Al público se le roba información cuando los periodistas son asesinados
Por Robert Mahoney
El periodista Avijit Roy fundó el blog “Mukto-Mona” (Libre Pensador), como foro para la libre expresión y el intercambio de ideas que desafiaran la creciente intolerancia religiosa en su natal Bangladesh. Su blog a favor de la libertad intelectual le costó la vida.
El bloguero estadounidense-bangladesí y su esposa fueron atacados a machetazos y apuñaleados por presuntos extremistas islamistas cuando la pareja salía de una feria del libro en la capital, Daca, en 2015. Roy murió, mientras que su esposa resultó gravemente herida.
La brutalidad del ataque y la prominencia de la víctima estremecieron el país, pero faltaba más por venir. Ese mismo año, en incidentes no relacionados, otros cuatro blogueros fueron atacados a machetazos o apuñaleados, también por presuntos extremistas. Nadie ha sido procesado por los ataques.
La barbarie de esta oleada de ataques sin precedentes ha conseguido su propósito: silenciar a voces no aceptadas. Los blogueros que han recibido amenazas han abandonado el país o suavizado las críticas, según periodistas bangladesíes.
Otras organizaciones de extremistas religiosos, al igual que bandas puramente criminales, han empleado esta táctica consistente en la intimidación mediante el asesinato, con el mismo efecto inhibidor.
El autodenominado Estado Islámico en Siria e Iraq se ha especializado en las macabras ejecuciones de periodistas, en decapitar a rehenes extranjeros y publicar videos de los asesinatos en la web y en azotar a los periodistas locales contra un árbol como advertencia para los pobladores.
En México, los carteles del narcotráfico colgaron de un puente cadáveres de usuarios de los medios sociales y representaron una macabra escena con el cadáver decapitado de una activista de medios sociales como advertencia para todo el que criticara sus actividades o informara sobre ellas.
Los asesinatos son la horrible personificación de la censura en Estados donde el Estado de derecho se ha erosionado o se ha desplomado y se está reemplazando por códigos impuestos por criminales y fanáticos políticos y religiosos.
Las diferencias políticas, culturales y religiosas entre Asia del Sur, México y el Levante son obvias, pero para muchos periodistas y blogueros de estas regiones, la censura implantada mediante la violencia extrema es una realidad cotidiana. Las consecuencias para los públicos informados por esos periodistas son las mismas: una zona de silencio. La sociedad es privada de información independiente y, en el caso del Estado Islámico, recibe “noticias” adaptadas para promover exclusivamente los intereses de esa organización.
La censura siempre ha acechado la libre expresión. Desde la antigua China y la Roma imperial hasta las Leyes de Extranjería y Sedición de un Estados Unidos que aspiraba a estar libre de la tiranía, los Gobiernos se han comportado como si fuera su deber defender el orden público y la moral mediante la restricción de la libre expresión y la crítica. Así, cuanto el bloguero saudita Raif Badawi “difamó” la religión en 2012, fue el Estado saudita el que ordenó que lo encerraran en prisión y lo azotaran.
Por su parte, en Bangladesh matones armados de machetes decidieron encargarse ellos mismos de silenciar lo que consideraban injuria religiosa por parte de Avijit Roy. Los fanáticos de diversos orígenes desde hace mucho tiempo han amenazado a los periodistas, pero sus filas están creciendo y los Estados no los están frenando. La impunidad por el asesinato de periodistas es uno de los principales desafíos que enfrentan los medios, especialmente en el sur global, según datos del CPJ. En los últimos 10 años, apenas el 3 % de los asesinatos de periodistas han concluido con la impartición de plena justicia, o sea, con la condena de los autores intelectuales. En el mismo período, organizaciones políticas, entre ellas el Estado Islámico y otras organizaciones extremistas, son sospechosas de perpetrar más del 40 % de los casos de asesinato. Uno de los motivos de este repunte es sencillamente que los asesinos saben que sus crímenes quedarán impunes. Ante la escasa probabilidad de que se les aplique una sanción penal, los extremistas religiosos y los jefes del narcotráfico solamente tienen que hacer un cálculo político. Y para muchos de ellos el cálculo es fácil: si asesinan a unos pocos periodistas prominentes de una manera brutal que aparezca en los titulares de prensa, el resto del gremio periodístico será intimidado a autocensurarse o callarse.
Como resultado de lo anterior, los llamados actores no estatales violentos –las milicias y el crimen organizado, las organizaciones insurgentes y las terroristas– se han convertido en una amenaza tan grande a la libertad de prensa y a la vida y la libertad de los periodistas como los regímenes represivos.
Los Gobiernos, por lo menos en teoría, deben rendir cuentas ante la ciudadanía que representan y los compromisos internacionales que suscriben. Ellos pueden ser influenciados por mecanismos internacionales como las Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y organizaciones defensoras de derechos que los hacen adherirse a tales obligaciones. Ni el Estado Islámico ni el cartel de Los Zetas juegan con esas reglas, y con toda certeza no reciben delegaciones de sindicatos de periodistas independientes ni de organizaciones defensoras de la libertad de expresión.
El Estado Islámico y Al-Qaeda y sus muchas organizaciones afiliadas han dado un nuevo giro a la propaganda por el hecho con sus ataques y atentados de gran repercusión, entre ellos el secuestro y el asesinato de periodistas desde los desiertos de Siria hasta la sede de una revista satírica en París. Ellos utilizan los medios sociales y otras nuevas plataformas de comunicación para promover los ataques como instrumentos para el reclutamiento o la intimidación.
Los periodistas occidentales están aprendiendo lo que los periodistas de gran parte del resto del mundo han sabido por años: que corren riesgo no solamente en el campo de batalla, sino en sus propios hogares y oficinas.
Entre el insurgente Grupo Islámico Armado de Argelia y los varios grupos rebeldes, paramilitares y criminales de Colombia, asesinaron a decenas de periodistas en la década de 1990 en un intento por controlar la información. Pero ello aconteció antes de la llegada de la Internet y de los medios sociales. Para la mayoría de las audiencias occidentales, el arco narrativo de la censura y la intimidación violentas comienza con el secuestro y la decapitación del periodista Daniel Pearl, del diario The Wall Street Journal, hecho ocurrido en Karachi en 2001 y vinculado con Al Qaeda. El arco narrativo continúa con las amenazas de muerte realizadas en 2006 contra el diario danés Jyllands-Posten en represalia por publicar caricaturas que describían al profeta Mahoma, y va hasta la decapitación de los periodistas estadounidenses James Foley y Steven Sotloff por parte del Estado Islámico en Siria en 2015 y la masacre de ocho periodistas de Charlie Hebdo en Francia en 2015. Las decapitaciones realizadas por el Estado Islámico estremecieron al sector de la prensa y en la práctica convirtieron el territorio ocupado por el Estado Islámico en zona prohibida para los periodistas de plantel de las organizaciones noticiosas occidentales y para los periodistas freelance por igual. Ello ha hecho que gran parte del mundo dependa de activistas sirios locales y ciudadanos convertidos en periodistas para obtener noticias provenientes del interior del autoproclamado califato. Pero esas noticias llegan a un precio terrible. Los extremistas del Estado Islámico han asesinado a por lo menos 23 periodistas desde Siria hasta Iraq, Turquía y Francia. Los líderes del Estado Islámico quieren controlar toda la información que entra a su proclamado territorio y la que sale, y eliminar a todo el que socave esa pretensión.
“Ellos han cerrado el espacio narrativo, y han ahuyentado a los periodistas”, declaró Charlie Winter, exinvestigador sénior de la Universidad Estatal de Georgia que estudia las estrategias comunicativas del Estado Islámico. “El Estado Islámico utiliza las represalias para producir un vacío”, y luego trata de llenar ese vacío con sus propias “noticias”. El Estado Islámico ha establecido su propia radioemisora, Al-Bayan, y una sofisticada red de distribución de su boletín, “Al-Naba”, según Winter y otros analistas que observan al Estado Islámico. En la ciudad iraquí de Mosul, ha establecido decenas de quioscos de prensa que distribuyen memorias USB con videos y texto.
“[El Estado Islámico] trabaja con vistas a lograr un monopolio informativo… donde la televisión por satélite no penetre, donde la Internet no sea accesible”, señaló Winter. “Pero todavía no lo ha conseguido y en realidad está muy lejos de ello”. Su método de censura para controlar la información que abandona su territorio es binario: trabaja con nosotros o muere.
Todo el que saque un smartphone para fotografiar o grabar corre el riesgo de que lo arresten y lo ejecuten, según periodistas y habitantes que han huido de la zona. Pero todavía existe un núcleo duro de habitantes clandestinos que están dispuestos a arriesgar la vida para documentar cómo se gobierna a su región.
“Existe un agujero negro informativo que tiene destellos de luz provenientes de los activistas que están dentro”, agregó Winter, quien puso de ejemplo a colectivos periodísticos como Raqqa is Being Slaughtered Silently (RBSS) (“Están Masacrando a Raqqa en Silencio”) y Eye on the Homeland (“Ojo en la Patria”).
Ahmed Abd al-Qader es uno de esos destellos de luz. Él ayudó a fundar Eye on the Homeland, un colectivo anónimo de periodistas y activistas que se formó para difundir noticias de zonas donde se suprime el periodismo independiente. Él sabe que cualquier periodista que sea atrapado por el Estado Islámico está sentenciado a muerte. El Estado Islámico mató a su hermano y ha tratado de asesinarlo a él en dos ocasiones.
“Muchas personas que intentan informar sobre ellos son ejecutados en público”, declaró. En 2015 circuló un video de dos hombres que “confesaban” haber trabajado para RBSS y que se identificaron como Faisal Hussain al-Habib y Bashir Abduladhim al-Saado. Al final del video, a los hombres los amarran a troncos de árboles y les disparan. Aunque RBSS, un colectivo de periodistas ciudadanos clandestino que se formó tras la ocupación de Raqqa por el Estado Islámico en 2014, negó que los hombres trabajaran para la organización, el mensaje les quedó claro a todos dentro y fuera de Raqqa.
Las ejecuciones públicas siguieron a intentos de coacción para dar con el paradero de los periodistas. El padre y el hermano adoptivo de un miembro de RBSS fueron capturados como rehenes para coaccionar a los periodistas a entregarse al Estado Islámico. Los periodistas se negaron y el Estado Islámico asesinó a ambos familiares.
Abd al-Qader conoce en persona el precio de enojar al Estado Islámico. Él declaró que el Estado Islámico ha tratado de matarlo en dos ocasiones, inclusive luego de que abandonara Siria con destino a la relativa seguridad de la vecina Turquía. “Daesh”, señaló, refiriéndose al Estado Islámico por el nombre utilizado con frecuencia por sus críticos, “atentó contra mi vida en Turquía y mató a mi hermano porque nosotros denunciamos a Daesh como una organización terrorista… y la hostilidad de los habitantes locales hacia ellos”. Él se disculpó por no explicar con mayor detalle sobre los acontecimientos, pues todavía se estaba recuperando de una herida de bala recibida en el rostro en junio de 2016 y tenía dificultades para hablar. Él recordó como agentes del Estado Islámico mataron a su hermano, Ibrahim Abd al-Qader, quien también era miembro de Eye on the Homeland, junto con el colega de ambos Fares Hamadi, en un apartamento de la ciudad de Urfa, en la región sureste de Turquía, en 2015, y con ello hicieron trizas toda ilusión de que el exilio podría brindar seguridad.
Que el Estado Islámico extendiera su mortal imposición de la censura más allá de su territorio inmediato no sorprendió a Abdel Aziz al-Hamza, miembro fundador de RBSS, organización que recibió el Premio Internacional de la Libertad de Prensa del CPJ en 2015 por su labor en Siria. “Todas las personas que se sabía trabajaban con nosotros viajaron a Europa… porque no podemos considerar a Turquía como un lugar seguro”, observó al-Hamza, quien vive exiliado en Europa.
A más de 7,000 millas de distancia, en México, un grupo de valientes periodistas regionales sienten prácticamente lo mismo. México puede alardear de una dinámica democracia y economía; sin embargo, extensas zonas del país están azotadas por el crimen organizado y gobiernos locales corruptos. Una fiscalía especializada para investigar delitos contra la libertad de expresión y un mecanismo de protección federal han sido mayormente ineficaces, y tanto los periodistas de los medios convencionales como los blogueros están siendo asesinados con absoluta impunidad por enojar a los carteles.
De hecho, muchos periodistas ni siquiera saben dónde el cartel marcará la línea de la censura en un día determinado. A veces los carteles quieren que no se le dedique mucha atención a la violencia provocada por el narcotráfico, y a veces quieren que se le dé cobertura, en dependencia de la imagen que deje sobre ellos. “Por ello, la vulnerabilidad que los periodistas sienten, usualmente se deriva del hecho de que a veces no saben lo que pueden cubrir y lo que no pueden cubrir”, afirmó Javier Garza, periodista y exeditor de periódico que reside en el norte de México. El proceso de intentar determinar lo que está prohibido es absurdo en ocasiones: aunque las circunstancias han cambiado y, en cierta forma, han empeorado incluso más, ya en 2010 el periódico El Diario se dio por vencido y les preguntó a los carteles de Ciudad Juárez qué era lo que se podía publicar.
“Ustedes son, en estos momentos, las autoridades de facto en esta ciudad, porque los mandos instituidos legalmente no han podido hacer nada para impedir que nuestros compañeros sigan cayendo”, observó el periódico en un editorial que generó titulares en todo el mundo.
Las cosas no han mejorado mucho desde entonces, salvo que ahora los periodistas a veces reciben como guía listas de temas censurados.
“Hace poco me encontré con un periodista de Tamaulipas, que es uno de los estados donde el crimen organizado ejerce la mayor violencia contra los medios, y ellos acaban de reunir una lista de temas que están totalmente vedados para la prensa”, indicó Garza. “Ellos pueden informar sobre los homicidios del día o las balaceras del día, pero no pueden informar, por ejemplo, sobre la corrupción gubernamental ni la complicidad de los funcionarios gubernamentales con los jefes de los grupos delincuenciales, ni tampoco pueden informar sobre las actividades que tienen nexos con el crimen organizado –como la venta de alcohol, la prostitución y el contrabando–, ni sobre la corrupción en las fuerzas policiales, ni sobre las empresas con vínculos con el crimen organizado que reciben contratos gubernamentales. Esos temas están absolutamente prohibidos”. (Estas restricciones también son analizadas en el capítulo de Elisabeth Malkin sobre México, también en este volumen).
El resultado de la censura violenta en estas regiones de México, al igual que en Siria, ha sido la creación de vacíos informativos. Los blogueros y otros pensaron que los medios sociales podían llenar ese vacío, pero los capos de la droga tenían otras ideas.
Primero llegaron los dos cadáveres mutilados que fueron colgados de un puente en la ciudad fronteriza de Nuevo Laredo en septiembre de 2011. Según versiones periodísticas, las víctimas habían publicado críticas contra un cartel del narcotráfico en los medios sociales, aunque los móviles de los asesinatos no pudieron probarse.
Días después y en la misma ciudad, los carteles no dejaron ninguna duda respecto al siguiente asesinato de un periodista que utilizaba los medios sociales.
El cadáver de María Elizabeth Macías Castro fue abandonado con una nota. Su cabeza decapitada estaba al lado de unos audífonos y un teclado de computadora. La nota, que se refería al seudónimo de la periodista, rezaba: “Ok Nuevo Laredo en Vivo y redes sociales, yo soy la nena de Laredo y aquí estoy por mis reportes y los suyos… ZZZZ”. La firma “ZZZZ” indicaba un nexo con el cartel de Los Zetas. El asesinato fue el primero de un periodista de medios sociales en México que el CPJ haya documentado. Ese caso y la desaparición en 2014 de un bloguero de Facebook crítico, también en Tamaulipas, volvieron a poner de relieve la vulnerabilidad de los periodistas y aspirantes a periodista ante la ausencia del Estado de derecho, sin distinción de plataforma de publicación.
“Ello tuvo un enorme efecto inhibidor”, sostuvo Garza. “Un usuario anónimo de Twitter, quiero decir, uno de los más confiables, me dijo que ellos tuvieron que adoptar un perfil más bajo, de manera significativa, luego de que eso sucediera, y ser más prudentes sobre lo que ellos tuiteaban”.
Para llenar el vacío informativo creado por el asesinato y la intimidación, los carteles frecuentemente captan y corrompen a periodistas de los medios convencionales en las regiones que ellos controlan. De esa manera, ellos pueden plantar noticias o suspenderlas a voluntad.
“Cuando los carteles del narcotráfico quieren hacer ruido con las palabras, cuando quieren que se publiquen las noticias sobre sus víctimas, por ejemplo, o sobre sus secuestrados, o lo que sea, ellos pueden hacerlo”, expresó Garza. “Cuando ellos quieren que reine el silencio, cuando no quieren atraer demasiada atención, entonces recurren a la censura”.
Los periodistas con sede en la relativa seguridad de Ciudad de México pueden viajar y cubrir partes de la noticia sobre el crimen y la corrupción, pero no pueden proporcionar la cobertura local sostenida que se obtiene a partir del conocimiento local que los habitantes de una localidad realmente necesitan.
¿Cuáles son los remedios para la censura asesina en México o en cualquiera de decenas de otras democracias que son Estados miembros de la ONU como Filipinas, Pakistán, Nigeria o Brasil, donde la impunidad por el asesinato de periodistas es generalizada, por no decir en el territorio controlado por el Estado Islámico?
Parte de la respuesta está en los propios periodistas locales. En México, los periodistas en riesgo han comenzado a trabajar conjuntamente: nunca viajan solos a las escenas de los crímenes, adoptan medidas contra la vigilancia y comparten información sobre las amenazas, sostienen los periodistas.
Periodistas de a Pie, organización fundada en 2007 como una iniciativa para mejorar los estándares periodísticos, se ha transformado en una red de seguridad y actualmente ofrece capacitación para los periodistas vulnerables. A nivel nacional, los periodistas sostienen que los medios necesitan presionar al Gobierno para que les proporcione una protección efectiva a los periodistas regionales (como mínimo) fortaleciendo la fiscalía de atención a delitos contra la libertad de expresión, que hasta el momento no ha logrado revertir los asesinatos de periodistas.
Colombia ha implementado un mecanismo de protección desde principios de la década del 2000 y la cifra de muertes de periodistas ha disminuido. El proyecto ha sido exitoso porque los periodistas y la sociedad civil han sido elementos integrales del mecanismo desde el comienzo, y les han suministrado a las autoridades información oportuna, pero también han presionado al Gobierno para que adopte medidas de protección individualizadas tales como la evacuación de emergencia y la asignación de escoltas para periodistas vulnerables.
Aunque recientemente se han logrado condenas en casos de asesinato de periodistas en Colombia, los críticos del mecanismo de protección colombiano sostienen que las autoridades involucradas en el proyecto necesitan investigar más a fondo todos los ataques, y enjuiciar a los responsables. El proyecto tuvo éxito porque los medios y la organización de libertad de prensa local Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) lograron presionar al Gobierno para que les proporcionara escoltas y protección a periodistas vulnerables, y lucharon por el enjuiciamiento de los asesinos de periodistas.
En el ámbito internacional, los periodistas y activistas han colocado en el temario la problemática de la censura de la prensa mediante el asesinato. En 2013, las Naciones Unidas designaron el 2 de noviembre como el Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad en los Crímenes contra Periodistas, y desde entonces la UNESCO ha publicado una guía para ayudar a países específicos a establecer sus propios mecanismos de protección de periodistas.
En opinión de Garza, la impunidad es la cuestión clave. “Están atacando a más periodistas porque los responsables de los ataques no están recibiendo castigo”, señaló. “Creo que, en realidad, esa es la esencia de todo”.
La efectividad de dichas medidas internacionales y de las iniciativas nacionales de protección de periodistas aún está por ver. Ciertamente tales medidas e iniciativas no son de mucha ayuda inmediata para los periodistas ciudadanos sirios que eluden al Estado Islámico.
Pero la comunidad global de la libertad de prensa y el desarrollo de medios tiene maneras de ayudar a los colectivos de periodistas sirios. Ellas van desde suministrar apoyo financiero y jurídico a los periodistas que han huido de Siria, hasta proporcionar capacitación periodística y equipos.
Abd al-Qader, de Eye on the Homeland, necesita equipos para la cobertura informativa. “No tenemos muchas cámaras que podamos darles a los periodistas para que busquen las noticias”, afirma en referencia a los que están dentro de Siria. “Cuando ellos pierden sus cámaras, no pueden reemplazarlas”. Él también necesita teléfonos satelitales y equipo de comunicaciones.
Y a RBSS, que recibió gran atención de los medios y algo de financiamiento internacional cuando su historia surgió en 2014 y 2015, se le está acabando el dinero. Al-Hamza tiene un empleo durante el día en Berlín que le permite trabajar para RBSS, que necesita editores y traductores. La última fuente de financiamiento de una ONG estadounidense se agotó en enero de 2016 y desde entonces la organización ha carecido de fondos.
El Estado Islámico, con su macabra violencia contra los periodistas y su extremo control de la información, puede ser un caso atípico en el panorama de la censura, y puede que ni siquiera dure como fuerza política y militar. Pero la cuestión de la censura violenta continúa siendo una realidad cotidiana para muchos periodistas y articulistas de opinión. No todos los países pueden reproducir el modelo de protección colombiano, que depende de aglutinar a las organizaciones de periodistas, la sociedad civil y las fuerzas de seguridad con el común propósito de imponer el Estado de derecho y acabar con la impunidad.
Si los asesinos de Avijit Roy y otros blogueros se propusieron silenciar la libertad de expresión, no lo han logrado plenamente, todavía. Bangladesh cuenta con instituciones gubernamentales que funcionan, pero la impunidad sigue siendo generalizada. Los sucesores de Avijit Roy están mayormente callados. Los blogueros que no han huido, están cautelosos. La policía no ha capturado a los autores intelectuales, expresó Mainul Islam Khan, periodista y defensor de la libertad de prensa. ¿Y la respuesta gubernamental? “Altos líderes del Gobierno han instado a todos a ser más cuidadosos y conscientes en sus artículos para que los artículos no afecten ningún sentimiento religioso”, declaró al CPJ.
Robert Mahoney es subdirector ejecutivo del CPJ y escribe sobre temas de libertad de prensa. Se ha desempeñado como corresponsal en Asia, África, el Medio Oriente y Europa.