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CPJ: Cortes y ley de prensa debilitan las libertades de prensa marroqui

Casablanca, Marruecos, 6 de abril del 2007—Una delegación del Comité para la Protección de los Periodistas expresó hoy su preocupación por una serie de sanciones judiciales preocupante que amenaza a la prensa marroquí.

Durante los últimos dos años, las cortes marroquíes han impuesto penas criminales y daños civiles severos sobre publicaciones noticiosas independientes, logrando excluir de su profesión a dos de los periodistas más críticos del país, presionando a un tercero para que abandone el periodismo, y enviando un fuerte mensaje a los periodistas independientes que informan en el reino sobre problemas políticos sensibles. Funcionarios y miembros de la prensa marroquí también están discutiendo enmiendas para la ley de prensa del país que mantendrían en su lugar a rudas penas criminales y podrían abrirle la puerta a nuevas restricciones sobre los medios de comunicación.

“Estos casos recientes amenazan no solamente a la reputación internacional de Marruecos como un oasis de relativa libertad de prensa, sino también a la calidad e integridad de la conversación nacional”, indicó el miembro de la junta directiva del CPJ, Dave Marash, quien es también presentador de noticias de Al-Jazeera en inglés. Marash, uno de los miembros de la delegación, participó en una conferencia de prensa que tuvo lugar hoy como conclusión a una misión de nueve días del CPJ en Casablanca y Rabat.

Esta semana, el CPJ se reunió con editores y reporteros, cabezas de grupos locales de derechos humanos y miembros del gobierno, incluyendo al Primer Ministro Driss Jettou, el Ministro de Información Nabil Benabdullah, y el Presidente de la Cámara de Representantes Abdel Wahid al-Radi para discutir el clima de la libertad de prensa en el país.

Durante las reuniones con funcionarios marroquíes, la delegación del CPJ expresó preocupación sobre varios fallos que parecen haber sido diseñados para presionar y perjudicar financieramente a algunas de las publicaciones independientes más críticas del país. Estos incluyen:

Driss Ksikes and Sanaa al-Aji, Nichane. En enero del 2007, una corte marroquí dictó una sentencia de tres años en prisión para Driss Ksikes, entonces director y editor de la publicación semanal Nichane y para el periodista Sanaa al-Aji por haber denigrado al Islam bajo la ley de prensa y publicación de Marruecos. Los periodistas también recibieron multas de 80,000 dirhams (US$9,300). Los términos de prisión podrían imponerse si cualquiera de los periodistas es condenado por en una ofensa futura. El Primer Ministro Driss Jettou había prohibido Nichane el 20 de diciembre. Los cargos en contra de Ksikes y al-Aji se relacionan con un artículo de 10 páginas que analizaba las bromas populares sobre la religión, el sexo y la política y que se publicó en Nichane a principios de diciembre del 2006. Ksikes renunció más tarde de la revista citando, en parte, preocupaciones por la sentencia condicional que podría reactivarse si volvía ser condenado en otro caso de prensa.

Aboubakr Jamaï and Fahd al-Iraqi, Le Journal Hebdomadaire. En abril del 2006, la Corte de Apelaciones de Rabat ratificó un monto histórico por daños civiles que debía pagar el periódico semanal Le Journal Hebdomadaire en una demanda por difamación instaurada por Claude Monique, la cabeza del Centro Europeo Estratégico de Inteligencia y Seguridad radicado en Bruselas. Una corte más baja había otorgado tres millones de dirhams (US$359,700) en daños a Moniquet, quien sostenía que Le Journal Hebdomadaire lo había difamado con una crítica de seis páginas que cuestionaba la independencia de un informe de su think tank sobre la peleada zona del Sahara Oriental, que fue anexada a Marruecos hace tres décadas. El monto de los daños es el más alto otorgado en un caso de difamación de la prensa en Marruecos, según los periodistas locales. A los abogados de Jamaï se les evitó traer a testigos expertos y el juez nunca proporcionó una explicación de cómo había llegado a un monto tan exorbitante. Jamaï renunció como editor de la revista este año para evitar que las autoridades confisquen sus pertenencias. Desde entonces ha abandonado el país, citando inhabilidad para pagar la multa o para trabajar puesto que las autoridades incautarán sus futuros ingresos.

Ali Lmrabet. En abril del 2005, una corte marroquí condenó al periodista independiente Ali Lmrabet por haber difamado a un grupo hasta entonces desconocido llamado la Asociación de los Parientes de las Víctimas Saharawi de la Represión. La corte le prohibió a Lmrabet trabajar como periodista durante 10 años. El grupo demandó tras la publicación de un artículo de Lmrabet en El Mundo en el que se refería al pueblo Saharawi en la ciudad argelina de Tindouf como refugiados, contradiciendo la posición del gobierno marroquí que se trata de prisioneros del grupo rebelde Frente Polisario. El Polisario, que se encuentra en una lucha por la disputada zona del Sahara Oriental, opera sobre todo afuera de Argelia. Aunque ni la asociación ni su vocero, Ahmed Khmer, quien instauró la demanda, fueron mencionados en el artículo, la corte criminal condenó a Lmrabet.

El monto record en daños contra Le Journal Hebdomadire fue precedido en el 2005 y el 2006 por dos sentencias con multas cada una de 835,000 dirhams (US$100,000) en contra del semanario independiente TelQuel. Los demandantes prescindieron de los pagos más luego.

“Este historial muestra que las cortes marroquíes operan bajo la influencia del gobierno”, señaló Joel Campagna, quien dirigió la delegación del CPJ en tanto Coordinador del Progrma para el Medio Oriente y el Norte de Africa. “Nos es claro que las autoridades presionan económicamente a los periódicos críticos al multarlos con cifras exorbitantes en las cortes”. Estos casos han instado varias veces a los medios noticiosos a suavizar su cobertura, según la investigación del CPJ.

Los procesos judiciales también amenazan a los miembros de la prensa independiente. El 17 de abril se espera una sentencia en el caso de Abdelaziz Koukas, editor del periódico semanal Al-Ousbouiya al-Jadida, quien está acusado de difamar a la monarquía. En junio del 2005, Koukas publicó una entrevista con Nadia Yassine, hija del Sheik Abdal-Salam Yassine, quien dirige la organización islamista fuera de la ley, Justicia y Caridad. Yassine criticó a la monarquía, lo cual constituye una ofensa constitucional, y dijo que a Marruecos le iría mejor como república. Koukas podría enfrentarse a cinco años de cárcel y a una multa de hasta 100,000 dirhams (US$11,800). La revista podría ser clausurada.

Muchas de los procesos resaltan las restricciones impuestas por la ley de prensa marroquí del 2002, la cual enumera una variedad de penas posibles. Un borrador de la ley de prensa, actualmente bajo discusión entre editores, periodistas y el gobierno, mantendría varias penas criminales para los periodistas que se considera violaron las reglas vagamente explicadas contra la ofensa de la monarquía, Islam, y las instituciones estatales como el ejercito y el poder judicial. Quienes ofendan a estas instituciones podrían enfrentar penas de cárcel y multas pesadas por la violación de las prohibiciones de contenido, las cuales incluyen la cobertura crítica de la soberanía sobre el Sahara Occidental.

Este Nuevo borrador de la ley también estipularía la creación de un Consejo Nacional de la Prensa con 15 miembros que serían nombrados por el rey, los periodistas y los editores. Uno de los borradores de las enmiendas le otorga al consejo el poder de prohibir a los periodistas trabajar en su campo y de imponer sanciones económicas a periodistas y periódicos que violan un futuro código de ética. La cabeza del Sindicato de Periodistas Marroquíes indicó al CPJ que el borrador más reciente ha eliminado estas provisiones. Tanto él como los funcionarios del gobierno de Marruecos señalaron al CPJ que la redacción de las enmiendas sigue siendo discutida y está abierta a mejoramientos.

“La redacción de una nueva ley de prensa es una oportunidad para que Marruecos despenalice las sanciones contra periodistas y para que implemente los remedios civiles reconocidos internacionalmente para la difamación y el error periodístico”, indicó Marash. “Es una oportunidad para que Marruecos renueve su dedicación a la libertad de prensa y de expresión y al acceso de ideas, opiniones e información”.

Kamel Labidi, consultor del CPJ para el Programa del Medio Oriente y el Norte de África, también participó en esta misión.


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