Ataques a la Prensa

Por Joel Simon

En 2008, las cifras de periodistas caídos y encarcelados bajaron en ambos casos por primera vez desde que se lanzó la lucha contra el terrorismo tras los ataques del 11 de septiembre. La guerra contra el terror tuvo un efecto devastador sobre los periodistas y será difícil revertir las tendencias. A lo largo de siete años, los periodistas fueron blanco de asesinatos en números record, mientras que el deterioro en el marco legal internacional llevó a un aumento en el número de periodistas encarcelados.

El narcotráfico y el crimen organizado plantean un grave peligro 

Por Carlos Lauría

Mientras las organizaciones criminales han expandido su poder en la última década, la generalización de la violencia ha socavado la estabilidad política y amenazado a la democracia en América Latina. Periodistas y medios que cubren el crimen y el narcotráfico se han convertido en blanco: La prensa brinda detalles clave acerca de las actividades criminales -nombres, rutas, precios- que pueden perjudicar las operaciones. Las bandas toman represalias.Y el creciente número de muertes, ataques, desapariciones y amenazas está diezmando al periodismo de investigación.

Adhiriendo a un cuerpo creciente de opiniones jurídicas internacionales, dos fallos que sentaron precedente coincidieron en destacar que los funcionarios públicos no deben ser resguardados del escrutinio público. En mayo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos anuló una sentencia penal por difamación contra un periodista local e instó a que Argentina reforme sus leyes de difamación conforme a los estándares regionales. Dos meses después, la Corte Suprema de Justicia de la Nación reafirmó el principio de la "real malicia" al dictaminar responsabilidad en un caso de difamación que involucraba a funcionarios públicos.

Los medios de prensa quedaron atrapados en medio de una lucha por el poder cada vez más profunda entre el gobierno de izquierda del Presidente Evo Morales, un indígena Aymara, y los gobernadores conservadores de la oposición en las tierras bajas orientales. La disputa fue alimentada por las crecientes tensiones entre la mayoría indígena de Bolivia, concentrada en la capital, La Paz, y la oposición de origen europeo establecida en las tierras bajas.

El secuestro y tortura de dos periodistas y de un chofer que trabajaban encubiertos en Río de Janeiro puso en evidencia los riesgos a los que se ven expuestos los periodistas brasileños, especialmente aquellos que informan sobre el crimen organizado en áreas urbanas. Los periodistas que cubrieron las campañas electorales para alcaldías o el legislativo a lo largo del país afrontaron hostigamiento legal y físico.

La violencia letal en Colombia disminuyó por segundo año consecutivo al no registrarse periodistas caídos en represalia directa por su labor. Las autoridades colombianas citaron el aumento de la seguridad en todo el país como motivo de la reciente baja en el número de periodistas muertos, pero los reporteros señalaron que la autocensura generalizada ha ocasionado que la prensa sea menos blanco de ataques. Aún así, la intimidación y las amenazas siguieron siendo un problema serio. Repetidas amenazas de muerte en contra de cuatro periodistas provinciales los obligó a huir de sus hogares. Conocidos periodistas de la capital denunciaron hostigamiento gubernamental como resultado de sus críticas a la administración del Presidente Álvaro Uribe Vélez.

Cinco años después de la represión masiva del gobierno contra la prensa independiente, 21 periodistas permanecían encarcelados en condiciones inhumanas mientras Cuba conservaba su nefasta distinción como el segundo país en el mundo con mayor cantidad de periodistas presos. Solo China tiene encarcelados a más reporteros. Dos periodistas cubanos fueron liberados y se exiliaron durante el año, pero el hostigamiento en contra de reporteros independientes y de sus familias siguió al mismo ritmo. A pesar de la incesante represión, una nueva generación de bloggers criticó abiertamente a las autoridades, ofreciendo alguna promesa de que la libertad de expresión pueda encontrar su lugar.

En julio, la toma por parte del gobierno de casi 200 empresas, incluyendo dos estaciones privadas de televisión que atraían casi el 40 por ciento de la audiencia de noticias en todo el país, le permitió al presidente de izquierda, Rafael Correa, avanzar en su agenda política y ganar mayor control sobre los medios. Luego de esta operación, Correa obtuvo una decisiva victoria en un referéndum sobre una nueva constitución que ampliaría los poderes del ejecutivo y potencialmente debilitaría la libertad de prensa.

La violencia asociada al crimen organizado fomentó una fuerte autocensura, en especial en el interior del país. Al cubrir temas peligrosos, los periodistas escribieron, en ocasiones, sin firmar sus artículos, pero aún así muchos fueron atacados y amenazados. La violencia incesante causó el asesinato de dos periodistas y el secuestro de un tercero.