La respuesta al COVID-19 en Latinoamérica tiene un efecto negativo sobre la libertad de prensa

El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) y la Fundación Thomson Reuters investigan el impacto de las medidas de emergencia oficiales sobre las restricciones a los medios

Nueva York, 30 de junio de 2021—Muchas de las medidas de emergencia promulgadas en Latinoamérica en respuesta al COVID-19 han limitado la libertad de prensa y pudieran tener repercusiones negativas a largo plazo para la libertad de expresión, según un nuevo informe que sale a la luz cuando la cifra de personas fallecidas por la pandemia en la región sobrepasa un millón y el acceso a las vacunas es escaso.

El informe “Medidas de respuesta al COVID-19 que afectan la libertad de prensa” analiza las leyes y medidas de emergencia que se adoptaron en Bolivia, Brasil, República Dominicana, El Salvador y Perú. Fue facilitado por TrustLaw, el servicio pro bono global de la Fundación Thomson Reuters, en alianza con el Comité para la Protección de los Periodistas y con el apoyo de los equipos pro bono de estudios jurídicos de cada país.

De acuerdo con los hallazgos del informe, las respuestas oficiales al COVID-19 han afectado con frecuencia la capacidad de la sociedad para acceder a la información, inclusive a recomendaciones y noticias cruciales en materia de salud pública.

“La respuesta oficial al COVID-19 ha exacerbado la ya de por sí precaria situación de los periodistas en Latinoamérica, en particular en El Salvador y Brasil, donde las medidas estuvieron en sintonía con las tendencias antiprensa de gobernantes cada vez más autoritarios”, declaró Natalie Southwick, coordinadora del Programa de Centroamérica y Sudamérica del CPJ. “Este informe demuestra que los encargados de formular políticas en toda la región deben tomar en cuenta los derechos fundamentales a la hora de promulgar medidas de emergencia. La respuesta actual a la pandemia no debe limitar —ni abierta ni involuntariamente— la libertad de prensa y el derecho de la sociedad a acceder a información crucial”.

Los gobernantes en toda Latinoamérica no tomaron en cuenta las necesidades de los periodistas e implementaron regulaciones con una redacción excesivamente amplia que permitió criminalizar en mayor medida la libre expresión, según el informe. No obstante, en algunos casos, como en Bolivia y Brasil, la presión pública de la sociedad civil conllevó a la anulación de varias políticas problemáticas, de acuerdo con el informe.

Si bien algunas medidas tuvieron consecuencias negativas imprevistas para la prensa, en ciertos casos Gobiernos represivos utilizaron la pandemia como pretexto para aumentar la censura y menoscabar la transparencia. Por ejemplo, en El Salvador y Brasil el Gobierno nacional suspendió las actividades de organismos encargados de responder a los pedidos de información pública de la ciudadanía. Ello creó un agujero negro respecto a cuestiones como los contratos gubernamentales destinados a los centros médicos y la adquisición de insumos, la campaña de vacunación, y hasta las tasas de hospitalización y mortalidad, de acuerdo con los hallazgos del informe. Las medidas tomadas en algunos países perjudicaron desproporcionadamente la capacidad de los sectores más vulnerables para acceder a la información.

“Los medios son un pilar fundamental de cualquier sociedad libre, justa e informada y, con esta pandemia global, nunca ha sido tan urgente la necesidad de proteger la libertad de prensa y la crucial circulación de información precisa que salva vidas. En Latinoamérica se sigue atacando la libertad de prensa, los periodistas son víctimas del hostigamiento y demandas abusivas, y a los medios independientes les cuesta tener acceso a la información oficial”, declaró Carolina Henríquez-Schmitz, directora de TrustLaw. “Esperamos que el CPJ y otras organizaciones defensoras de la libertad de prensa puedan utilizar este informe para impulsar su labor en materia de protección de los derechos a la libertad de expresión, la libertad de prensa y el acceso a la información, especialmente en países con comunidades vulnerables cuyas libertades ciudadanas se han visto afectadas desproporcionadamente por las medidas contra el COVID-19”.

Lea el informe íntegro en los idiomas inglés y español.       

Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés): El Comité para la Protección de los Periodistas es una organización independiente y sin fines de lucro que promueve la libertad de prensa en todo el mundo. Defendemos el derecho de los periodistas a difundir noticias en condiciones de seguridad y sin temor a represalias.

Fundación Thomson Reuters: Es la fundación corporativa de Thomson Reuters, la empresa global de servicios noticiosos e informativos. Nos dedicamos a promover la libertad de prensa, crear conciencia de cuestiones de derechos humanos y fomentar economías más inclusivas. Mediante iniciativas de periodismo, desarrollo de medios, asistencia jurídica gratuita y convocatoria, combinamos nuestros servicios únicos para impulsar el cambio sistémico.

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