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En Ecuador, demanda contra El Universo sentaría precedente peligroso

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Por Sara Rafsky/Investigadora Asociada del programa de las Américas

El caso de difamación del Presidente podría dañar seriamente la libertad de expresión en Ecuador. (Reuters/Guillermo Granja)

Una controvertida condena por difamación en 2011 contra uno de los diarios líderes en Ecuador, El Universo, que se convirtió en un símbolo del deterioro de la condiciones de libertad de prensa bajo el mandato del Presidente Rafael Correa, parece encaminarse a una determinación final. El máximo tribunal del país resolverá la apelación del periódico, aunque la fecha de la audiencia en si misma sigue siendo objeto de intenso debate. Las consecuencias para la libertad de expresión en Ecuador son enormes: la condena, de ser confirmada por la Corte Nacional de Justicia, podría quebrar al diario, encarcelar a sus ejecutivos, y crear un efecto inhibidor que sofocaría el disenso  en los próximos años. Mientras lucha por su existencia, el diario ha montado una defensa agresiva que incluye una acusación contra el juez en primera instancia por supuestamente haber permitido que el abogado del presidente escribiera el fallo.

Cuando la apelación de El Universo finalmente llegue a la Corte Nacional de Justicia es mucho lo que está en juego, incluyendo la reputación del gobierno ecuatoriano. Durante la semana pasada, la disputa entre El Universo y el gobierno extendió a la fecha de la audiencia ante la Corte Nacional y la selección de los jueces que van a juzgar la apelación. Poco antes del horario programado para la audiencia de El Universo el viernes pasado, todavía no estaba claro efectivamente la audiencia tendría lugar. El gobierno insistía en que sí ocurriría mientras los  informes de El Universo señalaban que no. Al final la audiencia fue aplazada y la prensa local está informando actualmente que una nueva fecha podría ser anunciada en cualquier momento.

Pero no importa si la audiencia con la Corte Nacional será mañana, la semana próxima o el mes que viene,  El Universo está cerca de agotar  sus recursos internos en su intento de revocar una sentencia que sorprendió a analistas de todo el hemisferio. En julio, Carlos Pérez Barriga, César Pérez Barriga y Nicolás Pérez Barriga, los ejecutivos (que son hermanos) del periódico de Guayaquil, y también Emilio Palacio, el editor de opinión fueron sentenciados a tres años de prisión y $40 millones de dólares en multas por supuestamente difamar a Correa. La denuncia surgió a partir de una columna de Palacio del 6 de febrero titulada "NO a las mentiras", en la que se refiere  a Correa en forma reiterada como "el dictador".  En relación a una rebelión de la policía en septiembre del 2010 en la que tres personas murieron, Palacio alegó que Correa había ordenado a las tropas a disparar a voluntad "sin previo aviso contra un hospital lleno de civiles y gente inocente", e insinuó que estas acciones podían constituir crímenes de lesa humanidad. Correa, quien se refugió dentro del hospital después de ser físicamente acosado por los manifestantes y tuvo que ser rescatado por militares ecuatorianos, niega haber ordenado a las tropas que disparen.

El presidente tiene un extenso registro de responder al periodismo crítico de manera agresiva y contenciosa. Un informe especial del CPJ, publicado en septiembre, encontró que al enjuiciar a periodistas por difamación en tribunales civiles y penales, interrumpir programas de noticias en medios privados para imponer el punto de vista oficial, promover medidas legales restrictivas y lanzar campañas de desprestigio contra los críticos , la administración de Correa ha conducido a Ecuador a una etapa de represión generalizada.

La sentencia contra El Universo fue confirmada por un tribunal de apelaciones en septiembre. La Corte Nacional de Justicia ratificó la sentencia contra Palacio a finales de diciembre, a pesar de que el periodista había huido a Miami unos meses antes. Cuando se lleve a cabo la audiencia, los ejecutivos y representantes del diario tendrán tal vez una de las últimas oportunidades para asegurar un futuro para el periódico, que es el crítico más fuerte del gobierno.

El equipo de El Universo está intentando impugnar la decisión por todas las vías legales.El retraso de su audiencia en la corte nacional se derivó de una moción presentada por los abogados defensores, que buscaban reemplazar a los jueces seleccionados, a quien acusaron de actuar en forma sesgada en favor del presidente. Al retrasar la audiencia, podrían defender el caso frente a un nuevo grupo de jueces que tomarían posesión a fin de mes. Esa solicitud fue rechazada el lunes, pero la defensa anticipó que apelará.

Por otra parte, la defensa alegó que la decisión original emitida en julio de 2011 por el juez Juan Paredes fue elaborada en realidad por el abogado de Correa, Gutemberg Vera. Muchos críticos expresaron sus sospechas en julio, cuando el juez Paredes difundió su decisión de 156 páginas a poco menos de 24 horas del fin del juicio. El Universo obtuvo una orden judicial que le permitió clonar el disco duro de Paredes para realizar un estudio forense. Un consultor ecuatoriano encontró irregularidades en el documento, pero un experto estadounidense, contratado por la defensa, indicó que la sentencia fue elaborada por Vera. El consultor estadounidense, que comparó el archivo que contenía el fallo con documentos escritos por Vera, señaló que ambos documentos fueron escritos en versiones de Microsoft Word con el usuario, "Chucky Seven." Paredes y Vera han negado las acusaciones. El abogado de Paredes indicó a reporteros que Chucky Seven es el nombre de usuario para la mayoría de versiones pirateadas de Word, como ha informado  El Universo, y por lo tanto existe en miles de computadoras. El Universo ha presentado una demanda penal contra Paredes por cargos de prevaricato y falsedad ideológica, argumentando que no elaboró el fallo. Pero el informe estadounidense no es admisible en la justicia, incluso en la instancia de apelación, porque la contratación del consultor extranjero no fue autorizada por el tribunal. 

Acaso sin importar quien escribió el fallo, expertos en derecho internacional sobre libertad de expresión lo han calificado como un precedente peligroso. Como muestra la investigación del CPJ, la decisión contradice un cuerpo creciente de opiniones jurídicas internacionales en el sentido que los funcionarios públicos no deben ser resguardados del escrutinio público. También va en contra del consenso creciente en América Latina que sostiene que las sanciones civiles proporcionan una reparación adecuada en casos de supuesta difamación. El Universo solicitó la opinión de varios expertos legales sobre el razonamiento del fallo. Jorge Mosset Iturraspe, profesor de derecho en la Universidad de Buenos Aires, escribió:

La responsabilidad por los delitos penales, al igual que la que se desprende de los ilícitos civiles, debe establecerse sobre la base de los daños efectivamente reclamados y probados indubitablemente...No pueden caber dudas acerca de que la suma peticionada por el querellante es harto exagerada, se puede decir que absurda o sin precedentes en el Derecho latinoamericano...La libertad de prensa, el derecho a informar y a opinar, está consagrada en nuestras constituciones y en los Tratados Internacionales que hemos celebrado. La condena... da la sensación de motivarse en la pretensión de desconocer o atacar esa libertad, al exceder lo razonable en el caso. 

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