Nueva York, 7 de febrero de 2017–Las autoridades guatemaltecas deben realizar una investigación pronta y seria del asesinato de un periodista y un trabajador de radioemisora, determinar el móvil del crimen y llevar a los responsables ante la justicia, declaró hoy el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés).
El 1 de febrero, cortadores de caña encontraron los cadáveres de Laurent Ángel Castillo Cifuentes y Luis Alfredo de León Miranda en una finca en las afueras de la ciudad de Santo Domingo, en el suroccidental departamento guatemalteco de Suchitepéquez, según informaciones de prensa. Ambos cadáveres tenían las manos y las piernas atadas y presentaban heridas de bala en la cabeza, según la organización de libertad de prensa guatemalteca CERIGUA, que citó como fuente al Ministerio Público, el organismo que comprende la Fiscalía General y las fuerzas de seguridad pública.
“El asesinato de Laurent Ángel Castillo Cifuentes y Luis Alfredo de León Miranda contribuye a enrarecer el clima de libertad de prensa en Guatemala, donde los periodistas ejercen la profesión con el constante temor a la intimidación y la violencia”, declaró Joel Simon, director ejecutivo del CPJ. “El Gobierno guatemalteco debe investigar exhaustivamente estos asesinatos, y debe cumplir sus promesas de proteger a los periodistas y garantizar que puedan ejercer la profesión de manera segura en todo el país”.
La Fiscalía de Suchitepéquez, entidad dependiente del Ministerio Público, no respondió de inmediato a las llamadas telefónicas y las solicitudes por correo electrónico del CPJ para que declarara al respecto.
Funcionarios del Ministerio Público declararon que había iniciado la investigación del asesinato de Castillo y De León, pero no ofrecieron ningún otro detalle, según versiones periodísticas.
Castillo, de 28 años, cubría las fuentes del Deporte y la Cultura para el periódico Nuestro Diario, y radicaba en la ciudad de Coatepeque, en el vecino departamento de Quetzaltenango, declaró al CPJ Jorge Mario García, editor regional del periódico.
Familiares de Castillo declararon a la prensa que el periodista había salido de su hogar el 28 de enero para cubrir actividades relacionadas con el carnaval de Mazatenango, capital de Suchitepéquez, pero nunca regresó. El padre de Castillo declaró que había hablado por última vez con su hijo en la mañana del 1 de febrero, según las versiones de prensa.
De León, de 30 años, publicista de una radioemisora local, Coaltepec, acompañaba a su amigo al carnaval, según informaciones de prensa.
De acuerdo con el diario Prensa Libre, una fuente cercana a la familia de Castillo declaró que recientemente el periodista había cambiado de número telefónico, ya que había recibido amenazas telefónicas de personas que intentaban extorsionarlo, pero que la familia no estaba al tanto de ningún problema relacionado con su trabajo periodístico. García declaró al CPJ que no creía que Castillo hubiera recibido ninguna amenaza por su cobertura informativa.
El procurador de los Derechos Humanos de Guatemala, Jordán Rodas, mediante Twitter instó a la realización de una pronta investigación y exigió a las autoridades la implementación del Protocolo de Protección a Periodistas.
En 2013, el entonces presidente guatemalteco se comprometió a crear un plan de protección nacional para periodistas, pero el Gobierno aún no lo ha implementado.
Suchitepéquez y Quetzaltenango, cercanos a la frontera de Guatemala con México, han sido históricamente zonas de narcotráfico y violencia, según datos del CPJ. García declaró al CPJ que los periodistas de la región se autocensuran y con frecuencia no informan sobre cuestiones locales por temor a represalias y la violencia.
En 2015, dos sujetos no identificados asesinaron a balazos al reportero de Prensa Libre Danilo Zapon López y al periodista de Radio Nuevo Mundo Federico Salazar, cuando López y Mundo caminaban en un parque de Mazatenango. En enero de 2018, el diputado Julio Juárez Ramírez fue arrestado y las autoridades lo están enjuiciando por la presunta autoría intelectual de los asesinatos. Juárez ha rechazado todo vínculo con los asesinatos, según Prensa Libre.