Resumen
La Unión Europea (UE) se describe a sí misma como modelo de libertad de prensa y potencia global ejemplar. Aunque muchos de sus 28 estados miembros aparecen en lo más alto de las clasificaciones internacionales sobre libertad de prensa, existen significativos desafíos que socavan la libertad de prensa al tiempo que surgen nuevas amenazas.
Las disposiciones penales sobre la difamación y la blasfemia, que tienen un efecto inhibidor sobre el periodismo, continúan vigentes en varios estados miembros; la vigilancia a gran escala amenaza el carácter confidencial de las fuentes periodísticas; el acceso a la información oficial sigue estando limitado; y las medidas antiterrorismo han conducido a leyes y prácticas que limitan los derechos de un periodista y su capacidad de informar. Aunque los actos de violencia contra la prensa son raros, los periodistas han sido objeto de represalias por parte de organizaciones criminales en Italia y Bulgaria, han sido objeto de abusos por parte de la policía en España, y han caído asesinados a manos de extremistas religiosos en Francia.
La incapacidad de la UE de abordar estos desafíos no solamente afecta a los periodistas que viven en los estados miembros, sino que socava la capacidad de la UE de defender la libertad de prensa afuera de sus fronteras al proporcionarles a los estados autoritarios fáciles pretextos para sus propias políticas represivas. Tal como declaró al CPJ Philippe Hensmans, director de Amnistía Internacional para Bélgica: “¿Como la UE puede esperar convencer a otros gobiernos, como Turquía y China, de mejorar su historial en materia de libertad de prensa si ella misma es culpable?”.
Los periodistas y defensores de la libertad de prensa consultados por el CPJ para la elaboración de este informe manifestaron que la prioridad de la UE debe ser garantizar que los estados miembros respeten la Carta de los Derechos Fundamentales, que establece los valores y normas a los cuales se debe adherir la política de la UE. Este informe refleja las preocupaciones de periodistas y activistas, y destaca ejemplos en que, al no pedirles cuentas a los estados miembros, la UE ha dejado de defender con firmeza y coherencia la libertad de prensa.
El compromiso de la UE con sus principios fundadores se está socavando a medida que algunos estados miembros dan marcha atrás en sus compromisos democráticos. Por ejemplo, en Hungría durante la gestión del primer ministro Viktor Orbán el CPJ ha documentado cómo los medios estatales se han convertido en megáfonos progubernamentales, la publicidad oficial se ha empleado para premiar a los amigos y castigar a los que discrepan, se ha marginado a los periodistas independientes, y se han impuesto límites en torno a la Ley de Libre Acceso a la Información, lo cual dificulta que los periodistas investiguen las denuncias de corrupción. Aunque el reto de Orbán fue visto como un ataque directo contra los periodistas y contra un valor fundamental de la UE, no recibió una respuesta contundente. Aparte de la apertura de un procedimiento de infracción limitado y resoluciones parlamentarias, la UE ha aplazado la cuestión. “Me gustaría que la UE fuera tan imaginativa en materia de derechos fundamentales [como] lo ha sido con los programas de austeridad”, declaró Rui Tavares, quien ejerció de europarlamentario representando a Portugal en la bancada de los Verdes y fue autor de un informe de 2013 sobre Hungría, en una conferencia sobre democracias no liberales celebrada el presente año.
Ante la presión de estados miembros que están decididos a proteger su soberanía, la EU no activó su mecanismo de Estado de derecho, que se supone sancione a los estados miembros que den marcha atrás en sus responsabilidades y que podría haber evitado un mayor deterioro de la situación en Hungría. “La gobernanza cada vez menos liberal de Viktor Orbán es en sí misma una negación de los valores democráticos europeos”, expresó al CPJ Miklos Haraszti. Este académico húngaro y antiguo representante sobre libertad de los medios de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, sostuvo que hallaba “desconcertante” la paciencia de la UE hacia Hungría.
Las principales instituciones de la UE –la Comisión Europea, el Consejo Europeo, el Parlamento Europeo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea– parecen estar mal equipadas para abordar las violaciones de la libertad de prensa. No pueden anular las disposiciones penales sobre la difamación en una nación ni proteger las fuentes periodísticas. En lugar de ello, a menudo se deja que sean los estados miembros o las instituciones intergubernamentales europeas como el Consejo de Europa o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos los que apliquen medidas para defender la libertad de prensa.
No obstante, el poder de la UE de emitir directivas en torno a cuestiones como, por ejemplo, la radiodifusión de servicio público, la agenda digital, los secretos comerciales o decisiones marco sobre el racismo y la xenofobia, tiene un impacto directo sobre los periodistas al determinar las condiciones en las que ejercen la profesión. Lo mismo sucede con el papel de la UE en la coordinación con los estados miembros de cuestiones como las medidas antiterrorismo y el financiamiento de instituciones académicas e investigativas. Esta influencia, tal como expresó Françine Cunningham, directora ejecutiva de la Asociación Europea de Editores de Periódicos (European Newspaper Publishers Association), en entrevista con el CPJ, significa que “todo lo que la UE hace puede tener un impacto sobre el periodismo y la libertad de prensa”. Y los periodistas deben estar alertas constantemente para asegurarse de que iniciativas, como por ejemplo una propuesta de directiva sobre secretos comerciales que define lo que los periodistas pueden revelar acerca de las corporaciones, no pongan en peligro la libertad de informar.
Pese a producir montañas de información y mantener una impresionantes maquinaria de comunicaciones, las instituciones de la UE no son modelos de transparencia. Aunque, como declaró al CPJ Aidan White, director de la Red de Periodismo Ético (Ethical Journalism Network), la UE es “menos cerrada de lo que era hace 20 años”, el acceso público a documentos y reuniones clave que les permitiría a los periodistas ejercer su papel de fiscalizador está limitado excesivamente. “Cuando solicitas información o documentos que pudieran contradecir la narrativa oficial, las puertas se cierran y los portavoces no te ayudan realmente”, afirmó con tono de queja Jean-Pierre Stroobants, corresponsal de Le Monde. La protección y apoyo que reciben los funcionarios que hacen denuncias también se considera débil. Solamente dos de nueve instituciones de la UE han puesto en práctica las reglas internas requeridas sobre protección de denunciantes, y la ausencia de unidad sobre esta política en los estados miembros ha frenado las iniciativas de la UE en esta materia.
En lo referente a negociar con potenciales estados miembros, la UE parece haber tratado la cuestión de la libertad de prensa como un asunto imperativo. “En los procesos de adhesión anteriores aprendimos que la UE debe colocar más énfasis en el Estado de derecho y las libertades”, señaló Kati Piri, la relatora del Parlamento Europeo sobre Turquía. Durante estas negociaciones es cuando la UE tiene mayor influencia y puede exigir modificaciones substantivas en las leyes y el código penal de una nación candidata, por ejemplo. Para los periodistas que enfrentan dificultades para ejercer la profesión en un clima represivo, como en Turquía o Serbia, semejante influencia puede proporcionar un respaldo vital. Durante dichas negociaciones la libertad de prensa se considera no solamente como un valor en sí mismo, sino como un factor que permite alcanzar otros objetivos que son cruciales para la sustentabilidad de la nación como futuro miembro de la UE, tales como el combate contra la corrupción o la modificación de leyes represivas. Sin embargo, persiste el riesgo de que la UE finalmente ponga a un lado la libertad de prensa en nombre de la conveniencia política o de intereses económicos y estratégicos.
La diplomacia de la UE en torno al tema de la libertad de prensa está anclada en cláusulas de tratados que estipulan que sus acciones internacionales deben guiarse por los principios sobre los cuales se fundó la UE. Para promover estos principios –la democracia, el Estado de derecho, los derechos humanos– la UE tiene a su disposición una serie de instrumentos y políticas. Ha desempeñado un papel positivo en escenarios internacionales, donde apoyó el Plan de Acción de la ONU para la Seguridad de los Periodistas y la Cuestión de la Impunidad, se opuso a la adopción de una resolución de la ONU sobre la difamación de la religión, y defendió contra los intentos, liderados mayoritariamente por estados autoritarios, de colocar la gobernanza de la Internet bajo el control de la ONU. La UE también mantiene numerosas asociaciones que estipulan la observancia de los derechos humanos, y por tanto de la libertad de prensa, como elemento esencial de los acuerdos.
Sin embargo, con frecuencia la dura realpolitik triunfa sobre la retórica elevada. Según un análisis publicado en septiembre de 2014 por el Centro para el Estudio de la Gobernanza Global de la Universidad de Lovaina, en Bélgica, la vigilancia y la aplicación de las políticas sobre derechos humanos muchas veces son imprevisibles, lo que puede llevar a una doble moral. Activistas de la libertad de prensa y los derechos humanos consultados por el CPJ expresaron que en lo referente a la diplomacia en países represivos que son importantes socios comerciales o aliados estratégicos, la UE no es consecuente. Este enfoque posibilita situaciones en las que un país como Burundi, con escaso valor estratégico, puede ser amonestado más severamente por sus acciones que China. Por ejemplo, la UE ha declarado que planea establecer una relación política y económica más estrecha con Azerbaiyán. Sin embargo, el CPJ ha comprobado que este crucial exportador de energía es uno de los países con la mayor cifra de periodistas y activistas de los derechos humanos encarcelados.
Aunque se presenta a los derechos humanos como el hilo conductor que guía todas las políticas de la UE, la capacidad de actuar de la UE está limitada a cuánto poder los estados miembros están dispuestos a ceder a Bruselas. “Los poderes que la UE tiene son poderes atribuidos, en otras palabras poderes que los estados miembros han decidido otorgar a la UE”, declaró la Defensora de la UE y experiodista irlandesa Emily O’Reilly en un discurso pronunciado ante la Sociedad Legal de Irlanda (Law Society of Ireland). “[Los estados miembros] muchas veces no están dispuestos a otorgarles a organismos de control supranacionales poderes tan fuertes, especialmente cuando el ejercicio de tal control tiene un impacto sobre sus propias acciones o intereses vitales”.
Aunque estos debates políticos y jurídicos son preocupaciones legítimas de los estados miembros, no pueden emplearse como pretexto para dejar que decaiga el compromiso de la Unión Europea con la libertad de prensa. La viabilidad a largo plazo de la Unión Europea depende de que defienda con firmeza valores fundamentales. El futuro de su influencia global en mayor medida estará determinado por su credibilidad y coherencia, no solamente al reparar daños en los estados miembros, sino también al seguir una diplomacia en torno a la libertad de prensa sobre la base de principios y carente de doble moral. Tal como declaró al CPJ Andrea Subhan, experto en derechos humanos: “La UE debe considerar los derechos humanos y la libertad de prensa no como una cuestión secundaria ni como un instrumento de poder suave sino como un activo estratégico que no solamente ayuda a la UE a proyectar sus valores sino que también protege sus intereses esenciales en el extranjero”.
En las recomendaciones del CPJ que acompañan a este informe se enumeran medidas que la UE y los estados miembros pueden tomar. Entre tales medidas se encuentran llamados para que la UE demuestre su compromiso con la libertad de prensa mediante el empleo de poderes como la suspensión de los derechos de votación cuando los estados miembros violen los compromisos contenidos en la carta de los derechos fundamentales. La UE debe garantizar que los estados miembros, así como las naciones que solicitan unirse a la EU no den marcha atrás en sus responsabilidades, entre las que se encuentran permitir el acceso a la información pública y tener una prensa libre y robusta.
Mejorando el acceso a los documentos y la información en todas sus instituciones y estados miembros, la UE podría demostrar su compromiso de ser una organización abierta y transparente; y respaldando la encriptación sólida, la UE les ofrecería un mayor grado de protección a los periodistas y sus fuentes. Los estados miembros de la UE también podrían demostrar el compromiso con los principios fundadores de la UE revocando las disposiciones legales que tipifican como delito la difamación, la calumnia y la blasfemia, y garantizando que las disposiciones legales sobre las expresiones de odio y contra el extremismo no se utilicen como una manera de restringir la crítica periodística.