Bogotá, Colombia, 28 de Mayo de 2013–El ataque a una estación de radio comunitaria en el centro de Bolivia constituye un intento con motivos políticos de censurar su cobertura de noticias, afirmó hoy el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) e instó a las autoridades a investigar y enjuiciar a los responsables.
“Los atacantes están negando a los ciudadanos una fuente de noticias e información. Ellos no tienen ese derecho”, afirmó desde Nueva York Carlos Lauría, coordinador senior del programa de las Américas del CPJ. “Las autoridades deben detener a los autores de este ataque, proteger a todos los medios de tales asaltos y defender el derecho de los ciudadanos a recibir la información de su elección”.
Los manifestantes irrumpieron en las instalaciones de La Voz de la Mayoría en la ciudad central de Caranavi el 21 de mayo, destruyeron la mayor parte de los equipos del estudio, y amenazaron a Franz Loza, un periodista que estaba en la oficina en ese momento, según informes de prensa. Franz Chávez de la Asociación Nacional de la Prensa con sede en La Paz indicó al CPJ que La Voz de la Mayoría sigue fuera del aire y que su equipo de estudio, tales como consolas de sonido y parlantes, fueron destruidos. Chávez afirmó que Loza está ahora en la clandestinidad.
La radio es una filial local de la Radio Patria Nueva, una red administrada por el gobierno en La Paz, y es vista como simpatizante del alcalde de Caranavi Teodocio Quilca, quien es miembro del partido oficial Movimiento Al Socialismo.
El ataque ocurrió durante enfrentamientos entre partidarios y detractores de Quilca. Han surgido divisiones en el partido gobernante: los opositores de Quilca reclaman el despido del alcalde y sus partidarios afirman que las acusaciones son en represalia por una investigación por corrupción contra un ex funcionario, según informes de prensa. Quilca ha sido acusado de malversación de fondos estatales.
Llamadas del CPJ a la oficina del alcalde no fueron respondidas.
Los manifestantes también le robaron la cámara de Juan Carlos Mazarro, periodista de Radio Televisión Caranavi, e impidieron que otras radios informaran sobre la violencia, amenazando a sus periodistas e insistiendo en que sólo emitieran música, según informes de prensa.
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