La periodista peruana Geraldine Santos tiene solo 30 años y ya está preparando su funeral. Santos dice que ha recibido tantas amenazas mientras informa sobre el tráfico de cocaína y los delitos ambientales en la selva amazónica que acordó con su familia contactar a una fuente gubernamental que, en caso de que Santos sea asesinada, podría ayudar a localizar su cuerpo.
“Al menos así mis padres podrían darme un entierro digno”, dijo Santos al CPJ en marzo durante una misión a Lima, la capital peruana, para evaluar el estado de la libertad de prensa en el país.
La persecución de reporteros por parte de grupos criminales, combinada con la hostilidad del gobierno hacia los medios de comunicación y el debilitamiento de las instituciones, provocó una erosión creciente de la libertad de prensa en Perú, dijeron al CPJ periodistas, diplomáticos y expertos legales.
Según un informe publicado este año por Voces del Sur, una red de 17 organizaciones latinoamericanas de libertad de prensa, los funcionarios públicos peruanos fueron responsables del 61% de los ataques contra medios de comunicación en 2025. Los periodistas regionales son los blancos más frecuentes, y los cuatro periodistas asesinados en Perú el año pasado —Gastón Medina Sotomayor, Raúl Célis López, Juan Fernando Núñez Guevara y Mitzar Castillejos Tenazoa— trabajaban en pequeños pueblos o ciudades fuera de la capital. Sus asesinatos marcaron el mayor número de periodistas asesinados en un solo año desde la década de 1980, cuando el gobierno peruano estaba en guerra contra los rebeldes de Sendero Luminoso.
“Todos los días tienes al presidente, legisladores y ministros del gobierno insultando y estigmatizando a los periodistas”, dice Rodrigo Salazar Zimmermann, presidente del Consejo de la Prensa Peruana, que representa a los medios tradicionales y defiende la libertad de prensa. “Es una tormenta perfecta porque nadie dentro del gobierno peruano defiende a los periodistas. Más bien, existe una política no oficial según la cual, si atacas o matas a un periodista, no te pasará nada”.
Libertad de prensa bajo presión
Perú es uno de los varios países latinoamericanos donde la libertad de prensa se viene deteriorando. Nicaragua y Venezuela son gobernados por regímenes autoritarios que han reducido radicalmente la libertad de prensa, y el CPJ ha documentado cómo presidentes y políticos en México, Brasil, El Salvador, Costa Rica y Guatemala han tomado medidas para controlar los tribunales, organismos de supervisión y fuerzas de seguridad, utilizándolos para reprimir a la oposición e intimidar a periodistas. Los periodistas también están siendo presionados por nuevas leyes destinadas a controlar el financiamiento extranjero de organizaciones de la sociedad civil que incluyen medios independientes.
A los desafíos para la libertad de prensa en Perú se suma una crisis de seguridad marcada por redes de extorsión, asesinatos por encargo y un aumento del 137% en homicidios entre 2018 y 2024. Un informe de Human Rights Watch afirma que los grupos del crimen organizado disfrutan de condiciones inusualmente favorables en Perú debido a la inestabilidad política; Perú ha tenido ocho presidentes en la última década, y el Congreso ha aprobado las llamadas leyes “procrimen” que debilitan la capacidad de tribunales y fiscales para perseguir a los delincuentes.
“Hubo un enorme aumento del crimen organizado”, dice David Jara Espinoza, un fiscal que investiga delitos contra defensores de derechos humanos, incluidos periodistas. “Es un ambiente muy violento”.
Aumento de los crímenes letales
En medio del fortalecimiento del crimen organizado, uno de los resultados ha sido un aumento de la violencia letal contra los periodistas. Los fiscales del gobierno dijeron al CPJ que casi no hubo avances para llevar ante la justicia a los asesinos de Medina, Célis, Guevara y Tenazoa.
“Estos asesinatos ocurren en un contexto de acoso permanente contra periodistas desde los tres poderes del gobierno”, dijo Zuliana Lainez, presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas. En su informe de 2025, la asociación registró 458 ataques contra la prensa, un aumento del 17% respecto a 2024, con casi la mitad de los ataques atribuidos a funcionarios públicos.
Incluso las victorias ocasionales para la libertad de prensa en Perú pueden ser pasajeras. En 2023, Daniel Urresti, un exjefe de inteligencia militar convertido en político, fue condenado a 12 años de prisión por el asesinato en 1988 del corresponsal de guerra Hugo Bustíos Saavedra. La sentencia marcó la primera vez que el autor intelectual detrás del asesinato de un periodista era condenado en Perú.
Pero en febrero de 2026, el Tribunal Constitucional del Perú ordenó la liberación de Urresti basándose en una controvertida ley de amnistía que establece que los crímenes de guerra y los delitos de lesa humanidad solo pueden ser procesados si ocurrieron después del 1 de julio de 2002. La ley fue aprobada el año pasado por el Congreso con el apoyo explícito del defensor del pueblo en materia de derechos humanos del gobierno, pese a violar estándares internacionales que afirman que tales atrocidades no están sujetas a prescripción.
La liberación de Urresti “fue un insulto vulgar a la memoria de todos los periodistas que han sido asesinados y a sus familiares que han luchado por justicia durante tanto tiempo”, dijo Sharmelí Bustíos, hija de Hugo, al CPJ en una entrevista en Lima.
“Nos habían dicho que nos preparáramos para un fallo así, pero aun así fue un shock”.
La silla musical presidencial en Perú
La inestabilidad política de Perú deterioró aún más las condiciones laborales de los periodistas. En medio de acusaciones de corrupción, luchas de poder y procesos de destitución, Perú ha pasado rápidamente por una serie de presidentes y elegirá otro más en una segunda vuelta el 7 de junio. A medida que han sido objeto de escrutinio, muchos de los recientes ocupantes del palacio presidencial trataron a los reporteros como enemigos.
Antes de que el presidente interino José Jerí fuera destituido en febrero de 2026 por acusaciones de corrupción tras solo cuatro meses en el cargo, sus guardaespaldas sacaron por la fuerza a un periodista de una conferencia de prensa por intentar hacer una pregunta. La entonces presidenta Dina Boluarte, quien asumió el cargo en 2022 y fue destituida el año pasado, acusó a periodistas de conspiración golpista e hizo la vista gorda ante la violencia policial contra reporteros que cubrían protestas contra su gobierno. El predecesor de Boluarte, Pedro Castillo, juramentado en 2021, amenazó a periodistas con demandas penales por difamación y prohibió a muchos asistir a sus conferencias de prensa. Castillo fue preso en 2022 por intentar cerrar el Congreso y gobernar por decreto.
A medida que los presidentes iban y venían, también lo hacían sus ministros y principales funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Entre ambos, los presidentes Castillo y Boluarte tuvieron 14 ministros del Interior. Perú ha tenido cuatro fiscales generales desde 2024, lo que expone una crisis existente al menos desde 2015. Todo esto frenó las investigaciones sobre ataques contra periodistas, dijo el fiscal Jara.
Jara señala que su unidad ha recibido sólo alrededor del 25% del financiamiento gubernamental que necesita para realizar investigaciones, y se nota: su oficina está ubicada en un anexo estrecho en el último piso de un edificio deteriorado en el centro de Lima, donde el número de la calle está escrito en un pedazo de cartón pegado a la puerta.
“Cuando matan a un periodista, inmediatamente nos hacemos cargo del caso”, dijo. “Pero es imposible hacerlo sin financiamiento. No tenemos choferes para nuestros carros, y algunos tienen 20 años”.
El Congreso bajo escrutinio
En medio del desorden en el poder ejecutivo, el Congreso emergió como la institución gubernamental más poderosa de Perú. Sin embargo, más de la mitad de sus miembros están siendo investigados por corrupción, tráfico de influencias, conducta sexual inapropiada y otros abusos. Aun así, aprobó leyes que promueven la impunidad.
“El sistema de justicia de Perú, en general, es inadecuado y lento. Eso dejó a la prensa como el principal mecanismo de vigilancia sobre políticos, élites económicas y organizaciones criminales”, dijo al CPJ Roberto Pereira, abogado y miembro del directorio del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), con sede en Lima. “Todo esto ha convertido a la prensa en un blanco para los políticos”.
Durante la última década, dice Pereira, los legisladores peruanos han propuesto 72 proyectos de ley e iniciativas para obstaculizar el trabajo periodístico. La mayoría fue rechazada, incluido un proyecto de 2022 que buscaba criminalizar reportajes basados en información filtrada sobre investigaciones gubernamentales y un proyecto de 2025 para aumentar las penas por difamación.
Sin embargo, otras regulaciones sí han sido aprobadas.
El año pasado, el Congreso peruano modificó una ley para aumentar el control gubernamental sobre la ayuda extranjera recibida por organizaciones no gubernamentales (ONG). Muchos medios pequeños e independientes están registrados como ONG y dependen de donaciones del extranjero para operar. Ahora, los medios deben registrar sus planes, proyectos y programas periodísticos ante la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), administrada por el Estado, que puede aprobar o bloquear dichas actividades.
La llamada ley APCI viola el derecho al secreto profesional, podría conducir a la censura de reportajes críticos sobre el gobierno y establece sanciones desproporcionadas para los medios que no la cumplan, según grupos de derechos humanos. También demuestra ser una pesadilla burocrática. Fabiola Torres, fundadora y editora del sitio de noticias de salud pública Salud con Lupa, con sede en Lima, dijo al CPJ que ha contratado a un contador y un abogado para cumplir con todos los requisitos de la ley.
Reporteros regionales en riesgo
Las condiciones para los reporteros peruanos en pequeños pueblos y zonas rurales son peores que en la capital. La mayoría son freelancers que carecen del apoyo de grandes organizaciones de noticias, lo que los hace más vulnerables a demandas, acoso y ataques. Los cuatro periodistas asesinados el año pasado trabajaban en capitales regionales o pequeños pueblos.
Alejandro Alminco Ayala, un freelancer en el pueblo de Puerto Inca, ha sido golpeado en el rostro por el alcalde y amenazado por mineros ilegales que recientemente enviaron la imagen de una pistola a su teléfono celular. Se escondió durante dos semanas y luego comenzó a usar un chaleco antibalas y a dormir en distintas casas para confundir a posibles atacantes. Alminco señala que es el único periodista en el pueblo y siente la responsabilidad de seguir informando para su audiencia.
Además, los ataques digitales y las acusaciones penales infundadas por difamación pueden ser utilizadas para intimidar a reporteros regionales que quizá no tengan dinero para contratar abogados y pagar otros gastos legales.
Analí Andrade, conductora de un programa radial de noticias en el pueblo de Andahuaylas, dijo que después de informar sobre acusaciones de corrupción y abuso sexual por parte del alcalde, fue blanco de publicaciones anónimas en línea. Estas incluían fotos distorsionadas de la periodista, retratada como prostituta y etiquetada como “fornicadora”, además de publicar su número de celular.
También fue acusada por el alcalde de lavado de dinero y de pertenecer a una organización criminal, mientras que el año pasado familiares del alcalde irrumpieron en el estudio de radio donde ella transmitía su programa y la obligaron a salir del aire.
“Fue un ataque sistemático contra mí”, dijo Andrade al CPJ. “Sentía que me vigilaban. No caminaba por las calles. Parecía que era la persona más odiada del pueblo”.
Mecanismo roto
En teoría, los periodistas peruanos amenazados pueden buscar ayuda del mecanismo estatal de protección para defensores de derechos humanos. Integrado por nueve instituciones gubernamentales, incluidos los ministerios de Justicia e Interior, el organismo comenzó a operar en 2021 y alrededor del 10% de su trabajo involucra a periodistas.
El mecanismo ha realizado talleres en todo el país, proporcionado cámaras de seguridad y ayudado a evacuar periodistas de zonas de peligro, además de establecer un sitio web para reportar amenazas. Sin embargo, los críticos dicen que el organismo fue obstaculizado por frecuentes cambios de gabinete y que suele reaccionar ante amenazas en lugar de tomar medidas preventivas. El mecanismo no tuvo contacto previo con los cuatro periodistas asesinados el año pasado.
Además, el mecanismo de protección no logró generar confianza entre los periodistas, quienes señalan que la mayoría de los ataques provienen de funcionarios públicos, algunos de los cuales trabajan en complicidad con grupos criminales. Varios reporteros dijeron al CPJ que no denunciarían amenazas al mecanismo.
“El mecanismo no está teniendo ningún impacto”, dice Salazar, del Consejo de la Prensa Peruana. “Le falta dinero y simplemente no es una prioridad para el gobierno”.
Luis Domínguez Vega, quien dirige el mecanismo, lo calificó como un “espacio seguro”, pero dijo que muchos periodistas no saben que existe y señaló que no puede “obligarlos” a buscar ayuda de la institución.
La comunidad diplomática en Perú también le dió la espalda a los periodistas del país. Las embajadas extranjeras solían invitarlos a funciones diplomáticas, patrocinar premios y programas de capacitación para reporteros y protestar contra ataques gubernamentales a la prensa. Pero en medio de una reducción de la ayuda internacional, el cierre de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y las quejas del gobierno peruano sobre intervención extranjera, prevalece el silencio.
“Cuando tienes una comunidad internacional fuerte, puede servir de freno a los abusos gubernamentales”, dijo Adriana León, directora de libertad de información en IPYS. “Pero las embajadas están dando un paso atrás. Han tirado la toalla”.
Las elecciones de este año podrían cambiar la dinámica, pero León y otros defensores de la libertad de prensa se muestran escépticos. Bajo una reforma constitucional aprobada en 2024, Perú tendrá a partir de este año un Congreso bicameral, lo que podría dar aún más poder a legisladores que han promovido la impunidad.
Mientras tanto, la segunda vuelta presidencial del 7 de junio enfrenta a la excongresista de derecha Keiko Fujimori contra el congresista de izquierda Roberto Sánchez, quien fue ministro de Comercio Exterior y Turismo bajo el expresidente Pedro Castillo. Salazar, del CPP, describió a ambos candidatos como populistas que podrían mostrarse hostiles hacia los periodistas.
“Ya sea desde la izquierda o desde la derecha, vemos el populismo como una amenaza a la libertad de expresión”, dijo. “No importa quién gane, nos preocupa el impacto que podrían tener en los próximos años sobre la libertad de prensa en Perú.”