Nueva York, 19 de agosto de 2014 — El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) condena el asesinato del periodista audiovisual Nery Francisco Soto Torres, hecho ocurrido el jueves pasado en Honduras, e insta a las autoridades a iniciar una investigación exhaustiva, determinar el móvil del crimen y enjuiciar a los autores.
Soto fue abatido a tiros aproximadamente a las 9:30 p.m. por pistoleros que lo esperaban afuera de su domicilio en la ciudad de Olanchito, departamento de Yoro, según informes de prensa. El periodista había regresado temprano a su casa procedente del Canal 23, donde presentaba un noticiero, debido a un apagón, de acuerdo con despachos noticiosos. Soto también se desempeñaba como coproductor del espacio “Cuarto Poder” en Radio Full FM.
El diario hondureño La Prensa informó que algunos periodistas debatían si los temas tratados por Soto en Canal 23, entre ellos los frecuentes y generalizados apagones en Olanchito –una cuestión sensible para funcionarios de gobierno y las compañías de electricidad–, podían estar vinculados al crimen. Sin embargo, dos periodistas locales que tenían amistad con Soto y que solicitaron el anonimato por temor a represalias, manifestaron al CPJ que todos los medios de prensa de Olanchito habían informado sobre las fallas en el suministro eléctrico, y aseguraron que no creían que ello pudiera haber provocado que alguien ordenara la muerte del comunicador.
Los dos periodistas declararon que Soto gozaba de aceptación y respeto, y que en sus informaciones evitaba adoptar un tono de confrontación y arriesgarse demasiado. Ambos señalaron al CPJ que los integrantes del gremio periodístico estaban perplejos por el crimen y que se cuestionaban el motivo. Uno de los periodistas expresó que se manejaba la teoría de que el asesinato de Soto era un mensaje dirigido al Canal 23 porque otros periodistas del canal habían denunciado cuestiones sensibles como la corrupción y la delincuencia organizada. Otra teoría era que los asesinos habían confundido a Soto con otro periodista que era vecino suyo y que se le parecía, los dos periodistas refirieron al CPJ. Ninguno de los dos periodistas habían escuchado a Soto decir que había recibido amenazas.
Las autoridades policiales expresaron que habían descartado la posibilidad del robo como el móvil del crimen, y que tampoco consideraban que estuviera vinculado a la labor informativa de Soto, según versiones de prensa.
En los últimos años, la violencia y la impunidad generalizadas han convertido a Honduras en uno de los países más peligrosos de la región para el ejercicio del periodismo, según datos del CPJ. La prensa hondureña con frecuencia ha sido objeto de ataques y actos de intimidación, en particular aquellos periodistas que tratan temas tan sensibles como el narcotráfico, la corrupción gubernamental y los conflictos por la tenencia de la tierra. Las investigaciones de las autoridades, caracterizadas por la negligencia y las fallas, han dificultado descubrir los móviles de los asesinatos de periodistas, según datos del CPJ.
“Las autoridades deben investigar exhaustivamente el asesinato de Nery Francisco Soto Torres, sin descartar la posibilidad de que esté vinculado a su trabajo periodístico, y enjuiciar a los responsables”, declaró Robert Mahoney, subdirector del CPJ. “Debido a que los asesinatos de periodistas prácticamente nunca son resueltos en Honduras y nunca se esclarecen los móviles, se ha instalado un clima de temor generalizado entre los periodistas y se ha debilitado la capacidad de la prensa de informar sobre temas sensibles”.