar pruebas de que el gobierno siguió un procedimiento administrativo claro pero no hemos podido corroborar la afirmación del gobierno de que la decisión estuvo fundamentada en la aplicación estricta de la ley”, manifestó Uceda.
RCTV ha invocado varios argumentos a favor de la renovación de su concesión. El presidente del canal, Marcel Granier, señaló que CONATEL no había respondido a la solicitud formal de renovación de RCTV, conforme lo requiere la legislación vigente, y que el silencio administrativo implicaba la prórroga de la concesión. RCTV explicó que no había tenido la oportunidad de defenderse de las acusaciones del gobierno o dar sus argumentos para la renovación. La televisora argumenta que, según su interpretación de la ley, la concesión continuaba vigente hasta el 2022.
La delegación CPJ-IPYS considera que la ausencia de criterios explícitos para la renovación de las concesiones pudiera tener implicaciones para otras televisoras y emisoras de radio.
“Tomo muy en serio los planteamientos del gobierno respecto a la necesidad de tener diversidad en la propiedad de los medios de comunicación y lo deseable de alentar cooperativas, pequeñas emisoras comunitarias y experimentos con régimen de propiedad mixta pública-privada. Al mismo tiempo considero que no se puede lograr eso y evitar la apariencia de politización indebida sin que exista un proceso transparente”, comentó Navasky, miembro del directorio del CPJ. “Aunque no subestimamos las frustraciones de tratar con medios hostiles, con todo respeto exhortamos al gobierno a mostrar un mayor compromiso con las exigencias de la libertad de expresión”.
Las investigaciones del CPJ y el IPYS demuestran que el gobierno venezolano ha intentado limitar el trabajo de la prensa en los últimos dos años. En enero del 2005, la Asamblea Nacional incrementó de manera drástica las sanciones penales por los delitos de difamación, calumnia e injuria mientras ampliaba las categorías de funcionarios gubernamentales protegidos por las disposiciones respecto al desacato, las cuales sancionan penalmente expresiones consideradas ofensivas a funcionarios públicos e instituciones del Estado. La Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, promulgada en el 2004, entró en vigor al año siguiente.