La impunidad por el asesinato de periodistas

El Índice de Impunidad Global del CPJ correspondiente a 2020 se centra en los países donde asesinan a periodistas y los responsables de tales crímenes continúan impunes

Por Elana Beiser, directora editorial del CPJ

Publicado el 28 de octubre de 2020

El gradual avance hacia la reducción de los asesinatos de periodistas en todo el mundo se caracteriza por su fragilidad y podría frenarse por las apelaciones judiciales y la falta de liderazgo político, concluyó el CPJ en su más reciente informe sobre la impunidad en los asesinatos de periodistas en represalia por su labor informativa.

La edición anual del Índice de Impunidad Global del CPJ, que se centra en los países donde asesinan a periodistas y los responsables de tales crímenes andan impunes, mostró pocos cambios en relación con la edición anterior. Somalia, Siria, Iraq y Sudán del Sur ocupan los primeros cuatro puestos de la lista, en ese orden, conforme los conflictos y la inestabilidad política perpetúan el ciclo de violencia y anarquía.

Sin embargo, cada año el índice contiene más países estables, donde grupos políticos y delincuenciales, dirigentes políticos, importantes empresarios y otros actores poderosos recurren a la violencia para silenciar a los periodistas investigativos y críticos. El CPJ concluyó que la corrupción, la debilidad institucional y la ausencia de voluntad política para adelantar investigaciones serias son factores que incentivan la impunidad en estos países, entre los que se encuentran Pakistán, México y Filipinas.

En Pakistán un sorpresivo acontecimiento judicial que ocurrió este año —aunque no influye directamente sobre el Índice de Impunidad Global de 2020— demostró que inclusive los casos de asesinato que hace mucho se pensaba que estaban resueltos, pueden sufrir retrocesos.

El 2 de abril el Alto Tribunal de Sindh revocó los fallos condenatorios dictados contra cuatro sujetos acusados de haber asesinado al periodista del Wall Street Journal Daniel Pearl en 2002. El tribunal declaró a Ahmed Omar Saeed Sheikh, quien había sido sentenciado a pena de muerte, culpable solamente de secuestrar a Pearl y redujo su sentencia a siete años, que ya ha cumplido. La familia de Pearl y el Gobierno provincial de Sindh recurrieron el fallo, y según informaciones de prensa, los cuatro sujetos seguían presos a fines de septiembre de 2020.

Como apuntó Joel Simon, director ejecutivo del CPJ, en el Columbia Journalism Review, liberar a estos sujetos “sería un grave retroceso para la justicia que, además, transmitiría un peligroso mensaje a los yihadistas de Pakistán y de todo el mundo, quienes han atacado de manera sistemática a los periodistas en los 18 años transcurridos desde el asesinato de Pearl”.

Pakistán y Filipinas han figurado con frecuencia en el Índice de Impunidad Global desde la creación del índice, en 2008. Filipinas registró el mayor movimiento en la clasificación de este año, pues descendió del quinto puesto mundial al séptimo puesto.

Este cambio refleja que la masacre de 58 personas, de ellas 30 periodistas y dos trabajadores de medios, ocurrida en noviembre de 2009 en Ampatuan, Maguindanao, ya queda fuera del decenio utilizado para calcular el índice. (Lea más sobre la metodología del índice).

Las históricas condenas que se dictaron a finales de 2019 hicieron que el CPJ modificara la clasificación de los casos de Ampatuan de “impunidad absoluta” a “impunidad parcial”, lo cual quiere decir que ya no cumplirían con el criterio del índice, independientemente del período contemplado. El 19 de diciembre de 2019, un tribunal regional condenó al autor intelectual de la masacre, a su hermano y a 26 cómplices, y dictó penas de cárcel de hasta 40 años. Filipinas posee 11 asesinatos no resueltos en el actual decenio contemplado en el índice, en comparación con 41 en la edición anterior del índice.

No obstante, el caso de la masacre de Ampatuan se demoró un decenio completo para juzgarse, y los principales acusados, los autores intelectuales condenados Andal Ampatuan Jr. y Zaldy Ampatuan, han apelado los fallos condenatorios. En el politizado y laberíntico sistema judicial filipino, sus maniobras judiciales podrían demorar varios años en resolverse y la posibilidad de que sean absueltos como resultado de la apelación sigue estando muy presente. Decenas de acusados siguen en libertad, entre ellos miembros del clan Ampatuan, lo cual ha colocado en posición vulnerable frente a posibles represalias a quienes han buscado justicia para los periodistas asesinados. Por otra parte, los asesinatos impunes continúan, y como mínimo dos periodistas filipinos han sido asesinados por su labor en lo que va de 2020.

En parte debido a que la posición de Filipinas en el índice ha descendido, México —el país más violento del hemisferio occidental para el ejercicio del periodismo— se desplazó al sexto puesto en la clasificación, desde el séptimo lugar que ocupó el año pasado. La cifra de asesinatos no resueltos en México es de 26 para este decenio, en comparación con 30 asesinatos no resueltos en la edición anterior del índice.

Durante el último año, las autoridades mexicanas lograron obtener condenas para algunos de los autores materiales del asesinato de Miroslava Breach Velducea y Javier Valdez Cárdenas, este último un periodista ganador del Premio Internacional de la Libertad de Prensa del CPJ. Sin embargo, los autores intelectuales de ambos crímenes siguen impunes. Además, la Fiscalía Especial federal que ha sido la principal responsable de los avances en los casos de Breach y Valdez está asumiendo nuevos casos con menos firmeza desde que el presidente Andrés Manuel López Obrador asumió el poder, lo cual enturbia las perspectivas de la búsqueda de justicia en estos dos casos y en los de otros periodistas. En lo que va de 2020, como mínimo cuatro periodistas han sido asesinados en represalia por su labor en México.

A escala mundial, la cifra de periodistas asesinados en represalia por su labor en 2019 fue la más baja que el CPJ haya registrado en cualquier año desde 1992. Es difícil precisar las causas, pues la autocensura, el empleo de otros instrumentos para intimidar a los periodistas, y la gran repercusión de algunos casos recientes pueden haber desempeñado un papel significativo.

La cifra de asesinatos de 2020 ya ha superado la de 2019, pero no se encamina a un incremento significativo. Por otro lado, otros dos acontecimientos judiciales no son un buen augurio del final del ciclo de violencia e injusticia.

El 7 de septiembre, la Corte de Apelaciones de Belgrado anunció que había revocado los fallos condenatorios contra cuatro exagentes de la Seguridad del Estado de Serbia que estaban involucrados en el asesinato del periodista Slavko Ćuruvija, hecho ocurrido en 1999. Se espera la realización de un nuevo juicio, según informaciones de prensa. El CPJ había defendido anteriormente la investigación sobre el asesinato de Ćuruvija —dirigida por una comisión mixta de periodistas y funcionarios de Gobierno— como un modelo para combatir la impunidad, por causa de su transparencia, la composición mixta de su equipo investigativo y la voluntad de investigar nuevas pistas.

En Eslovaquia, el 3 de septiembre un juzgado penal absolvió a un magnate acusado de ser el autor intelectual del asesinato, en 2018, del periodista investigativo Ján Kuciak y su prometida. La familia de Kuciak ha prometido apelar el fallo, según versiones periodísticas. Kuciak fue uno de dos periodistas que investigaban la corrupción en países miembros de la Unión Europea y que fueron asesinados en un período de seis meses; la otra fue la periodista Daphne Caruana Galizia, en Malta, en 2017, y en esta causa penal nadie ha sido condenado.

Durante el decenio contemplado en el índice, que termina el 31 de agosto de 2020, 277 periodistas fueron asesinados por su labor en todo el mundo y en el 83 % de esos casos las autoridades no han logrado enjuiciar con éxito a los autores materiales. En el decenio contemplado en la edición de 2019 del índice, el CPJ había documentado la existencia de impunidad absoluta en el 86 % de los casos. El índice de impunidad absoluta ha disminuido levemente en los últimos años. En “El camino a la justicia”, un informe publicado en 2014 sobre las causas de la impunidad en los asesinatos de periodistas y las posibles soluciones, el CPJ halló que los asesinos habían tenido impunidad en nueve de cada 10 casos entre 2004 y 2013.

Un dato que ilustra el carácter arraigado de la impunidad: los 12 países que figuran en el índice representan el 80 % del total mundial de los asesinatos no resueltos de periodistas en el decenio contemplado en el índice. Los 12 han aparecido en numerosas ocasiones desde que el CPJ elaboró el índice por primera vez, en 2008, y siete de ellos han aparecido todos los años.

Nigeria es el único país que salió del índice este año. El asesinato de un periodista en ese país, en 2009, ya no se incluye en el decenio contemplado en el índice.

Metodología

El Índice de Impunidad Global del CPJ calcula el número de asesinatos no resueltos de periodistas como un porcentaje en relación con la población de cada país. Para este índice, el CPJ tuvo en cuenta casos de asesinato de periodistas que ocurrieron entre el 1 de septiembre de 2010 y el 31 de agosto de 2020 y que siguen sin resolverse. Únicamente aquellas naciones con cinco o más casos no resueltos fueron incluidas en este índice. El CPJ define como asesinato el homicidio deliberado de un periodista en represalia por su trabajo informativo. Este índice no incluye casos de periodistas caídos en combate o mientras realizaban coberturas peligrosas, como la cobertura de protestas que se tornaron violentas. Los casos son considerados no resueltos cuando no se ha obtenido ninguna condena, aunque se haya detenido a alguna persona en calidad de acusado. Los casos en que algunos acusados, aunque no todos, han sido condenados, son clasificados como impunidad parcial. Los casos en que los sospechosos de la autoría material del crimen hayan muerto durante la captura por parte de las autoridades, también se clasifican como impunidad parcial. El índice solamente contabiliza los asesinatos que se hayan cometido con absoluta impunidad, y no incluye aquellos casos donde se haya logrado justicia parcial. Se utilizaron los datos de población de los Indicadores Mundiales para el Desarrollo de 2019 del Banco Mundial, consultados en septiembre de 2020, para calcular el puntaje de cada país.