Ataques a la Prensa

2012

Los análisis y datos registran las condiciones de libertad de prensa en toda la región. Carlos Lauría describe el surgimiento de los medios estatales como una poderosa herramienta de propaganda. Mike O'Connor revela los intentos fallidos de México para combatir la violencia letal contra la prensa.

Ataques a la Prensa | Cuba, '; ?> Ecuador, '; ?> Nicaragua, '; ?> Venezuela, '; ?>

En algunos países latinoamericanos, los medios estatales se utilizan no sólo como herramienta para la propaganda política, sino también como plataformas para campañas de desprestigio en contra de críticos, incluyendo periodistas. Los líderes electos han invertido en grandes multimedios para promover sus agendas políticas personales. Por Carlos Lauría.

Ataques a la Prensa | México, '; ?>

El presidente prometió defender a los periodistas con un programa federal de protección para periodistas, un nuevo fiscal especial y una nueva ley que convertiría a la violencia contra de la prensa en un delito federal. Ha fracasado en casi todas sus iniciativas.

Ataques a la Prensa | Chile, '; ?> China, '; ?> Egypt, '; ?> Etiopía, '; ?> México, '; ?> Syria, '; ?>

Aunque el comercio y los nuevos sistemas de comunicación nos convierten en ciudadanos globales, la información que necesitamos para asegurar responsabilidad suele detenerse en las fronteras nacionales. Nuevas plataformas como las redes sociales son herramientas valiosas, pero la lucha contra la censura aún no ha terminado. Por Joel Simon.

Ataques a la Prensa | Brasil, '; ?> Filipinas, '; ?> México, '; ?> Rusia, '; ?>

La tasa de impunidad en el mundo sigue obstinadamente elevada, justo por debajo del 90 por ciento. Altos funcionarios en los países más peligrosos por fin están reconociendo el problema--el primer paso en lo que será una larga y dura lucha. Por Elisabeth Witchel

Ataques a la Prensa | Internet, '; ?>
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Ataques a la Prensa | EEUU, '; ?>

Un juez federal falló a favor del periodista James Risen, quien invocó la Primera Enmienda para proteger una fuente confidencial. El Comité de Reporteros para la Libertad de Prensa (RCFP, por sus siglas en inglés) y otros grupos afirmaron que el fallo era una importante victoria para la prensa. El Departamento de Justicia, que apeló la decisión judicial, siguió adoptando una posición agresiva y presentó acusaciones penales contra personas que filtran información clasificada. Varias asociaciones de prensa estadounidenses mostraron preocupación por el creciente número de expedientes judiciales que fueron sellados por la Corte Suprema. El CPJ informó que el Departamento de Estado no cumplió en su primer año con la implementación de la Ley de Libertad de Prensa Daniel Pearl, que exige que las cuestiones sobre libertad de prensa sean incorporadas a los informes anuales del organismo sobre derechos humanos en cada país. WikiLeaks volvió a acaparar titulares cuando divulgó miles de cables diplomáticos estadounidenses que fueron clasificados y sin editar. Un periodista etíope fue obligado a abandonar su país luego de ser citado en uno de los cables. La policía en cinco ciudades arrestó a periodistas y fotógrafos que cubrían las manifestaciones del grupo Ocupa Wall Street, a menudo aduciendo que los periodistas no contaban con acreditación suficiente. Por lo menos otros tres periodistas que cubrían los acontecimientos del movimiento Ocupa fueron atacados por manifestantes o por efectivos de la policía.

Argentina, '; ?> Ataques a la Prensa |

La Corte Suprema de Justicia resolvió en marzo que el gobierno debía aplicar un equilibrio razonable en la distribución de la publicidad oficial. Al dictar su fallo en un caso planteado en 2006 por Editorial Perfil, la mayor empresa editora de revistas del país, la corte intentó frenar la vieja práctica de recompensar a los medios afines al gobierno con publicidad oficial, mientras se castiga a la prensa crítica negándole avisos. No obstante, Perfil y otros críticos del gobierno adujeron que la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien ganó la reelección en octubre, siguió utilizando el mismo sistema de distribución no equitativa. Las relaciones entre el Grupo Clarín, el mayor conglomerado de medios del país, y el gobierno de Kirchner empeoró en marzo luego de que manifestantes, incluyendo a miembros del sindicato de Camioneros, bloquearan las salidas para camiones en la planta impresora del diario Clarín, impidiendo que la edición dominical del periódico fuese distribuida. La circulación del diario La Nación también se vio interrumpida durante varias horas. En diciembre, Kirchner firmó una medida que obligaba al único fabricante de papel para periódicos, Papel Prensa, a someterse a la regulación del gobierno. Grupos de editores indicaron que éste era otro ataque a Clarín y La Nación, que son dueños de una participación mayoritaria en la empresa. El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) documentó una serie de abusos en el interior del país, incluyendo un ataque a un periodista radial, un caso de incendio intencional y un episodio en el cual se disparó contra un equipo de camarógrafos. Un tribunal federal sentenció en octubre a 16 ex militares a condenas a prisión entre 18 años y cadena perpetua por el asesinato del periodista Rodolfo Walsh y otras 85 personas durante la dictadura militar argentina de los años 1976-83.

Ataques a la Prensa | Colombia, '; ?>

Si bien en los últimos años la violencia contra periodistas descendió en forma sustancial, el panorama de la libertad de prensa sigue siendo complicado. Los periodistas continúan siendo víctimas de ataques y amenazas con tal frecuencia que algunos se ven obligados a huir a lugares más seguros dentro de Colombia, o a exiliarse. Un periodista de Arboletes fue asesinado en junio, aunque los motivos del crimen no fueron esclarecidos. En este violento contexto, grupos de prensa temieron por las consecuencias de declaraciones efectuadas por el ex Presidente Álvaro Uribe. El ex mandatario tildó a los veteranos reporteros Juan Forero y Claudia Julieta Duque de ser "simpatizantes del terrorismo", después de que redactaran notas críticas sobre el gobierno de Uribe en el diario The Washington Post. El espionaje ilegal contra periodistas y otros críticos por parte del servicio nacional de inteligencia, un legado del gobierno de Uribe, siguió siendo tema de investigación. Pero el avance fue lento, con casos aún pendientes en contra de más de 20 acusados a fines de año. En un golpe contra la libertad de prensa, la Corte Suprema mantuvo en mayo la vigencia de las cláusulas sobre difamación en el código penal.

2012

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