El CPJ manifiesta su inquietud ante un patrón de actos por parte de la administración Obama que han inhibido el flujo de la información en cuestiones de gran interés público, entre ellos asuntos de seguridad nacional. La guerra del gobierno contra las filtraciones de información a la prensa por medio del empleo de citatorios secretos contra los medios, la afirmación por medio de procesos penales de que filtrar documentos clasificados a la prensa es espionaje o ayudar al enemigo; y las crecientes limitaciones sobre el acceso a información que es de interés público, son actos que coartan una discusión libre y abierta necesaria en una democracia.
Por ello, el CPJ emite las siguientes recomendaciones al gobierno:
-
Declarar y garantizar que los periodistas no estarán en riesgo jurídico ni serán procesados por recibir información clasificada como confidencial y/o secreta.
-
Tener una actitud más comunicativa acerca de la amplitud y la naturaleza de las actividades de la Agencia de Seguridad Nacional y otras actividades de vigilancia en lo referente a su aplicación a periodistas nacionales e internacionales. Elaborar políticas para limitar la vigilancia de las comunicaciones de los periodistas con el propósito de garantizar la integridad del derecho de un periodista a proteger sus fuentes.
-
Implementar directivas modificadas del Departamento de Justicia y prevenir la presentación de órdenes judiciales innecesarias, secretas y/o excesivamente amplias para obtener los registros y otros documentos de los periodistas.
-
Poner fin a la práctica de formular cargos por el delito de espionaje contra personas que filtran información clasificada como confidencial o secreta a los periodistas, lo cual podría crear un grave efecto inhibidor y coartar el libre flujo de la información en asuntos de interés público.
-
Cumplir las promesas de incrementar la transparencia de las actividades gubernamentales, y poner fin a la intimidación gubernamental de funcionarios que pudieran comunicarse con la prensa. Velar por que las respuestas a la solicitudes en virtud de la Ley de Acceso a la Información de Estados Unidos sean más celeras y menos restrictivas, y adoptar iniciativas más sistemáticas y abarcadoras para reducir la clasificación excesiva de la información. Alentar a los funcionarios del gobierno a ser abiertos y receptivos a las solicitudes de la prensa.
-
Defender la definición más amplia posible de los términos “periodista” o “periodismo” en toda ley federal de protección de las fuentes periodísticas. Toda ley federal de protección de las fuentes periodísticas debe proteger el ejercicio periodístico, y no las credenciales, la experiencia o el estatus profesionales, para que no pueda emplearse como un medio para otorgar una licencia gubernamental de hecho.