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El gobierno boliviano embiste contra Página Siete

Por John Otis/Consultor del CPJ para la región andina

El hecho de haber perdido una franja costera en el Pacífico en una guerra contra Chile en el siglo XIX sigue siendo un tema extremadamente sensible en esta nación mediterránea. Cada 23 de marzo, patrióticas ceremonias del "Día del Mar" conmemoran la calamidad, que Bolivia espera revertir por medio de una demanda contra Chile presentada ante la Corte Internacional de Justicia este año.

Pero la disputa también le ha proporcionado al gobierno del presidente Evo Morales una excusa sin fundamento pero al mismo tiempo poderosa para embestir contra Página Siete, publicación perteneciente al grupo cada vez más pequeño de periódicos independientes de Bolivia. En respuesta a las incisivas denuncias de corrupción gubernamental publicadas por Página Siete, funcionarios de gobierno en los últimos meses han catalogado al periódico de vocero de intereses chilenos contrarios a los reclamos territoriales de Bolivia.

La campaña de desprestigio llegó a su apogeo el mes pasado, cuando el periódico publicó un titular erróneo que motivó la renuncia de Raúl Peñaranda, el director de Página Siete.

"Como el gobierno no pudo cerrarnos, entonces comenzó a llamarnos vendidos y traidores", explicó Peñaranda al CPJ en entrevista telefónica desde La Paz. "Ellos recurrieron a la xenofobia para apelar a los instintos más bajos de la población".

Peñaranda, de 47 años, es un veterano periodista y director de periódicos boliviano, y ganador de una beca Nieman de la Universidad de Harvard. Fundó Página Siete en 2010, poco tiempo después de que un consorcio empresarial venezolano adquiriera el diario La Razón, el principal periódico boliviano, así como dos de los canales de TV más importantes del país. Desde entonces estos medios han adoptado una posición más favorable al gobierno de Morales, mientras que las páginas de La Razón están llenas de publicidad oficial.

En cambio, Página Siete ha publicado investigaciones sobre temas que van desde la compra por parte del gobierno de cargueros chinos que nunca fueron entregados, hasta irregularidades en los exámenes de ingreso de la academia de policía, un escándalo que provocó la renuncia del comandante de la policía nacional.

Las consecuencias no se hicieron esperar. Los reporteros de Página Siete fueron marginados en las conferencias de prensa del gobierno mientras que la publicidad de organismos gubernamentales y empresas estatales desapareció de sus páginas. En agosto de 2012, el gobierno presentó una querella penal contra Página Siete y otros dos medios por "incitación al racismo" a pesar de que los tres medios habían informado con precisión sobre un discurso en el que Morales insinuó que los bolivianos del oriente del país eran "flojos". El caso ha permanecido en el limbo desde que la jueza a su cargo fuera destituida por acusaciones de corrupción.

Dos meses después, el vicepresidente Álvaro García sostuvo una extraordinaria conferencia de prensa en la que mostró una gráfica con fotos y árboles genealógicos en un intento poco serio por demostrar el presunto sesgo de Página Siete a favor de Chile.

Las "pruebas" del gobierno se resumían al hecho de que la mamá de Peñaranda es chilena, mientras que Raúl Garafulic, el principal dueño del periódico, es cuñado de Mónica Zalaquett, una diputada conservadora chilena. Zalaquett ha provocado la ira del gobierno de Morales al calificar de "ridículas" las pretensiones históricas bolivianas de recuperar el territorio perdido en la guerra contra Chile.

Sin embargo, Peñaranda afirmó al CPJ que Garafulic es boliviano y que el periódico no recibe ningún respaldo económico de Zalaquett ni de ningún otro ciudadano chileno. Además, sostuvo, los editoriales del periódico han apoyado firmemente los reclamos bolivianas sobre la franja costera del Pacífico en disputa, una posición ratificada por todos menos uno de las dos docenas de columnistas de Página Siete.

Incluso así, el presunto sesgo chileno de la publicación fue resucitado por el presidente Morales el 6 de agosto, aniversario de la independencia de Bolivia. "Quiero que sepan, hay medios, hay periódicos y televisión chilena en Bolivia que quiere perjudicar políticamente y especialmente en la reintegración marítima", expresó Morales en un discurso transmitido a toda la nación.

Poco después, el ministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana, así como otros dos ministros y el presidente del partido de gobierno Movimiento Al Socialismo sostuvieron conferencias de prensa para calificar a Página Siete de caballo de Troya de los intereses chilenos.

El 13 de agosto, el sitio web de Página Siete fue blanco de un ataque cibernético de denegación de servicio, Peñaranda indicó al CPJ, y ahora el periódico solamente se puede consultar en la Internet en formato PDF.  Al día siguiente del ataque, aparecieron letreros en La Paz que denunciaban al diario y sus supuestos vínculos con intereses chilenos. 

En respuesta, destacadas figuras salieron en defensa de Página Siete. El expresidente Carlos Mesa se refirió a los ataques del gobierno como "un exceso". Juan León, presidente de la Asociación Nacional de la Prensa, declaró que el gobierno de Morales intentaba silenciar voces críticas mediante la compra, sometimiento o eliminación de los medios independientes de Bolivia.

"Quintana y el presidente tienen aversión a la libertad de prensa", aseveró el diputado opositor Rubén Darío Rojo. "No soportan el disenso ni el pensamiento crítico".

El mes pasado, poco antes de que Morales viajara a Roma para sostener un encuentro con el Papa Francisco, Página Siete se infligió daño a sí misma al publicar un titular erróneo que afirmaba que cuatro ministros del gobierno habían sido excomulgados de la Iglesia Católica Romana. El artículo se basaba en una entrevista con el secretario general de la Conferencia Episcopal de Bolivia, quien declaró al periódico que los cuatro funcionarios no eran bienvenidos ni a asistir a misa ni a tomar la comunión porque estaban a favor de la despenalización del aborto. Pero el secretario general luego desmintió haber dicho que habían sido excomulgados. 

Peñaranda asumió la responsabilidad por el titular erróneo, ofreció disculpas en Página Siete, y, para limitar el daño al periódico, renunció el 22 de agosto. Desgastado y sin empleo, Peñaranda está pensando en crear una fundación sin fines de lucro para capacitar a jóvenes periodistas. "Simplemente no tuve la energía para continuar enfrentándome al gobierno", afirmó.

11 de Septiembre 2013 5:47 PM ET | | También está disponible en English

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