Se prevé que el nuevo proyecto será presentado ante la Asamblea Legislativa a inicios de la semana que viene. En algos sentidos es mejor que el primer proyecto, pero en otros es peor.
El primer proyecto facultaba a corregidores para sancionar periodistas que publiquen hechos relativos a la vida privada o defectos físicos de alguien. El nuevo proyecto otorga este poder a jueces de familia o de menores. Este cambio aseguraría un tribunal más independiente, porque los jueces de familia y menores no forman parte de la administración civil como los corregidores. El nuevo proyecto también elimina sanciones de prisión.
Pero ambas versiones elevan las penas máximas de US$2.500 a US$10.000. Y según el nuevo proyecto, la sanción será duplicada progresivamente en caso de reincidencia. Mientras el primer proyecto establecía multas máximas de US$1.000 para los directores que no divulguen gratuitamente las aclaraciones o rectificaciones solicitadas por individuos que no estén de acuerdo con la forma en que han sido cubiertos (eso se conoce como el “derecho a réplica”), el nuevo proyecto eleva las penas máximas a US$5.000.
El CPJ está preocupado por los intentos del gobierno, por lo visto malintencionados, de mantener amordazada a la prensa panameña. Instamos al gobierno de retirar el nuevo proyecto de inmediato, y de trabajar por la anulación de todas las leyes mordaza.
Haga clic aquí para la carta que mandó el CPJ en relación al primer proyecto