27 de abril de 2012
Fernando Cordero Cueva
Presidente de la Asamblea Nacional
Quito, Ecuador
Estimado Señor Cordero:
El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) está seriamente preocupado por un nuevo proyecto de ley de comunicación, actualmente en debate en la Asamblea Nacional, que provocaría un retroceso de la libertad de prensa al promover la autocensura y restricciones en la crítica sobre los funcionarios públicos.
A pesar de que el proyecto ha sido promovido como una medida para democratizar la propiedad y el acceso a los medios, una evaluación del CPJ sobre la legislación concluyó que varias cláusulas podrían limitar severamente la libertad de expresión en Ecuador y su lenguaje ambiguo le otorgaría al Consejo de Regulación y Desarrollo de la Comunicación, el organismo regulatorio oficial, amplia discrecionalidad para imponer sanciones arbitrarias y censurar a la prensa.
El proyecto incluye cláusulas con lenguaje vago que estipulan el derecho ciudadano a información “veraz, verificada, contextualizada y oportuna”, pero los periodistas temen que estos criterios puedan ser utilizados por las autoridades para censurar la cobertura informativa crítica. La regulación es contraria a la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que establece: “Condicionamientos previos, tales como veracidad, oportunidad o imparcialidad por parte de los Estados son incompatibles con el derecho a la libertad de expresión reconocido en los instrumentos internacionales”.
Las disposiciones que prohíben la difusión a través de los medios de mensajes que constituyan “incitación directa o estímulo expreso al uso ilegítimo de la violencia, a la comisión de cualquier acto ilegal, la trata de personas, la explotación, el abuso sexual, apología de la guerra y del odio nacional, racial o religioso” son también tan amplias que pueden quedar libradas a la interpretación de un poder ejecutivo que ha usado distintos métodos para silenciar a la prensa crítica en el pasado, según la investigación del CPJ.
Mientras la prensa está sujeta a nuevas limitaciones para ejercer su libertad de expresarse, lo contrario ocurre con los funcionarios públicos. El proyecto ampliará el uso de las cadenas, los discursos presidenciales que ocupan toda la programación a nivel nacional. El proyecto no estipula límites para los derechos de los funcionarios del gobierno nacional y los gobiernos locales para reclamar espacios en radio y televisión para transmitir información al público, sino que además elimina una regulación existente que las cadenas deben ser utilizadas “exclusivamente para información de las actividades de las respectivas funciones, ministerios u organismos públicos”. Esto, en efecto, legalizará lo que ha sido una práctica común del Presidente Rafael Correa, quien ha hecho uso frecuente de las cadenas para lanzar campañas de descrédito contra periodistas y medios críticos, según la investigación del CPJ.
El CPJ está también alarmado porque el proyecto no incluye lenguaje alguno donde se establezca que los funcionarios públicos deben estar sujetos a un mayor nivel de escrutinio que los ciudadanos comunes. La investigación del CPJ muestra que Correa y otros funcionarios del gobierno han utilizado las disposiciones sobre difamación, tanto penales como civiles, para alegar daño a su reputación como parte de una campaña sistemática para silenciar a los periodistas críticos, una táctica que constituye uno de los ataques más serios contra la prensa ecuatoriana. El uso de leyes anacrónicas de difamación penal, en particular, contradice un cuerpo creciente de opiniones legales internacionales que afirman que los funcionarios públicos no deben gozar de protección ante el escrutinio y va en contra del consenso emergente en América Latina en el sentido de que las leyes civiles proporcionan reparación suficiente para casos de supuesta difamación. Una ley de comunicación que permite el uso continuo de disposiciones que amordazan a los periodistas críticos es, en efecto, una ley contra la prensa.
El proyecto también incluye nuevas restricciones que podrían limitar los derechos ciudadanos a informar y a permanecer informados. Una cláusula restringe en forma amplia la circulación de información oficial producida por la fiscalía en el marco de una indagación previa, pero no especifica qué tipo de información y a quiénes se limitaría el acceso. Activistas en defensa de la libertad de prensa, como Fundamedios, han señalado que este artículo podría limitar seriamente el acceso a información de interés público.
Otro artículo requiere que las actividades periodísticas deberán ser desempeñadas por profesionales que cubren información general (con excepción de los editorialistas y columnistas de opinión), disposición que contradice el Principio 6 de la Declaración de Principios que establece: “Toda persona tiene derecho a comunicar sus opiniones por cualquier medio y forma. La colegiación obligatoria o la exigencia de títulos para el ejercicio de la actividad periodística, constituyen una restricción ilegítima a la libertad de expresión”.
Como usted sabe, el proyecto de ley de comunicación ha estado en debate en la Asamblea Nacional desde agosto de 2009, y la iniciativa actual es la decimoprimera versión. Este proyecto, en su forma actual, proporcionará respaldo legal para que el gobierno siga su embestida contra los medios. Limitar la capacidad de los medios para realizar su trabajo vulnera seriamente los derechos de los ciudadanos comunes a estar informados y, tal como establece el artículo 74.6, los medios tienen la responsabilidad social de “denunciar el abuso” o corrupción del gobierno. Gran parte del texto restante del proyecto, sin embargo, sólo sirve para socavar tal responsabilidad.
El proyecto también marca la continuación de una serie de otras leyes y decisiones judiciales que forman parte de la batalla emprendida por Correa contra la prensa. Un informe especial del CPJ concluyó que las políticas de Correa han transformado a Ecuador en uno de los países más represivos para la prensa en el hemisferio.
El CPJ tiene además serias preocupaciones sobre el propio proceso legislativo. Bajo la ley ecuatoriana, el presidente, quien tiene amplias atribuciones emanadas de la nueva constitución adoptada en 2008, puede introducir modificaciones en leyes incluso después de haber sido aprobadas por la Asamblea Nacional. Por consiguiente instamos a la Asamblea Nacional a desechar el proyecto y elaborar uno nuevo que garantice que la libertad de expresión y los derechos de la prensa serán protegidos como lo requieren los tratados internacionales y convenios sobre derechos humanos que Ecuador ha ratificado.
Gracias por su atención a este asunto urgente. Esperamos su respuesta.
Atentamente,
Joel Simon
Director Ejecutivo