Policía y partidarios de Correa afuera de la corte. (AP/Dolores Ochoa)
Policía y partidarios de Correa afuera de la corte. (AP/Dolores Ochoa)

Sentencia contra El Universo sienta precedente peligroso para la prensa en las Américas

Nueva York, 16 de febrero de 2012–La  decisión adoptada hoy por el máximo tribunal de justicia ecuatoriano, que confirmó la sentencia por injurias calumniosas contra el diario El Universo tras una demanda iniciada por el Presidente Rafael Correa, representa un serio golpe contra la libertad de expresión y un retroceso para la democracia, afirmó el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés). 

“La decisión de la Corte Nacional de Justicia es decepcionante y peligrosa, ya que sienta un precedente nefasto para la libertad de expresión en las Américas”, indicó Carlos Lauría, coordinador senior del programa de las Américas del CPJ. “Es indignante que el diario líder de Ecuador pueda quedar en la quiebra  y sus directores enviados a prisión por publicar una columna de opinión crítica sobre el presidente”.

En marzo de 2011, el Presidente Correa presentó una demanda contra los directores del diario radicado en Guayaquil, los hermanos Carlos, César y Nicolas Pérez Barriga, y su editor de opinión, Emilio Palacio. Los cuatro fueron condenados en julio y sentenciados a tres años de prisión y a pagar $40 millones de dólares en concepto de daños. Los abogados sugirieron que las multas provocarían la quiebra del diario, que es uno de los más leídos en Ecuador.

La denuncia surgió a partir de una columna de Palacio del 6 de febrero titulada “NO a las mentiras“, en la que se refiere  a Correa en forma reiterada como “el dictador”.  En relación a una rebelión de la policía en septiembre del 2010 en la que tres personas murieron, Palacio alegó que Correa había ordenado a las tropas a disparar a voluntad “sin previo aviso contra un hospital lleno de civiles y gente inocente”, e insinuó que estas acciones podían constituir crímenes de lesa humanidad. Correa, quien se refugió dentro del hospital después de ser físicamente acosado por los manifestantes y tuvo que ser rescatado por militares ecuatorianos, niega haber ordenado a las tropas que disparen.

La sentencia contra El Universo fue confirmada por un tribunal de apelaciones en septiembre. La Corte Nacional de Justicia ratificó la sentencia contra Palacio a finales de diciembre, a pesar de que el periodista había renunciado su posición con El Universo y había huido a Miami unos meses antes. Palacio presentó una petición de asilo político en Estados Unidos la semana pasada.

La decisión de hoy de la Corte Nacional,  integrada por tres jueces, se produjo luego de una caótica audiencia de 15 horas a la que asisitieron Correa y unos 20 integrantes de su gabinete y asesores que ocuparon la mayor parte de la sala en el piso octavo, según informes de prensa. Desde su cuenta de Twitter, Correa instó a sus partidarios a hacer vigilia afuera de la corte hasta que el caso concluya.

Los partidarios del gobierno se reunieron rápidamente afuera de la corte, donde hicieron flamear banderas ecuatorianas, quemaron ejemplares de diarios y gritaron “abajo El Universo” y “La prensa corrupta debe morir”, según un informe de video en la página Web del diario El Comercio. Cerca de 70 policías antimotines con bastones y escudos fueron enviados al edificio a medida que los partidarios de Correa comenzaron a pelear con un grupo de unos 20 activistas de la oposición que portaban cartels señalando: “Ecuador reacciona! Diga no a la dictadura”, según informes de prensa.

Los partidarios de Correa también hostigaron a varios periodistas, incluyendo el fotógrafo de El Universo Diógenes Balderón, quien fue pateado en las canillas, y Romel Iza, un camarógrafo de RTU Televisión, quien recibió un golpe en la cabeza con un palo, según informes de prensa.

Durante un receso en la audiencia, Correa afirmó a un grupo de periodistas>: “De terminar exitosamente este proceso , se desencadenará en Ecuador y toda nuestra América una serie de procesos similares, y será un gran paso para la liberación de nuestra América de uno de los más grandes e impunes poderes como ha sido el de la prensa corrupta”. Sin embargo, la afirmación de Correa se contradice con el creciente rechazo por las sanciones penales de difamación, con varios países latinoamericanos que han decidido en los últimos años que las leyes civiles proporcionan una reparación suficiente, según la investigación del CPJ.

La decisión del máximo tribunal se produjo pasada la medianoche de hoy a pesar de acusaciones de irregularidades en el proceso legal. Numerosos críticos expresaron sospechas en Julio, cuando el juez Juan Paredes emitió una larga decision en menos de 24 horas después de concluido el juicio. El Universo obtuvo una orden judicial que le permitió clonar el disco duro de Paredes para realizar un examen forense. Un consultor ecuatoriano aprobado por la corte encontró irregularidades en el documento, mientras que un experto estadounidense contratado por la defensa afirmó que su propia evaluación mostró que la decisión del juez fue escrita por el abogado de Correa, Gutemberg Vera.

El martes, la juez Monica Encalada, una magistrada de un tribunal inferior quien Paredes indicó le había facilitado documentos escaneados que aceleraron el proceso de redacción de su sentencia, divulgó un video y una declaración donde alegó que el fallo original había sido escrito por Vera. En un comunicado, Encalada sostuvo: “No he colaborado de ninguna manera en agregar ni la mitad de una palabra en la sentencia existente en contra de El Universo”. Alegó que Vera hizo el borrador del fallo y que había ofrecido unos $750 mil dólares a otro juez en el caso para que decida en favor del presidente, según informes de prensa.

Tanto Paredes como Vera negaron las acusaciones, según informes periodísticos. Encalada abandonó el país y llegó a Bogotá, la capital de Colombia, el miércoles por la noche.

César y Nicolás Pérez están actualmente en Miami tratando de obtener apoyo internacional para el caso. No han anunciado cuando o si piensan regresar a Ecuador. El Presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, anunció hoy en su cuenta de Twitter que había otorgado asilo político a Carlos Pérez, quien ahora permanece en la embajada de Panamá en la capital, Quito.

Nicolás Pérez indicó al CPJ, en una conversación telefónica desde Miami, que una vez que la sentencia entre en efecto en unos días, se dictarán órdenes de arresto y podrían ser detenidos una vez que ingresen a Ecuador. Afirmó que “aún estamos conmovidos a pesar de que la sentencia no fue una sorpresa. El fallo va a tener un efecto inhibido entre periodistas, editores y dueños de diarios. Comenzarán a practicar autocensura y censurarán a sus columnistas”. Correa, por el contrario, afirmó a la prensa que “ha brillado la verdad”.

Con el fallo de hoy, El Universo agotó todas las instancias legales domésticas. Pero el caso está siendo revisado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos. El Universo ha solicitado medidas cautelares que ordenarían a Ecuador a suspender la ejecución de la sentencia pendiente de una revisión internacional del caso por la comisión y, más tarde, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, según informes de prensa.

La investigación del CPJ reveló que la administración de Correa ha conducido a Ecuador a una etapa de represión generalizada. Además de interrumpir programas de noticias en medios privados para imponer el punto de vista oficial,  promover medidas legales restrictivas y lanzar campañas de desprestigio contra los críticos, las leyes de difamación tanto en lo civil como en lo penal han sido utilizadas para silenciar a los periodistas críticos. El 6 de febrero, un tribunal ordenó a los periodistas Calderón y Zurita a pagar un millón de dólares en concepto de daños cada uno al presidente Correa, así como también $100 mil dólares en costas legales, según informes de prensa. El presidente había demandado a los periodistas por difamación tras la publicación de su libro, El Gran Hermano, en el que alegaron que el hermano mayor del presidente, Fabricio Correa, había obtenido 600 millones de dólares en contratos estatales, mayormente para la construcción de caminos, según informó la prensa. La ley ecuatoriana prohíbe a integrantes de la familia presidencial hacer uso de sus relaciones para beneficio económico.