Por segundo año consecutivo, la cifra de periodistas encarcelados por su labor informativa alcanzó un nivel récord, en tanto Estados Unidos y otras potencias occidentales no aplicaron presión a los países con el peor historial de encarcelamiento de periodistas –Turquía, China y Egipto– para que mejoraran el sombrío panorama en materia de libertad de prensa. Un informe especial del CPJ elaborado por Elana Beiser
Publicado el 13 de diciembre de 2017
La cifra de periodistas encarcelados en todo el mundo alcanzó otro nivel récord en 2017, y por segundo año consecutivo más de la mitad de los periodistas encarcelados por su trabajo se encuentran presos en Turquía, China y Egipto. Semejante patrón refleja el rotundo fracaso de la comunidad internacional a la hora de enfrentar una crisis global de libertad de prensa.
Lejos de aislar a países represivos por su comportamiento autoritario, Estados Unidos, en particular, se ha congraciado con líderes autoritarios como el mandatario turco Recep Tayyip Erdoğan y el mandatario chino Xi Jinping. Al mismo tiempo, la retórica nacionalista, la obsesión con el extremismo islámico y la insistencia en calificar a los medios críticos de “noticias falsas” por parte del presidente Donald Trump sirve para reforzar la estructura de acusaciones y delitos que les permite a tales líderes presidir el encarcelamiento de periodistas. A escala global, casi tres cuartas partes de los periodistas presos han sido acusados de cometer delitos contra el Estado, muchos de ellos en virtud de disposiciones contra el terrorismo vagas y excesivamente amplias, mientras que la cifra de periodistas presos por acusaciones de “difundir noticias falsas”, aunque pequeña, creció a un nivel récord de 21.
En su relación anual de casos de periodistas presos, el CPJ constató que 262 periodistas están en prisión en todo el mundo por su trabajo informativo, una nueva cifra récord luego de haber alcanzado el histórico nivel de 259 en 2016. Los tres países con el peor historial de periodistas encarcelados son responsables de encerrar en prisión a 134 –equivalente al 51 %– del total de periodistas. El CPJ ha llevado estadísticas anuales sobre casos de periodistas presos desde principios de la década de 1990.
Turquía, pese a haber liberado a algunos periodistas en 2017, sigue siendo el país con el peor historial de periodistas presos por segundo año consecutivo, con 73 periodistas encarcelados, en comparación con 81 en 2016. Decenas de periodistas enfrentan juicios, y nuevos arrestos ocurren con regularidad. En varios otros casos de periodistas turcos, el CPJ no logró establecer la existencia de vínculos con la labor periodística. Otras organizaciones de libertad de prensa que utilizan una metodología distinta tienen cifras más elevadas. Según las investigaciones del CPJ, todos los periodistas que están encarcelados por su trabajo periodístico en Turquía han sido investigados por cometer delitos contra el Estado, o han sido acusados de tales delitos, al igual que los periodistas que figuraban en la relación de casos de 2016.
La campaña contra la prensa turca, que las autoridades habían emprendido a inicios de 2016 y que habían acelerado luego de un fallido intento golpista en julio de ese año –el cual el Gobierno atribuyó a una presunta organización terrorista encabezada por el clérigo exiliado Fethullah Gülen–, mantuvo su ritmo en 2017. Las autoridades acusaron a algunos periodistas de realizar actividades terroristas solamente por el presunto empleo de una aplicación de mensajes, Bylock, o por tener cuentas bancarias en instituciones presuntamente vinculadas a Gülen.
Puesto que el gobernante partido AKP de Erdoğan hasta hace pocos años había estado alineado con el movimiento encabezado por Gülen, la campaña gubernamental a veces llevó a circunstancias claramente absurdas. Por ejemplo, el destacado periodista Ahmet Şık fue absuelto del delito de terrorismo en abril luego de un juicio que se prolongó seis años y en el cual los acusados declararon que habían sido víctimas de la Policía y de funcionarios judiciales vinculados a Gülen. Sin embargo, Şık permaneció encarcelado debido a nuevas acusaciones de terrorismo por presuntos vínculos a Gülen, y muchos de los agentes policiales, fiscales y jueces que habían iniciado el proceso original se vieron acusados ellos mismos de actividades terroristas. Şık señaló la contradicción en una larga declaración ante el tribunal en julio, en la cual precisó: “En Turquía, algunos miembros del Poder Judicial se han convertido en enterradores de la justicia”.
Otros casos demostraron descaradamente las brutales tácticas de censura de las autoridades turcas. El 31 de marzo, un tribunal de Estambul ordenó la liberación, a la espera de juicio, de por lo menos 19 periodistas encarcelados a raíz del intento golpista, pero el fiscal apeló y los periodistas fueron arrestados nuevamente antes de abandonar la prisión. Los jueces que habían ordenado la liberación fueron suspendidos.
El Gobierno de Erdoğan pareció pagar poco precio por sus tácticas represivas. En abril, Erdoğan ganó un referendo por escasa mayoría –en medio de objeciones de procedimiento por parte de la oposición que fueron ignoradas–, el cual abolirá el sistema parlamentario del país y le otorgará amplios poderes. En el plano internacional, funcionarios alemanes, entre ellos la canciller Angela Merkel, han solicitado repetidamente la liberación del periodista turcogermano Deniz Yücel, quien trabaja para el periódico alemán Die Welt y quien ha estado detenido desde el 14 de febrero sin que las autoridades le hayan formulado cargos. Pero los aliados de la OTAN están vinculados por el papel de Turquía en la admisión de refugiados sirios y otros acuerdos de cooperación. Trump, por su parte, recibió a Erdoğan en la Casa Blanca en mayo y en fecha más reciente lo elogió y calificó de amigo.
Otro líder que disfruta de su posición mundial es el presidente Xi. En China, la cifra de periodistas en prisión ascendió de 38 en 2016 a 41 en 2017. En una visita a Beijing en noviembre, Trump no hizo ninguna alusión en público a los derechos humanos, pese a una sostenida campaña gubernamental que ha llevado al arresto de periodistas, activistas y abogados chinos. Ante el incremento de las tensiones entre Estados Unidos y Corea del Norte, vecino chino, y ante el interés de Trump de renegociar la balanza comercial con Beijing, “Trump pareció indicar la inversión de los papeles: Estados Unidos ahora puede necesitar la ayuda de China más que a la inversa”, escribió el diario The New York Times.
La visita se desarrolló poco después de que Xi reforzara el control del poder en el congreso del Partido Comunista, donde su nombre quedó incorporado a la Constitución y no se declaró a ningún sucesor. Según informaciones de prensa, los analistas no esperan una mejora en el ámbito de los derechos humanos.
Mientras tanto, el ganador del Premio Nobel Liu Xiaobo murió de cáncer de hígado en julio en un hospital chino, luego de habérsele otorgado la excarcelación por motivos médicos un mes antes, lo cual pone en entredicho que haya recibido atención médica adecuada en prisión. China negó el pedido de Liu de viajar al extranjero para recibir tratamiento tras su excarcelación. El escritor Yang Tongyan murió en noviembre en circunstancias similares, poco después de ser excarcelado por motivos médicos, con un grave tumor cerebral. Otro periodista encarcelado y en precario estado de salud es Huang Qi, quien sufre de una enfermedad renal y cuyo abogado declaró al CPJ que las autoridades le habían suspendido al periodista su dieta especial y su tratamiento médico.
Más de la mitad de los periodistas presos en Egipto, donde la cifra de periodistas en prisión descendió de 25 en 2016 a 20 en 2017, también están en mal estado de salud. Uno de ellos es el fotógrafo Mahmoud Abou Zeid, conocido como Shawkan, quien fue arrestado mientras cubría la represión violenta de una manifestación por parte de las fuerzas de seguridad egipcias y quien ha estado en detención preventiva por más de cuatro años. Él y los otros 738 acusados en el mismo proceso fueron acusados de posesión de armas, reunión ilícita, intento de asesinato y asesinato, según investigaciones del CPJ. Shawkan está anémico y necesita transfusiones de sangre, pero se le negado el ingreso a un hospital, según su familia. De los 20 periodistas en las cárceles egipcias, 12 no han sido ni condenados ni sentenciados por ningún delito.
El prolongado encierro de periodistas egipcios ocurre cuando el presidente Abdel Fattah el-Sisi combate a violentos extremistas y lucha contra el alto desempleo en el país, y mientras los Gobiernos egipcio y estadounidense cooperan estrechamente en materia de seguridad. Poco después del encuentro sostenido entre el-Sisi y Trump en la Casa Blanca en abril, el Gobierno egipcio aprobó una draconiana ley antiterrorismo que profundizó la campaña contra la prensa pues les permite a las autoridades colocar a periodistas absueltos del delito de terrorismo en una lista de vigilancia de terroristas que limita sus derechos financieros y de otra índole, según informaciones de prensa.
En Egipto y China, como en Turquía, con mucho la acusación más común utilizada contra periodistas es cometer delitos contra el Estado. A escala global, 194 periodistas, equivalente al 74 % del total, están en prisión acusados de delitos contra el Estado. El CPJ ha constatado que los Gobiernos de muchos países emplean leyes contra el terrorismo con una redacción vaga y excesivamente amplia para intimidar y silenciar a periodistas críticos. Tales disposiciones legales con frecuencia mezclan la cobertura de actividades terroristas con la tolerancia de tales actividades.
Un total de 35 periodistas en todo el mundo están en prisión sin que se conozca de manera pública de qué delito los acusan. La falta de debido proceso en algunos países trae como resultado un vacío informativo tal, que se le hace prácticamente imposible al CPJ determinar por qué motivo ha sido encarcelado un periodista, si padece de algún problema de salud y a veces hasta si sigue con vida. En países como Eritrea y Siria, a periodistas de quienes lo último que se sabía era que habían sido detenidos por el Gobierno, nadie los ha visto ni escuchado en años. Los siete periodistas que están en las cárceles del Gobierno sirio han estado presos por lo menos cuatro años, en medio de versiones no confirmadas de tortura o ejecución. El CPJ continúa mencionando a los periodistas en su relación de casos para responsabilizar al Gobierno de su paradero e integridad física.
Por otro lado, un cambio de Gobierno puede llevar al CPJ a reclasificar la condición de un periodista. En Gambia, donde el antiguo líder Yahya Jammeh fue expulsado del poder en diciembre de 2016, el Gobierno del presidente Adama Barrow ha expresado interés en determinar lo sucedido al periodista Ebrima Manneh, quien fue arrestado en 2006 pero no ha sido visto desde por lo menos 2008. Durante varios años Jammeh y funcionarios de su Gobierno habían efectuado vagas y contradictorias declaraciones sobre la condición del periodista. En concordancia con las expectativas de la familia, este año el CPJ sacó a Manneh de la relación de casos de periodistas presos y lo colocó en su lista de periodistas caídos en el ejercicio de la profesión.
Otros hallazgos de la relación de casos de periodistas presos del CPJ son:
- El 97 % de los periodistas encarcelados son periodistas locales.
- Del total de periodistas presos en todo el mundo, 22 de ellos –equivalente al 8 % del total– son mujeres.
- Los periodistas freelance representan 75 casos, lo que equivale al 29 % del total.
- La política es con mucho la fuente más peligrosa, y el 87 % de los periodistas presos se dedicaban a la cobertura de la política. Muchos periodistas cubren más de una fuente.
- Países que aparecen en la relación de casos por primera vez en por lo menos los últimos 12 meses: Argelia, Camboya, República Democrática del Congo, Ecuador, Guinea Ecuatorial, Guatemala, Iraq, Marruecos, Níger, Pakistán, República del Congo, Somalia, Uganda y Ucrania.
La relación de casos de periodistas presos solamente incluye a los periodistas encarcelados por las autoridades gubernamentales y excluye a los que han desaparecido o permanecen en cautiverio en poder de actores no estatales, como es el caso de varios periodistas yemeníes que el CPJ cree están en poder del movimiento Ansar Allah, conocido como los hutís. Estos casos se clasifican como “desaparecidos” o “secuestrados“.
El CPJ define como periodistas a personas que cubren las noticias o emiten comentarios sobre asuntos de interés para la sociedad en medios como impresos, fotografías, radio, televisión e Internet. En sus estadísticas anuales sobre periodistas presos, el CPJ solamente incluye a los periodistas que, según ha corroborado, han sido encarcelados por su labor informativa.
El CPJ considera que un periodista no debe ser encarcelado por su labor informativa. En el último año, la labor pro defensa de la libertad de prensa del CPJ contribuyó a la liberación adelantada de por lo menos 67 periodistas presos en todo el mundo.
La relación de casos del CPJ refleja el total de periodistas encarcelados al 1 de diciembre de 2017, y no incluye a los numerosos periodistas que han sido encarcelados y liberados a lo largo del año. Los datos sobre esos casos pueden consultarse en https://cpj.org. Los periodistas permanecen en la relación de casos del CPJ hasta que la organización determina con razonable certeza que han sido liberados o han fallecido en cautiverio.
Elana Beiser es directora editorial del Comité para la Protección de los Periodistas. Anteriormente se desempeñó como editora de Dow Jones Newswires y del diario The Wall Street Journal en Nueva York, Londres, Bruselas, Singapur y Hong Kong.