Ataques a la Prensa

Poderosos carteles de la droga y de violencia creciente situaron los periodistas mexicanos en una situación de vulnerabilidad ante los ataques sin precedentes. El peligroso clima se agravó debido a la dominante cultura de impunidad. La mayoría de los casos de violencia contra la prensa permanecieron sin resolverse, mientras los organismos de seguridad, plagados de corrupción, no realizaron investigaciones exhaustivas sobre los ataques. Sin ninguna garantía de seguridad, los reporteros se autocensuraron en forma creciente para protegerse. Las investigaciones del CPJ mostraron que 24 periodistas han sido asesinados desde 2000, al menos 8 de ellos en represalia directa por su labor. Además, siete periodistas han desaparecido desde 2005.

 Las acciones del gobierno de los Estados Unidos en contra de periodistas en el exterior siguieron deshonrando la imagen del país. Las autoridades finalmente liberaron a dos periodistas detenidos por lapsos prolongados, uno en Irak y el otro en la Bahía de Guantánamo, Cuba, sin nunca haberlos acusado de un delito o presentado evidencia para sustentar las detenciones. Pero el ejército continuó su práctica alarmante de mantener a periodistas detenidos indefinidamente sin debido proceso. Al menos un reportero seguía detenido sin cargos cuando el CPJ divulgó su censo anual de periodistas en prisión.

La intolerancia oficial a la crítica y acusaciones infundadas del gobierno promovieron un clima de temor entre los periodistas venezolanos. Las tensiones alcanzaron un nuevo máximo en septiembre cuando, sin presentar evidencia alguna, el Presidente Hugo Chávez Frías y funcionarios de alto nivel, acusaron a medios privados de conspirar para derrocar al gobierno y asesinar al presidente. Con índices de crímenes violentos en ascenso, el asesinato de un ejecutivo de un periódico y los disparos contra un columnista crítico aumentaron la preocupación sobre la seguridad para los periodistas.