Acosada Alejandra Matus por su libro "El libro negro de la justicia chilena

April 22, 1999 12:00 AM ET

22 de abril de 1999
Su Excelencia Eduardo Frei Ruiz-Tagle
Presidente de la República de Chile
Palacio de la Moneda
Santiago, CHILE


Su Excelencia,

El Comité para la Protección de Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) le escribe para expresarle que deplora profundamente el encausamiento de la periodista investigativa Alejandra Matus y la confiscación de todos los ejemplares de su libro "El libro negro de la justicia chilena".

El libro de Matus, un recuento histórico de la falta de independencia del sistema judicial chileno, fue publicado el 13 de abril. En consecuencia, el juez de la Corte Suprema Servando Jordán introdujo una demanda ante la Corte de Apelaciones de Santiago invocando el Artículo 6b de la Ley de Seguridad Nacional, según el cual es un delito público insultar a autoridades de alto nivel. El 14 de abril, el juez Rafael Huerta de la Corte de Apelaciones inició un caso contra Matus y ordenó confiscar todos los ejemplares del libro. De ser hallada culpable, Matus podría ser sentenciada a cinco años de cárcel.

Como organización dedicada a la defensa de la libertad de prensa en todo el mundo, el CPJ considera estas acciones como un ataque grave a la libertad de prensa. Violan el Artículo 19 (12) de la Constitución chilena, que garantiza la libertad de expresión y de información y que prohíbe la censura previa.

La medida judicial además viola los primeros dos párrafos del Artículo 13 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que contiene las frases: "Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y transmitir información e ideas de toda índole..." y "El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura...". En el caso Martorell v. Chile (número 11.230), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sostuvo que la decisión de la Corte Suprema en 1993 de censurar el libro de Francisco Martorell "Impunidad diplomática" constituía una censura injustificada, violando el Artículo 13.

El CPJ sostiene que ningún periodista debe ser encarcelado por su trabajo periodístico. Una democracia sana depende del libre intercambio de ideas. Por lo tanto, la buena voluntad de un periodista que defiende la veracidad de su información debe ser suficiente para protegerlo de cualquier medida restrictiva.

Si un denunciante puede demostrar que hubo mala intención por parte del periodista--es decir, que el periodista sabía o debía saber que su información era inexacta al momento de divulgarla-una demanda civil debe bastar para compensar a la parte denunciante.

Hacer de la crítica a un funcionario un delito constituye una ley de desacato. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha declarado que una ley de desacato viola "el principio más fundamental de un sistema democrático, según el cual un gobierno queda sujeto al escrutinio de sus ciudadanos, de tal manera que se pueda evitar o controlar el abuso de poder". En el caso Verbitsky v. Argentina (número 11.012), la Comisión sostuvo que la ley de desacato viola las garantías de libertad de expresión incluidas en leyes interamericanas. La Comisión exhortó a todas las partes velar por la eliminación de tales leyes.

El CPJ sostiene que los periodistas deben gozar de libertad absoluta para informar sobre sus investigaciones de procesos gubernamentales, particularmente las que refieren a denuncias de actividades ilícitas por parte de funcionarios públicos. Un debate público sano inevitablemente implica críticas a funcionarios oficiales. Al convertir tales críticas en delito, la Ley de Seguridad del Estado socava la libertad de prensa en Chile y se convierte en una mancha para el desarrollo democrático chileno.

Por lo tanto, le exhortamos a utilizar el poder de su cargo para impulsar una reforma de la Ley de Seguridad del Estado que convierte en delito cualquier crítica a un funcionario público y permite la confiscación de materiales publicados. Sabemos que la Cámara de Diputados le ha solicitado su respaldo para fortalecer las leyes que garanticen la libertad de expresión. Le exhortamos a tomar acción en ese sentido y trabajar en pro de la revocación de leyes que violan las leyes nacionales e internacionales.

Atentamente,

Ann K. Cooper
Directora Ejecutiva






Ayude al CPJ a denunciar ataques contra la libertad de prensa en Chile

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Su Excelencia Eduardo Frei Ruiz-Tagle
Presidente de la República de Chile
Palacio de la Moneda
Santiago, CHILE

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