Veterano periodista panameño preso por difamación

La acusación contra Carlos Núñez López tiene origen en un artículo sobre daño ambiental en la provincia de Bocas del Toro publicado en 2005 en el desaparecido diario La Crónica, su abogado Luis Ferreyra indicó al CPJ. Un terrateniente alegó que su reputación había sido dañada por el artículo, según la prensa local.

Núñez fue primero sentenciado a un año de prisión en diciembre de 2006, según Ferreyra. Un tribunal de apelaciones confirmó la sentencia en agosto de 2008, pero Núñez no fue notificado por sus abogados, agregó Ferreyra. Sostuvo que Núñez agotó todas las instancias legales en Panamá. Ferreyra ha solicitado que su cliente cumpla la sentencia fuera de prisión debido a su edad.

La policía local arrestó a Núñez mientras realizaba un chequeo de documentación de rutina, conocido como “pele-police”, en un cibercafé en Ciudad de Panamá,  según señaló al CPJ la presidenta del Colegio de Periodistas de Panamá Aurelia Marín. El periodista está actualmente encarcelado en el Departamento de Investigaciones Judiciales.

Nuñez ha trabajado para distintos medios locales, incluyendo los diarios Crítica y La Crónica, añadió Marín. Actualmente escribe para el sitio de noticias Web Estudio 1.

“Condenamos la decisión de encarcelar a Carlos Núñez López por el delito de difamación”, señaló el coordinador senior del programa de las Américas del CPJ Carlos Lauría. “La condena debe ser anulada, Núñez debe ser liberado y la Asamblea Nacional de Panamá debe eliminar todas las sanciones penales por el delito de difamación”.

Panamá ha despenalizado parcialmente la difamación: bajo el artículo 192 del código penal, que rige desde mayo de 2008, los delitos de calumnia e injuria no son objeto de sanciones penales en caso de tratarse de funcionarios públicos.

Existe un consenso creciente en América Latina que sostiene que los periodistas no deben ser encarcelados en casos de difamación. En noviembre de 2009, el congreso argentino derogó las disposiciones sobre difamación contenidas en el código penal y, en abril de 2009, el Supremo Tribunal Federal de Brasil anuló la Ley de Prensa de 1967, una norma que imponía duras penas para los delitos de calumnias e injurias.